La media sanción de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada evitó un revés mayor para el oficialismo, pero llegó después de sucesivas concesiones que vaciaron buena parte del proyecto original. Tensiones internas, errores políticos, conflictos sectoriales y polémicas declaraciones de funcionarios terminaron configurando una semana adversa para la gestión libertaria.
La media sanción para el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada maquilló de alguna manera lo que sin dudas fue una semana -en líneas generales- negativa para el Gobierno, más allá de algún dato valioso. Porque si bien tiene gusto a poco la aprobación de un proyecto que necesitó cinco intentos para ser finalmente aprobado, el dato saliente del mismo es que perdió en el camino buena parte de los temas que incluía.
Primero fueron las modificaciones en el Registro Nacional de Barrios Populares, cuyo articulado se eliminó por completo ante las objeciones de bloques dialoguistas y la Iglesia. Ya en vísperas de la fecha del debate se retiró por completo el capítulo que contenía los cambios a la Ley de Tierras y en el transcurso de la sesión del jueves le eliminaron también el capítulo donde se derogaban restricciones establecidas en la Ley de Manejo del Fuego.
Es verdad que con la primera modificación la jefa del bloque oficialista del Senado, Patricia Bullrich, estaba convencida de que conseguiría sin mayores problemas aprobar el resto de la ley. Pero en esos días llegaron sucesivas postergaciones motivadas por el caso Adorni, que terminaron contaminando el texto y conspirando contra la aprobación completa. Por esos días el Gobierno prefirió proteger a su jefe de Gabinete y debió mantener las puertas del recinto cerradas a fin de evitar que prosperara una moción de censura. De poco le valió al Gobierno, que al final no pudo retenerlo y el costo político se sigue pagando.
De ahí que Bullrich haya dicho que antes del Mundial los votos para aprobar la ley estaban, aunque la realidad indica que cada postergación estuvo signada también por la certeza de que no había suficientes votos para la aprobación completa de la ley.
Es verdad, sí, que hubo un cambio de clima a partir del episodio de la bandera de Malvinas exhibida por los jugadores de la Selección tras la victoria ante Inglaterra en el Mundial. De hecho, al día siguiente estaba prevista una sesión para tratar el proyecto, pero se pidió un cuarto intermedio ante la convicción de que sería rechazado el capítulo referido a la extranjerización de la tierra.
Para el Gobierno, la derrota en ese aspecto fue completa. Tan afectos a los relatos, los libertarios admiten que nunca pudieron imponer el suyo en la materia. Por un lado, hay reproches internos respecto de que nunca alcanzaron a explicar bien el tema, pero la verdad es que tanto pegó la prédica nacionalista sobre la cuestión que la ley pasó a ser conocida como “Ley de Tierras”. El oficialismo hizo el martes un último interno elevando a 25 el porcentaje tope para la venta de tierras a extranjeros, con efecto nulo. Por lo cual Bullrich cortó por lo sano y -con la venia de la Rosada- eliminó esa modificación del texto a debatir.
El último cambio se decidió sobre la marcha, cuando se dieron cuenta de que perderían esa votación en particular. Como venía barajado el día, puede que ese resultado fuera inexorable de cualquier manera; pero también hicieron “méritos” suficientes para perder. Minutos antes de la sesión hubo una reunión del bloque LLA en la que Bullrich bajó línea a su tropa para que no mencionaran bajo ninguna circunstancia el tema de la extranjerización de tierras. “Si se hace mención, que sean ellos los que lo hagan, no nosotros”, arengó la exministra, que ya había acordado con José Mayans que el pedido de Anabel Fernández Sagasti y Flavio Fama para sesionar de manera remota fuera mandado a comisión -unos y otros prefieren no sentar un precedente en la materia-.
Pero a poco de iniciada la sesión, el senador Joaquín Benegas Lynch, -guitarrista de “La Banda Presidencial” y denunciado por Juliana di Tullio en vísperas de la sesión por un presunto conflicto de intereses por tener una empresa que asesora para la venta de tierras rurales a inversores extranjeros- presentó una cuestión de privilegio en la que habló precisamente de la Ley de Tierras. Peor aún: culpó del fracaso de ese capítulo a la presión de “la izquierda más rabiosa” y a “la ignorancia de los tibios del medio”.
Joaquín Benegas Lynch calentó los ánimos de los dialoguistas.
