En el arranque formal de la actividad legislativa tras el receso invernal, el oficialismo en la Cámara de Diputados dará puntapié inicial al debate del proyecto de ley de Inocencia Fiscal II, cuyo objetivo es incentivar a los contribuyentes a adherir a este régimen, dado que desde el Gobierno estiman que hay unos 170 mil millones de dólares fuera del sistema financiero.

La iniciativa enviada días atrás será puesta a consideración este miércoles en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación Penal, presididas Bertie Benegas Lynch y Laura Rodríguez Machado, respectivamente. La reunión fue citada desde las 10.30 en el segundo piso del Anexo "C" y a la misma asistirán funcionarios: el secretario de Finanzas, Federico Furiase; la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini; y el director Nacional de Impuestos, Juan José Imirizaldu.

La ley original, que estableció un régimen simplificado de Ganancias, al que se adhirió el exjefe de Gabinete Manuel Adorni (investigado por enriquecimiento ilícito), no obtuvo los resultados esperados por la administración libertaria, que ahora propone la eliminación de los topes respecto a los ingresos y el patrimonio para poder ingresar al régimen.

Precisamente, sobre la eliminación de los topes que se habían fijado en $1.000 millones (ingresos) y $10.000 millones (patrimonio), el Ejecutivo destacó en los argumentos que "se dispone una apertura del universo de contribuyentes que pueden adherir al régimen, permitiendo que todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país puedan optar por esta modalidad simplificada, democratizando así el acceso a herramientas que facilitan el cumplimiento de las obligaciones tributarias".

Según el Gobierno, la iniciativa busca "perfeccionar y dotar de mayor seguridad jurídica al régimen que establece la modalidad simplificada de declaración jurada del impuesto a las Ganancias, equilibrando las garantías de los contribuyentes con las facultades de fiscalización del Estado".

La iniciativa plantea la redefinición del concepto de "discrepancia significativa" que habilita a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a impugnar la declaración jurada simplificada y, como consecuencia de ello, la presunción de exactitud de las declaraciones juradas presentadas del impuesto a las Ganancias y del IVA, correspondientes a los períodos no prescriptos.

Dicha discrepancia se configurará cuando la impugnación arroje un incremento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos no inferior al 15% respecto de lo declarado por el contribuyente; cuando la diferencia supere la suma fijada en el artículo 1° del Régimen Penal; o cuando la impugnación obedezca a la utilización de facturas u otros documentos apócrifos o al cómputo improcedente de ingresos directos.

Asimismo, se incorpora un umbral mínimo equivalente al 5% del monto previsto en el artículo 1° de dicho régimen penal, por debajo del cual no se configurará discrepancia significativa aun cuando se supere el porcentaje indicado, evitando así que ajustes de escasa entidad económica activen mecanismos de impugnación desproporcionados respecto de contribuyentes de buena fe, se explicó en los fundamentos.

Además, se determina que "a los efectos de determinar la existencia de la discrepancia significativa, no se considerará la diferencia entre la declaración original y la rectificativa, en la medida en que esta última sea presentada en un plazo no mayor a los 15 días hábiles de la notificación de la liquidación o determinación de oficio, cuando dichos saldos sean debidamente cancelados".

La modificación de la ley sancionada en diciembre pasado -que surgió a pedido y por sugerencias de contadores y especialistas tributarios al equipo económico liderado por Luis Caputo- también contempla que determinadas sanciones no sean aplicadas a quienes hayan regularizado previamente ajustes en Ganancias o IVA y adhieran al régimen simplificado.

Por otra parte, el proyecto plantea una actualización del esquema de infracciones en el ámbito del trabajo agrario, "garantizando su eficacia disuasoria sin perder de vista la razonabilidad y la proporcionalidad", se argumentó.

De esta manera, se dispone una "modernización de las escalas sancionatorias correspondientes a las infracciones vinculadas al Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), estableciéndose un sistema de multas basado en escalas monetarias, clasificadas según la gravedad de la infracción (Leves, Graves y Muy Graves), con la posibilidad de incrementar los topes en caso de reincidencia".

Dichas multas irán entre los 120 mil pesos a 7,5 millones de pesos, mientras que a partir del 1ro. de enero de 2027 las escalas se ajustarán por el índice UVA.