Senadora de Fuerza Patría presentó un proyecto de ley para establecer un régimen provincial de protección sobre las tierras rurales.
La senadora Malena Galmarini presentó en la Cámara Alta un proyecto de ley para limitar la extranjerización de tierras rurales en la provincia de Buenos Aires, en medio de la discusión de la reforma que impulsa el Gobierno de Javier Milei sobre el régimen nacional que establece restricciones a la adquisición de campos por parte de extranjeros.
La norma propone limitar la titularidad extranjera, impedir el acceso a zonas estratégicas y crear un registro para controlar la propiedad y posesión de los campos.
En ese sentido, la iniciativa busca establecer un régimen provincial de orden público que alcance a todas las personas físicas y jurídicas que posean tierras rurales en territorio bonaerense, cualquiera sea su destino productivo, forestal, turístico u otro. El espíritu del proyecto se estructura sobre tres ejes: limitar la concentración extranjera, preservar zonas y recursos considerados estratégicos y reforzar el control del Estado bonaerense sobre la propiedad rural.
Uno de los ejes busca establecer que la titularidad o posesión extranjera no pueda superar el 15% de las tierras rurales de la provincia, porcentaje que también se computaría sobre cada partido o municipio.
A su vez, las personas de una misma nacionalidad extranjera no podrían superar el 30% de ese cupo.
El proyecto también fija un límite de 1.000 hectáreas para un mismo titular extranjero en la zona núcleo, o una superficie equivalente según la ubicación.
La iniciativa contempla además la prohibición de que extranjeros sean titulares o poseedores de inmuebles rurales que contengan o sean ribereños de cuerpos de agua de envergadura y permanentes, así como de tierras ubicadas en zonas de seguridad de frontera.
“Las tierras rurales no son zonas abandonadas e inútiles: concentran bienes estratégicos como agua dulce, biodiversidad, minerales y corredores logísticos”, sostuvo Galmarini en los fundamentos, donde también cuestionó la reforma nacional por considerar que “elimina los límites que hoy impiden la concentración extranjera de tierras rurales”.
Por otra parte, el proyecto apunta a reforzar la capacidad de control de la Provincia, para eso propone que el Registro de la Propiedad Inmueble lleve un registro de las tierras rurales de titularidad o posesión extranjera, expida certificados para las operaciones alcanzadas por la norma y pueda impedir administrativamente o reclamar judicialmente la nulidad de los actos prohibidos. También establece un relevamiento catastral y dominial para determinar quiénes son los propietarios y poseedores de tierras rurales.
“La provincia de Buenos Aires tiene facultades para avanzar en este sentido a partir del artículo 124 de la Constitución Nacional, y el Estado provincial ejerce de manera inalienable el dominio originario sobre los recursos naturales existentes en su territorio”, afirmó.
En ese marco, Galmarini advierte que la discusión sobre la propiedad de la tierra también involucra la soberanía territorial y el rol del Estado “aprobar una Ley como la presentada en el Congreso nacional implica la pérdida de soberanía territorial y la virtual deserción del Estado como órgano de control y protección del territorio frente a los intereses foráneos”, finalizó