La Cámara alta retomará este jueves la sesión iniciada el 16 de julio para tratar el proyecto impulsado por Federico Sturzenegger. Luego de que el oficialismo retirara el polémico capítulo sobre la Ley de Tierras, La Libertad Avanza es optimista en lograr la aprobación de una iniciativa que modifica el régimen de expropiaciones, desalojos, regularización dominial y registros inmobiliarios.
A partir de las 14 y sin necesidad de contar con el quórum para iniciar la sesión, se realizará en el Senado este jueves la esperada reunión en la que el oficialismo espera sancionar finalmente el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
La sesión, que será presidida por el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, ante la imposibilidad de Victoria Villarruel de presidir, por estar al frente del Ejecutivo por encontrarse Javier Milei en Ecuador, había generado tanta expectativa como tensión por estar el oficialismo muy ajustado en los votos. Fundamentalmente en el Capítulo III, correspondiente a la reforma de la Ley de Tierras.
Pero como finalmente el oficialismo dio marcha atrás este miércoles, la expectativa se ha disipado un poco y reina el optimismo en las filas de La Libertad Avanza con vistas al debate de este jueves.
Un debate que arrancará, como dijimos, sin necesidad de contar con 37 senadores sentados en sus bancas, al existir un cuarto intermedio desde el pasado 16 de julio cuando así se votó, postergando por cuarta vez el tratamiento de esta ley impulsada por el ministro Federico Sturzenegger.
El primer tema a discutir será el de la habilitación de Anabel Fernández Sagasti y Flavio Fama a participar de la sesión de manera virtual. Ambos casos fueron habilitados por la vicepresidenta Victoria Villarruel esta semana, que respondió afirmativamente sendas notas enviadas por los dos senadores, pero será el pleno del cuerpo el que deberá dar o no vía libre para ambos.
La mendocina cursa más de 32 semanas de embarazo, es un embarazo de riesgo y está imposibilitada de viajar, en avión o por vía terrestre, por decisión médica. En el caso del radical catamarqueño, fue operado la semana pasada en una de sus rodillas y tampoco puede movilizarse por prescripción médica. Ambos senadores pidieron estar presentes a través de una llamada virtual (lo léase zoom”) en la sesión ordinaria de este jueves.
Despejada la discusión en torno a la reforma de la Ley de Tierras, los votos de ambos no resultarían tan determinantes, pero así y todo se espera una gran polémica en torno a la habilitación del sistema para que puedan participar. Ya diferentes referentes del bloque oficialista expresaron su rechazo a habilitarlos y según confiaron a este medio no acompañarán ninguna de las dos mociones debido a que eso “marcaría un precedente que romperá la presencialidad”. Razón por la cual exigirán dos tercios para la incorporación de la cuestión en el temario y dos tercios para la aprobación de la resolución en el recinto porque, según consideran, ninguna propuesta cuenta con despacho de comisión.
Incluso, Patricia Bullrich, presidenta del bloque oficialista, fustigó a la presidenta de la Cámara alta, Victoria Villarruel, a quien le endilgó que la medida carece de respaldo reglamentario y la definió como un “mamarracho jurídico”.
Fuera del Congreso, se espera una movilización convocada en protesta contra la ley, pero sin duda será menor de lo esperada, por haberse caído la parte más controvertida de la misma y muy especialmente por razones climáticas -la lluvia torrencial que se abate sobre la Ciudad de Buenos Aires-.
Y hablando del clima, se espera que en el recinto el clima sea de lo más caldeado, no solo por las características de la ley y todo el debate que acompañó en la previa, sino también por la polémica que se suscitó en las últimas horas con el senador libertario Joaquín Benegas Lynch, a quien la senadora kirchnerista Juliana di Tullio impugnó por un presunto conflicto de intereses. Lo acusa de ser “socio gerente de una empresa dedicada a venderle tierras argentinas a inversores extranjeros” y exige que se abstenga de votar la ley de inviolabilidad de la propiedad privada.
En la impugnación presentada ante Victoria Villarruel, relaciona al senador de La Libertad Avanza con la firma Glocal Terra SRL, donde presuntamente Joaquín Benegas Lynch presta servicios como gerente para asesoramiento comercial, legal, financiero e “intermediación directa destinada a inversores extranjeros” para la adquisición de tierras rurales en Argentina.
De qué trata la ley
El dictamen que finalmente se tratará este jueves data del 20 de mayo pasado, pero desde entonces al presente tuvo numerosísimas modificaciones. De hecho, la que llega al recinto será la versión décimo séptima o décimo octava del texto.
Precisamente por eso los cambios van a tener que ser anunciados en el recinto, lo que llevará un buen tiempo. Pero eso llevará muy probablemente a la oposición a pedir que el texto vuelva a comisión. Otro rasgo importante de esta sesión caliente.
