La Comisión de Personas Mayores de Diputados escuchó fuertes denuncias sobre el estado de las prestaciones del PAMI, durante una reunión realizada este martes y presidida por Pablo Todero (Unión por la Patria).

Entre los invitados, expuso en primer lugar Andrés Sabalette, representante del grupo de clínicas y sanatorios prestadores de PAMI de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Chubut.

“La situación que nos aqueja tiene su punto más gravoso en un tremendo atraso arancelario, un gran atraso en los precios que abona los valores retributivos, que abona la obra social, a los prestadores. Para dar una idea de la magnitud de este atraso, si tomamos como referencia la inflación de estos dos años y medio hasta la fecha, el atraso en los aranceles es de aproximadamente el 80%”, graficó.

En tanto, Sabalette explicó que “los valores retributivos de la obra social no llegan a cubrir los costos prestacionales, nos estamos refiriendo a materiales y medicamentos que, en algunos de estos periodos, han tenido crecimientos aún por encima de la inflación”.

“Esta es una situación que es preocupante porque, por un lado, está en riesgo lo que ya ha comenzado, que es un serio deterioro de las prestaciones con la aplicación directa a 300.000 beneficiarios, pero además está en riesgo el propio sistema sanitario”, advirtió.

A continuación, Federico De Marziani, director del Centro de Estudios Políticos para Personas Mayores, se refirió al incremento de precios en medicamentos.

“Nosotros hacemos una medición mensual de los precios de los medicamentos y comparamos julio de 2023 contra julio de 2026 y, por ejemplo, el Daflon, que es para la circulación, salía 11.500 pesos y hoy sale 115.000 pesos. El Optamox Dúo, un antibiótico, salía 4.478 pesos, hoy sale 33.000 pesos, tres años después”, comparó.

De Marziani criticó también “la resolución que le precarizó el pago a los médicos de cabecera, primer nivel de entrada al sistema de toda persona mayor, de nuestros padres, de nuestros abuelos, que cuando van al médico es lo primero que ven”.

A su turno, Sebastián Baltanaz, defensor del Pueblo de Villa La Angostura (Neuquén), compartió un caso donde la situación médica de un jubilado terminó judicializada. “Para que un jubilado reciba la medicación oncológica, el tratamiento que corresponde, que le dictó su propio médico, hicieron falta dos Defensorías del Pueblo, un defensor Público Federal, un juez federal y una amenaza de sanción económica al Estado”, señaló.

“Villa La Angostura no es una anomalía local, es una expresión individual o capilar del problema nacional que existe con respecto a las demoras en las autorizaciones, a los faltantes de medicamentos, a la discontinuidad de prestaciones de rehabilitación, al deterioro en general del sistema de médicos de cabecera y deudas con prestadores que en varias jurisdicciones superaban los seis meses de atraso”, enfatizó Baltanaz.

Alberto Meneses, presidente de la Federación Fuerza y Voluntad Transformadora, recordó que “el PAMI es un ente autárquico, público, pero con fondos propios, los cuales nunca se termina de saber en este momento de la historia dónde están”.

Por otra parte, le pidió a la comisión que “disponga la posibilidad de que el director Ejecutivo de un PAMI intervenido sea citado” a la Cámara de Diputados, al igual que el ministro de Salud, Mario Lugones.