Mientras el Senado discute reformas sobre la propiedad privada, los incidentes frente al Congreso vuelven a poner sobre la mesa otra discusión. La destrucción del patrimonio público también tiene un dueño, un costo y una factura que terminan pagando los contribuyentes
Mientras el Senado debate una reforma a la Ley de Propiedad Privada, que incluye modificaciones al Código Civil y Comercial sobre desalojos, expropiaciones y la Ley de Manejo del Fuego, afuera del Congreso vuelven a repetirse escenas conocidas.
Bancos de plaza destruidos, baldosas arrancadas, contenedores incendiados y mobiliario urbano convertido en el costo silencioso de cada jornada de violencia.
A esta altura alguien podría decir que, en un contexto atravesado por problemas mucho más urgentes, detenerse en un banco de plaza roto es una discusión menor. Es una objeción previsible, pero también es una falsa elección.
Se puede reclamar por derechos, protestar contra una ley o cuestionar una política pública sin destruir aquello que también pertenece a la sociedad.
Estas imágenes harto repetidas de destrozos desnudan una contradicción. Dentro del Congreso, los legisladores discuten cómo delimitar, proteger y garantizar derechos sobre los bienes. Afuera, los bienes, aunque de otra naturaleza jurídica, se convierten en el blanco de la violencia.
La escena invita a una pregunta que trasciende esta sesión y cualquier gobierno. ¿Qué cultura de la propiedad estamos construyendo si aceptamos que aquello que es de todos puede destruirse porque, justamente, es de todos?
Discutir la propiedad privada mientras se rompe el patrimonio público es tan contradictorio como pretender construir el diálogo a los gritos.
En febrero de este año, tras los incidentes registrados durante otra manifestación frente al Congreso, el Gobierno porteño estimó en 270 millones de pesos el costo de limpiar, reparar y reponer los daños ocasionados en el espacio público.
El operativo incluyó la limpieza de unas 60 cuadras, la reposición de 140 contenedores vandalizados o incendiados, la reparación de baldosas y cordones utilizados como proyectiles, la remoción de grafitis y la recuperación de sectores de la Plaza del Congreso.
En economía hay un principio muy simple. Cada peso destinado a reparar un daño es un peso que deja de invertirse en otra necesidad. No se trata de una discusión ideológica, sino de cómo se administran recursos que siempre son escasos.
En la Argentina solemos defender con firmeza la propiedad cuando tiene un dueño identificable. Sin embargo, muchas veces relativizamos el daño cuando el propietario es el conjunto de la sociedad.
Por eso, más allá de cualquier debate político, hay una pregunta que merece una respuesta. ¿Quién paga los bancos rotos?