La Comisión de Familias, Niñez y Juventudes dictaminó este martes el proyecto de "Ley Joaquín", sobre medidas de seguridad en actividades deportivas, surgido a partir del caso de Joaquín Stefano Gatto, un niño de 12 años oriundo de Ramos Mejía, quien en enero pasado falleció luego que un arco de fútbol cayera sobre él durante un campamento en Neuquén.

Autora del proyecto, al recoger el pedido de la familia de Joaquín, a quien destacó en su impulso por dar este debate, la diputada Luciana Potenza (Unión por la Patria) valoró que justamente los padres del niño "han hecho un gran trabajo de hablar con todos", incluyendo legisladores provinciales para "llevar este proyecto a las Legislaturas".

Sobre la propuesta, la legisladora la definió como "un gran logro" y abogó por "llevarla al recinto lo más pronto posible" porque "la verdad que es muy importante". "Lamentablemente Joaquín no fue el único chico que falleció en estas circunstancias y eso hace que tengamos la necesidad de reglamentar esta situación, para evitar accidentes como estos", agregó y destacó que una iniciativa en este sentido ya se sancionó hace tres semanas en la provincia de Buenos Aires.

Por su parte, la diputada Soledad Mondaca (La Libertad Avanza) remarcó que "hay temas que trascienden cualquier diferencia política" y ponderó "el trabajo conjunto que han realizado todos los bloques". En tanto, sobre la familia de Joaquín, destacó: "Es muy difícil transformar un hecho tan doloroso en algo tan positivo que va a ayudar a prevenir que estas cosas vuelvan a suceder".

Presidente de la Comisión de Deporte, donde el texto ya había sido dictaminado, Jorge Chica (Unión por la Patria), precisó que el proyecto prevé "las normas básicas de seguridad en la práctica deportiva, para que los papás, las mamás y los chicos que practican deporte tengan la certeza y seguridad que lo hacen en un ámbito de máxima seguridad".

Completado el trámite por las comisiones competentes, el proyecto quedó en condiciones de ser tratado en el recinto. El texto busca establecer "la obligatoriedad de medidas de seguridad relativas a la instalación, sujeción y mantenimiento de arcos, aros, postes y todo otro elemento deportivo o juegos de plaza instalados en espacios públicos y privados, destinados a prácticas deportivas y/o recreativas, para prevenir accidentes y resguardar la integridad física de niños, niñas y adolescentes y de toda persona que haga uso de dichos elementos".

Las instituciones tanto públicas como privadas "deberán asegurar que todo el equipamiento e infraestructura cumpla con condiciones óptimas de estabilidad, sujeción y amortiguación para prevenir desprendimientos, vuelcos o impactos graves conforme a las especificaciones de anclaje, peso y protección para cada disciplina y/o juego de plaza que establezca el Órgano Coordinador, sin perjuicio de aquellas disposiciones complementarias que establezcan las jurisdicciones en el marco de su respectiva normativa de adhesión y reglamentación".

La iniciativa establece que "la Subsecretaría de Deportes de la Nación, dependiente del Ministerio del Interior de la Nación, funcionará como órgano de coordinación y asistencia para la aplicación de la ley, elaborando estándares técnicos mínimos y las guías de implementación de las medidas de seguridad establecidas".

En tanto, cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires "establecerán, en su legislación de adhesión o reglamentación, la autoridad local de aplicación, el régimen de control y supervisión del cumplimiento de la presente ley, y eventuales sanciones y multas, conforme a sus competencias territoriales".

Por otro lado, durante el segundo tramo de la reunión se pasaron a la firma proyectos de declaración y resolución, tales como una adhesión a la iniciativa de transformación de la ex estación Rufino de Elizalde, ubicada en La Plata, para la creación de la "Casa de la Estación Kim Gómez"; un beneplácito por el 80° aniversario del Hogar Convivencial "William C. Morris" y el centro de día "Casa de las Infancias", de la ciudad de Colón; y un beneplácito por los 100 años de la Casa Cuna ubicada en San Fernando del Valle de Catamarca, entre otros.

Regulación de entornos digitales para niñas, niños y adolescentes

En una nueva reunión informativa sobre proyectos que propician regular el uso y acceso de los menores a plataformas digitales, se escuchó a un grupo de especialistas. El presidente de la comisión, Pablo Yedlin (Unión por la Patria), aseguró que además de "psicólogos, pediatras, juristas y defensores públicos, también vamos a escuchar a los representantes de las empresas privadas".

En primer lugar, Jorge Daniel Ponce, fiscal y especialista en niñez y cibercrimen señaló que "este drama atraviesa a toda la sociedad y no solo los niños son víctimas, sino sus familias". "Resulta sumamente necesario modificar el tipo penal del grooming", consideró e indicó además que no debe distinguirse entre "abuso simple y abuso agravado" en el entorno digital, ya que "todo abuso es grave y genera consecuencias a lo largo de la vida de las personas". "Las víctimas tienen traumas que muchas veces no lo pueden hablar a lo largo de mucho tiempo o incluso toda su vida", expresó.

Silvia Pedrouzo, presidenta de la subcomisión de TIC's de la Sociedad Argentina de Pediatría, sostuvo que los menores "están en riesgo en los entornos digitales". "Estamos viendo el uso temprano de la tecnología y que muchas familias delegan el cuidado y contención de los niños en un dispositivo. Estamos viendo infancias que no juegan, niños muy sobre estimulados y que se apropian de un dispositivo antes que el lenguaje", advirtió.

La especialista aseguró que "hoy en día la salud se mide también en horas de desconexión". En tanto, sobre un eventual proyecto, dijo que "lo importante no es prohibir, sino regular. Las familias no pueden enfrentar solas a las plataformas que están diseñadas para atraparlos".

A su turno, Sergio Marcelo Greco, director de Relaciones Institucionales de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, pidió por un "proyecto de ley que sea integral" y mencionó que actualmente hay presentados 55 sobre esta temática. Al destacar legislación internacional y fallos judiciales en torno a este tema, recordó que "hay seis países que regularon el acceso a las redes a los 16 años y unos 15 países que en este momento están discutiendo el acceso entre los 14 y los 16 años". "Los niños son vulnerables y merecen protección específica", enfatizó.

María Rosa Muiños, defensora del Pueblo de CABA y presidenta de la Asociación de Defensorías del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), manifestó que "es necesario regular este tema como han hecho otros países" y opinó que hay "mínimos indispensables que debe contener cualquier marco normativo", tales como "el deber de mitigación integral de riesgos; seguridad desde el diseño y por defecto; verificación de edad efectiva; límites al perfilamiento y la publicidad dirigida; evaluaciones de impacto y supervisión estatal; participación de chicos y chicas; y creación de un programa nacional de educación digital", entre otros.

También expusieron Juan Cruz Giménez, defensor de los Derechos de las NNyA de Santa Fe; Gabriel Bustos, líder cristiano juvenil y autor de libros sobre la temática; Gabriel Hojman Sirvent, del Consejo Consultivo de Salud Mental; y Damián Supply, psicólogo infanto juvenil, especialista en bienestar digital y coordinador del área "Prevención y promoción de salud en niñez y adolescencia" del Departamento de Pediatría del Hospital Italiano de Buenos Aires.