La iniciativa, presenada en el Senado bonaerense, busca proteger los derechos económicos y laborales de “los trabajadores del volante” frente a la desregulación realizada por el gobierno nacional.
Un nuevo proyecto de ley ingresado en la Legislatura propone poner "un freno a los altos costos y las demoras burocráticas" que sufren los choferes de carga y pasajeros para obtener o renovar la Licencia Nacional de Conducir profesional interjurisdiccional.
La norma vigente, establecida desde el ámbito nacional, refiere textualmente que “los prestadores" que lo que deben recurrir los trabajadores para obtener los requirimientos del trámite "quedan facultados para establecer libremente los aranceles correspondientes a las prestaciones previstas, los cuales deberán respetar los principios de razonabilidad y proporcionalidad con el servicio prestado”.
“La ausencia de parámetros objetivos respecto de los valores cobrados por tales prestaciones genera una significativa dispersión de precios, afectando el principio de igualdad en el acceso a la licencia profesional y pudiendo constituir una barrera económica para quienes dependen de ella como herramienta de trabajo”, explicó el senador y presidente del bloque de Hechos Marcelo “Chubi” Leguizamón, autor de la reforma en análisis.
El eje central de la propuesta, presentada en la Cámara alta, es precisamente establecer un “techo arancelario” de $25.000 para cada una de las instancias obligatorias del trámite: la evaluación psicofísica, el curso de capacitación y el examen teórico-práctico.
Este tope se actualizará de forma semestral según la inflación medida por el INDEC.
El senador de Hechos Marcelo "Chubi" Leguizamón cree que la resregulación operada por el gobierno nacional estaría "afectando el principio de igualdad en el acceso a la licencia profesional".
Además, prohíbe taxativamente a los prestadores privados registrados ante la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) el cobro de cualquier tipo de cargo adicional o gasto administrativo extra.
En los fundamentos del proyecto de ley, el senador platense, alerta sobre una "marcada desigualdad y dispersión tarifaria" generada a partir de que el Gobierno Nacional liberó los precios de estas prestaciones.
Según se detalla en el texto, se detectaron centros médicos en ciudades como San Nicolás que cobran $175.000 por el examen psicofísico y hasta $418.000 por las pruebas teóricas y prácticas, convirtiendo el registro en una verdadera barrera económica para trabajar.
Para combatir el desarraigo y la pérdida de días de trabajo, la ley también obliga a los prestadores a unificar todas las evaluaciones en una misma jornada.
De modo tal que, de sancionarse la iniciativa, los choferes bonaerenses ya no se verán forzados a trasladarse y comparecer en múltiples fechas separadas para completar su habilitación.