Ajustados como están los votos para la sesión de este jueves en el Senado, en el que se debatirá el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, la oposición a esa iniciativa tomó nota de un dato importantísimo como es la imposibilidad de un miembro de ese sector de estar presente en la misma. Se trata de la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti, quien por su avanzado embarazo expresó públicamente su situación, que le impide viajar a Buenos Aires, e hizo un pedido puntual para solucionarlo.

Fue a través de un video publicado en sus redes sociales, en el que cuenta que le presentó a la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, una nota en la que pidió disponer los medios necesarios para que ella pueda participar de la próxima sesión en la que se tratará la Ley de Tierras.

“Como algunos saben, estoy cursando 32 semanas de mi embarazo, y mi médico me prohibió viajar largas distancias, ya sea por tierra o por aire -detalló-. Pero si yo fuera una senadora de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o de la provincia de Buenos Aires, esto no me afectaría, podría estar presente en el recinto. Pero viajar más de mil kilómetros, podría afectar mi salud y la de mi bebé”.

Fernández Sagasti aclaró que no está “incapacitada para leer expedientes, para debatir, ni para votar. Simplemente no puedo viajar largas distancias”. Por eso, consideró que “existiendo medios virtuales que ya han sido probados y autorizados incluso por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no veo porqué se me pueda negar este pedido”.

La senadora mendocina destacó que “este pedido que hago no tiene nada que ver con la licencia por maternidad, que me corresponde y que la tomaré en su debido tiempo. Simplemente es el derecho de una senadora y de una provincia a estar representada en el momento en que se quieren entregar las tierras a los extranjeros”.

“Y es mi derecho, mi deber y mi obligación como argentina y mujer del interior defender a los ciudadanos que me votaron”, cerró Fernández Sagasti.

¿Me van a dejar sin votar por estar embarazada?

El @SenadoArgentina fue concebido para garantizar la igualdad entre las provincias. La distancia no puede convertirse en un obstáculo para ejercer la representación política cuando existen herramientas tecnológicas para resolverlo.… pic.twitter.com/Z65GWBFnn3

— Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) August 4, 2026

El funcionamiento en tiempos de pandemia

Vale recordar que en 2020, con motivo de la pandemia, se registró un enorme debate en las dos cámaras para resolver cómo salir de la parálisis planteada por las restricciones sanitarias.

Lo cierto es que en abril de 2020, Cristina Fernández de Kirchner, por entonces presidenta del Senado, promovió una acción declarativa ante la Corte Suprema para que despejara cualquier duda sobre la validez de las sesiones remotas. El planteo surgía porque el Reglamento del Senado establecía que los senadores constituyen Cámara en la sala de sesiones, aunque también contempla excepciones por “gravedad institucional”.

La Corte Suprema resolvió el 24 de abril de 2020 que no correspondía darle una autorización previa al Senado, pero al mismo tiempo sostuvo que la Cámara alta tenía plenas facultades constitucionales para interpretar su propio reglamento y decidir sesionar de manera remota. Esto es, rechazó formalmente la presentación, pero dejó claro que el Senado podía avanzar con las sesiones virtuales sin necesidad de un aval judicial.

El fallo señaló que la Constitución regula algunos aspectos del funcionamiento del Congreso, pero no exige que las sesiones sean necesariamente presenciales. Por lo tanto, la modalidad remota aparecía como una cuestión interna que correspondía resolver al propio Senado.

Tras esa decisión, el Senado aprobó un sistema de funcionamiento remoto basado en videoconferencias, identificación digital de los legisladores y mecanismos de votación a distancia. Durante buena parte de 2020 y 2021 realizó sesiones ordinarias bajo ese esquema para tratar leyes vinculadas a la emergencia sanitaria, económica y fiscal.

El punto político de fondo era que la oposición cuestionaba la eventual validez de leyes aprobadas virtualmente, mientras que el oficialismo sostenía que la pandemia constituía un caso claro de gravedad institucional que justificaba un funcionamiento excepcional del Congreso. La resolución de la Corte terminó despejando ese conflicto al reconocer la autonomía reglamentaria del Senado.

Concluido el aislamiento preventivo y verificadas en la práctica las bondades de la aplicación del sistema en ambas cámaras, se valoró la posibilidad de mantenerlo para algunas circunstancias, pero nunca se avanzó realmente con ese debate, aunque sí se adoptó de manera definitiva la participación remota de invitados en comisiones y audiencias.

Nada indica que para esta oportunidad la solicitud de la senadora del bloque Justicialista vaya a ser aceptada antes del jueves.