La idea que constituye el eje de la iniciativa parlamentaria, que debate el Senado bonaerense, es introducir tres nuevas figuras institucionales reguladas por el Tribunal de Cuentas.
Ingresó formalmente a la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires un proyecto de ley que busca regular y promover la cooperación territorial entre municipios mediante un régimen jurídico integral de "gestión asociada intermunicipal".
La iniciativa, presentada por la senadora de FP María Inés Laurini, introduce tres nuevas figuras institucionales con el fin de reducir costos operativos, aprovechar economías de escala y mejorar la cobertura de los servicios públicos en el territorio bonaerense.
La norma establece de forma taxativa que las comunas podrán agruparse bajo las modalidades de Central Intermunicipal de Compras y Abastecimiento para compras agregadas de bienes como medicamentos o combustibles.
También las administraciones locales podrían agruparse como Agencia Intermunicipal de Servicios para funciones técnicas y logísticas compartidas como laboratorios o gestión de residuos; y como Consorcio Regional Integrado para coordinar redes estables de salud, transporte o saneamiento supramunicipal.
De acuerdo con el texto de la propuesta legislativa, la adhesión de los municipios a cualquiera de estas figuras requerirá de manera obligatoria la aprobación de una ordenanza local dictada por sus respectivos Concejos Deliberantes.
Asimismo, el proyecto impone un estricto principio de corresponsabilidad fiscal y contable, determinando que las entidades que administren fondos comunes deberán contar con un presupuesto propio y someterse de manera autónoma al control del Tribunal de Cuentas provincial, sin que esto exima a los distritos miembros de rendir sus propios aportes y recepciones de bienes en sus cuentas locales.
Para desincentivar la inestabilidad institucional por motivos políticos coyunturales, la norma prohíbe los retiros unilaterales e intempestivos de los procedimientos de contratación en curso, exigiendo para el abandono de una central o consorcio un preaviso fehaciente no menor a 90 días, la cancelación total de las deudas devengadas y la compensación financiera por inversiones no amortizadas o costos hundidos que se hayan irrogado.
Por otra parte, la iniciativa prevé la creación del "Fondo Provincial de Incentivo a la Gestión Asociada Intermunicipal", un instrumento administrado por la autoridad de aplicación que designe el Poder Ejecutivo destinado prioritariamente a financiar estudios de factibilidad, equipamiento inicial e innovación en proyectos vinculados a la salud regional, agua potable y la gestión de residuos sólidos urbanos.
En los fundamentos del proyecto se destaca la marcada heterogeneidad municipal de la provincia, donde coexisten comunas de alta densidad demográfica y sólida base tributaria con distritos de menor escala y recursos limitados, concluyendo que la cooperación intermunicipal ya no es una opción meramente política sino una necesidad funcional que contará con un plazo de 180 días corridos para su reglamentación general una vez promulgada la normativa que antes deberá sancionar la legislatura.