La propuesta señala que podrán exigir “libre deuda” como documento para tramitar registro de conducir, lo consideran “un mecanismo de extorsión para agrandar la caja”.
La propuesta señala que ninguna autoridad provincial o municipal podrá exigir la acreditación de “un libre deuda” como documento para iniciar, tramitar, otorgar, renovar o solicitar un duplicado del registro por considerarlo “un mecanismo de extorsión para agrandar la caja”.
Diputados provinciales del bloque de La Libertad Avanza (LLA), que conduce Agustín Romo, impulsan un proyecto de ley para terminar definitivamente con la traba administrativa que impide a los bonaerenses renovar o tramitar su licencia de conducir si registran deudas por multas o impuestos.
Desde el bloque libertario denuncian que los municipios transformaron un trámite de aptitud vial en un mecanismo de cobro coactivo.
La iniciativa, autoría del diputado de LLA PBA Juanes Osaba, propone que las multas continúen cobrándose por las vías legales, pero que dejen de funcionar como una barrera para tramitar o renovar la licencia de conducir en la provincia de Buenos Aires.
“El registro de conducir es para manejar, no para recaudar. Si una multa corresponde, que el Estado la cobre por las vías legales, pero no impidiendo que un vecino pueda renovar su licencia como mecanismo de extorsión para agrandar la caja”, dijo Osaba.
El proyecto de ley modifica el artículo 8 de la Ley Provincial de Tránsito Nº 13.927 y así evitará que la renovación de la licencia de conducir quede condicionada al pago previo de multas, tributos o tasas administrativas.
“Hoy muchos bonaerenses llegan a renovar el registro y descubren que el trámite quedó condicionado al pago de multas. Eso no mejora la seguridad vial, solo convierte la licencia en una herramienta de recaudación”, explicó Osaba.
La propuesta establece que ninguna autoridad provincial o municipal podrá exigir la acreditación de “un libre deuda” como requisito para iniciar, tramitar, otorgar, renovar o solicitar un duplicado del registro.
También dispone que las actas de comprobación, infracciones en trámite y multas impagas que no hayan sido juzgadas o no cuenten con una sentencia firme y ejecutoriada no podrán impedirla realización del trámite.
En esos casos, el organismo encargado de emitir la licencia podrá informar al solicitante sobre el estado de sus antecedentes, pero esa comunicación tendrá únicamente carácter informativo.
El Estado, por su parte, conservará sus facultades para reclamar las sumas adeudadas mediante los procedimientos legales correspondientes.
Por último, el proyecto diferencia las deudas económicas de las sanciones que afectan directamente la posibilidad de conducir. Por esa razón, no modifica las inhabilitaciones ni las sanciones firmes dictadas por los organismos competentes que impidan manejar en la provincia de Buenos Aires o en otra jurisdicción del país.