Por ley se busca prohibir de forma taxativa que los municipios bonaerenses puedan financiar mantenimiento del parque automotor de la Policía Bonaerense y, al mismo tiempo, se exige que el gobierno provincial lo haga.
El proyecto de ley, ingresado en el Senado de la provincia de Buenos Aires por el senador oficialista Mario Ishii, busca prohibir de forma taxativa que los municipios deban financiar con recursos propios el funcionamiento y mantenimiento del parque automotor de la Policía Bonaerense.
La iniciativa, propia de un legislador opositor, no escapa a los conflictos que envuelven a la alianza del gobierno provincial que encabeza Axel Kicillof, pues está, palabras más palabras menos, como el gobierno central “delega de hecho” responsabilidades propias en los municipios.
Además, es un secreto a voces en la política bonaerense que los intendentes oficialistas no reclaman estas cuestiones en público, es algo que se deja a los intendentes de oposición, de distinto signo político que el gobierno central. “Así fue con desde Duhalde para acá”, según recordó un avezado observador.
Más allá de estas especulaciones política, la iniciativa establece que la provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de Seguridad, será “la única responsable del financiamiento integral, preventivo y correctivo de los vehículos” afectados a la fuerza provincial.
El texto legal busca frenar “la constante sangría de fondos que sufren las intendencias” para sostener los móviles policiales operativos en sus distritos, según se explica.
El articulado determina que el Estado provincial deberá “absorber la totalidad de los costos de reparaciones, conservación, adquisición de repuestos, neumáticos, contratación de seguros y combustibles”; algo que no estaría sucediendo en la actualidad, pues así se desprende de la iniciativa de Ishii.
Esta obligación incluye también a las unidades adquiridas por las comunas mediante el "Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad".
Por ello, la propuesta legislativa introduce un “mecanismo de blindaje financiero” para las administraciones locales.
El artículo 3° dispone que, “ante cualquier insuficiencia” en las partidas de recursos provinciales enviados para los vehículos, “la diferencia económica restante deberá ser cubierta de forma exclusiva por la provincia”, sin que pueda “imponerse a los municipios la obligación” de afectar sus presupuestos.
Asimismo, el proyecto prohíbe explícitamente “condicionar” el acceso de los municipios a programas de seguridad provinciales “a cambio de que asuman gastos de funcionamiento” de la Policía Bonaerense.
Los futuros convenios de adhesión no podrán contener cláusulas que impliquen transferencias de responsabilidades operativas o financieras hacia los distritos locales, según se consigna.
En los fundamentos de la norma se destaca que la seguridad pública constituye una competencia exclusiva de la provincia de Buenos Aires bajo la Ley Nº 12.154.
El intendente en uso de licencia de José C. Paz y senador oficialista Mario Ishii considera que “la insuficiencia” de los recursos transferidos genera una "evidente distorsión" en el reparto constitucional, “forzando” a los intendentes a “desviar tasas” comunales para pagar arreglos mecánicos y nafta.
El proyecto invoca el principio de correspondencia fiscal y la defensa de la autonomía municipal para exigir que el Ejecutivo bonaerense realice las adecuaciones presupuestarias que pongan fin a este esquema de financiamiento indirecto.