La autora de la iniciativa presentada en la Cámara baja explicó que “no busca reemplazar la responsabilidad del Estado, sino institucionalizar la cooperación público-privada”.
La diputada de UCR-Cambio Federal Silvina Vaccarezza presentó un proyecto de ley para crear un Régimen de Consorcios Camineros Rurales destinado a la conservación, mantenimiento y mejora de la red vial rural no pavimentada de la provincia de Buenos Aires.
La iniciativa propone involucrar a productores y vecinos en la gestión de los caminos rurales y establece que los consorcios podrán elaborar proyectos, definir prioridades de obras y desarrollar planes de mantenimiento.
“La red de caminos rurales es la vía primaria de salida de la producción, fuente principal de trabajo y de generación de divisas”, sostuvo Vaccarezza en los fundamentos.
El proyecto contempla que los consorcios tengan personería jurídica de derecho público no estatal, sin fines de lucro, y sean administrados por una Comisión Directiva elegida por sus asociados.
En ese contexto, de avanzar la normar podrán contratar terceros para ejecutar obras y realizar trabajos para particulares, destinando los recursos obtenidos a la compra de maquinaria o al fortalecimiento de la entidad.
Entre las fuentes de financiamiento previstas figura el aporte específico de la Tasa Vial Municipal, previo convenio con cada municipio, además de subsidios, donaciones, créditos y aportes de los asociados y recursos provenientes del Estado provincial. La diputada también apuntó a los cuestionamientos judiciales sobre el cobro de tasas cuando no existe una contraprestación efectiva.
Vaccarezza señaló que el esquema permitiría “una respuesta inmediata”, debido a que los consorcios contarían con maquinaria en el lugar y conocerían los puntos críticos de cada traza.
La propuesta toma como referencia el funcionamiento de los consorcios camineros en Córdoba y menciona iniciativas similares en San Luis y La Pampa.
Por último, la legisladora aclaró que la iniciativa “no busca reemplazar la responsabilidad del Estado, sino institucionalizar la cooperación público-privada”.