Más allá del capítulo de la Ley de Tierras, que fue quitado este miércoles, ya antes había tenido que eliminar el oficialismo la reforma de la Ley de Barrios Populares (RENABAP), ante las fuertes críticas de la Iglesia.
El proyecto que será puesto a consideración de los senadores modifica normas sobre expropiaciones, regularización dominial, desalojos, registros inmobiliarios y manejo del fuego. La iniciativa busca reforzar las garantías para los propietarios frente a la intervención estatal y acelerar los mecanismos judiciales para recuperar inmuebles ocupados.
El texto introduce cambios sustanciales en la Ley de Expropiaciones (21.499), estableciendo que la declaración de utilidad pública deberá ser de interpretación restrictiva e identificar de manera específica el fin perseguido. Además, la expropiación deberá resultar idónea, necesaria y proporcional para alcanzar ese objetivo.
Uno de los puntos centrales es la redefinición de la indemnización a los expropiados. El proyecto dispone que se tome como referencia el valor de mercado del bien, cuando éste sea determinable, y contempla también los daños directos e inmediatos derivados de la expropiación. Asimismo, incorpora la posibilidad de reconocer lucro cesante cuando esté debidamente acreditado, aunque establece límites para evitar duplicaciones indemnizatorias.
La iniciativa también procura evitar que anuncios oficiales o medidas previas reduzcan artificialmente el valor de un inmueble. Para ello, fija que la tasación deberá realizarse tomando el valor que tenía el bien inmediatamente antes de cualquier acto administrativo, legislativo o anuncio público relacionado con la expropiación.
Otro cambio relevante establece que no podrá producirse la transferencia de dominio sin el pago íntegro previo de la indemnización, reforzando así la protección patrimonial de los propietarios.
En materia judicial, el proyecto otorga mayor relevancia a los dictámenes del Tribunal de Tasaciones de la Nación. Aunque seguirán sin ser vinculantes, los jueces deberán fundamentar expresamente cualquier apartamiento respecto de esas valuaciones.
La propuesta también amplía los supuestos de la denominada expropiación irregular. Entre ellos incorpora los casos en que el Estado, sin expropiar formalmente, imponga restricciones que priven de manera sustancial al titular del uso, goce o disposición de un bien, equiparándolas a una expropiación.
En cuanto a la ocupación temporánea de bienes por parte del Estado, el texto endurece los requisitos para su utilización. Exige acreditar la urgencia, la proporcionalidad de la medida y la inexistencia de alternativas menos lesivas. También limita estas ocupaciones a un plazo máximo de 90 días, prorrogable una sola vez en situaciones excepcionales como emergencias sanitarias, conflictos armados o desastres naturales.
El proyecto incorpora además modificaciones a la Ley 24.374 de regularización dominial. Entre ellas, eleva a diez años de posesión pacífica, ostensible y continua el requisito para acceder a los beneficios del régimen, tanto para viviendas urbanas como para agricultores familiares en inmuebles rurales.
Otro de los capítulos más sensibles reforma el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación para agilizar los procedimientos de desalojo. La acción podrá ser promovida por cualquier persona que invoque un derecho o interés legítimo afectado y se habilita al juez a ordenar la entrega inmediata del inmueble cuando exista verosimilitud en el derecho invocado, especialmente frente a intrusos u ocupantes precarios.
También se incorpora la posibilidad de obtener el desalojo anticipado en casos de falta de pago o vencimiento del contrato bajo caución juratoria, al tiempo que se fijan sanciones para quienes obtengan esa medida ocultando información relevante.
La iniciativa contempla, sin embargo, mecanismos de protección para personas vulnerables. Cuando en el inmueble habiten menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo, el juez deberá dar intervención a organismos de protección y otorgar un plazo de hasta diez días para procurar una solución habitacional transitoria antes de ejecutar el lanzamiento.
En el ámbito ambiental, el proyecto modifica la Ley de Manejo del Fuego. Mantiene la prohibición de modificar el uso de superficies de bosques nativos afectadas por incendios, pero elimina algunas restricciones incorporadas en reformas anteriores mediante la derogación del artículo 22 quater de la ley vigente.
Finalmente, la iniciativa impulsa una profunda modernización de los registros inmobiliarios del país. Habilita la presentación digital de documentos con firma electrónica o digital, crea un Consejo Federal de Registros de la Propiedad Inmueble, promueve una Red Federal Digital de Publicidad de Inhibiciones y prevé el desarrollo de una Ventanilla Única Federal Inmobiliaria para centralizar trámites y consultas registrales.
Los impulsores del proyecto sostienen que las modificaciones apuntan a fortalecer la seguridad jurídica y la protección de la propiedad privada, mientras que sus detractores advierten que algunos cambios podrían dificultar políticas de acceso a la tierra y la vivienda o reducir herramientas de intervención estatal en situaciones de interés público. El debate continuará ahora en el recinto.