Para qué… No tardaron los kirchneristas en hacerse un festín con eso, resaltando durante el debate la manera como el libertario entrerriano se refería a los bloques aliados. Pero estos no necesitaron que por ejemplo Martín Soria ironizara con los dichos de Benegas Lynch: inmediatamente después de escucharlo, los dos santacruceños abandonaron el grupo de WhatsApp de “Los 44”. José María Carambia se despidió con un durísimo mensaje de audio, aclarando que ya no negociarían nada con los libertarios y que si algo querían le hablara directamente Javier Milei. Los votos santacruceños en contra, más tantos otros que contabilizaron, desnivelaban la votación en particular sobre Manejo del Fuego, por lo que Bullrich optó por eliminar también ese capítulo, siguiendo la regla básica legislativa de que toda votación que sabe que perderá debe ser evitada. Terminaron de aprenderlo el año pasado en la votación del Presupuesto 2026, cuando la oposición rechazó por completo el título XI.
El aprendizaje que sacó el Gobierno de esta semana fue que debe ponerle un límite a la rigidez de Sturzenegger, quien tiene en preparación una “mega desregulación” que ya ha encendido luces de alarma en un sinnúmero de sectores afectados. Dadas las circunstancias, ese texto que circula como “anteproyecto” irá a parar a un cajón, al menos por este año. El “Coloso” -tal la denominación que le asigna Milei- cuenta con la anuencia del Presidente, pero ya no de su hermana, que decidió que todo proyecto que vaya a ser enviado al Congreso pase antes por el filtro de Diego Santilli.
La semana negra de Sturzenegger se completó con el fuerte conflicto en el sistema portuario a raíz del decreto desregulador 690/26, que modificó de manera profunda el régimen de practicaje y pilotaje marítimo fluvial. Los prácticos son los especialistas que guían a los buques en el ingreso y salida de puertos y en la navegación por zonas complejas como el Paraná y el Río de la Plata. Molestos por la eliminación de cupos de inscripción, flexibilización de contratos y topes tarifarios, dejaron de trabajar, lo que provocó una virtual paralización de la actividad en los principales puertos del país. El martes el Gobierno acordó con los prácticos suspender la aplicación del decreto, abrir una mesa de diálogo y avanzar en una reducción del 20% de las tarifas del servicio, con lo que el sistema marítimo volvió a funcionar. Se calcula que solo en los dos días que duró la medida se generaron pérdidas por aproximadamente 60 millones de dólares para la cadena exportadora.
Tantos contratiempos ni siquiera le permitieron al Gobierno disfrutar plenamente del anuncio de la visita del Papa a la Argentina en noviembre. Si bien en Rosada sacaron pecho por el anuncio, tendrán que bancarse el mensaje que vaya a pronunciar aquí León XIV. Como también debieron aguantarse sin chistar -y silenciando a las tropas digitales- los reproches de la Iglesia argentina, como el duro discurso que dio el arzobispo Jorge García Cuerva en San Cayetano, en el que advirtió que “la libertad económica no puede ser absoluta”, que el sueldo no alcanza, que hay familias endeudadas, gente que revuelve la basura para comer y dirigentes que “hablan de los pobres pero no están cerca de sus necesidades”.
El anuncio de la visita le dio visibilidad al canciller Pablo Quirno, que había adelantado hace algunas semanas la posibilidad de que el Santo Padre visitara la Argentina este año, cosa que habría incomodado en el Vaticano. Pero en su raid mediático, el canciller “todoterreno” no dejó tema por opinar, aunque como vocero demostró notorias falencias.
El canciller Pablo Quirno, convertido en una suerte de vocero que no para de cometer errores.
Quien había sonado como posible jefe de Gabinete y cuenta con la simpatía de la hermana presidencial ya había mostrado tendencia a la desmesura cuando criticó a Rosario Central por saludar a la Selección Argentina con una imagen donde no figuraba Messi, calificando ese posteo como “odioso”, lo que llevó al club a enviarle una carta documento exigiéndole una rectificación. Ahora fue por más y le pidió la renuncia a la vicepresidenta Victoria Villarruel.
Pero más grave es cuando habla como canciller y se enrieda en explicaciones confusas, como cuando trató de justificar los dichos de Milei respecto de un supuesto financiamiento del gobierno de Lula de la campaña antiargentina post Mundial. “Estamos seguros de que fue financiada desde Brasil, pero no estamos seguros si fue financiada por el gobierno de Brasil”, terminó diciendo.
Peor fue cuando al hablar sobre Malvinas llegó a decir que “la soberanía es un discurso que para nosotros es anticuado”; aunque la frutilla del postre la puso opinando de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada y el polémico Capítulo III: en pleno debate sobre la extranjerización de la tierra afirmó que si un extranjero comprara un pueblo o una provincia entera en la Argentina bajo la reforma de la Ley de Tierras, “eso va a producir beneficios para la Argentina”.
En busca de voceros que alivien al presidente de cumplir él solo esa tarea, el examen rendido por Pablo Quirno terminó confirmando que algunos silencios pueden resultar más convenientes que ciertas explicaciones.