"Las rutas nacionales necesitan respuestas urgentes", aseguró la santafesina Gisela Scaglia, presidenta de la bancada, quien en el proyecto indicó que solo un 26,2% de los recursos fueron destinados las rutas.
El bloque de diputados de Provincias Unidas, presidido por Gisela Scaglia, se sumó a los reclamos sobre el destino de fondos viales y presentó un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo explique cómo se administraron desde 2024 los recursos del Sistema Vial Integrado (SisVial), creado para financiar las rutas nacionales.
"La iniciativa se presenta en medio del creciente reclamo por el deterioro de la infraestructura vial y la situación de corredores estratégicos para el interior productivo", se aseguró.
A través del proyecto se solicita información precisa sobre el destino de los fondos que, por ley, deben financiar la construcción, el mantenimiento y la rehabilitación de las rutas nacionales, luego de que el propio Gobierno reconociera que parte de esos recursos fue utilizada para contribuir al equilibrio fiscal.
El proyecto requiere que el Ejecutivo informe cuánto dinero ingresó al fideicomiso, cuánto debía destinarse a obras viales, cuánto se ejecutó efectivamente, dónde se encuentran hoy los recursos no utilizados y qué obras fueron realizadas con esos fondos. También busca conocer qué organismos controlaron su administración y bajo qué normativa se tomaron esas decisiones.
Según la documentación citada en los fundamentos de la iniciativa, entre 2024 y mayo de 2026 el SisVial recaudó $1.503.252 millones, pero sólo $394.406 millones fueron ejecutados en infraestructura vial. Es decir, apenas el 26,2% de los recursos llegó a las rutas, mientras que más de un billón de pesos permaneció invertido en instrumentos financieros.
"Hace años venimos reclamando por las rutas nacionales. Santa Fe está atravesada por corredores fundamentales para el corazón productivo de la Argentina. Las rutas 33 y 34 deberían ser autopistas y hoy representan un riesgo permanente para quienes las transitan", enfatizó Scaglia.
En tal sentido, la santafesina señaló que "el deterioro de las rutas nacionales trasciende cualquier discusión política y se convirtió en un problema de seguridad vial, competitividad y desarrollo para el interior productivo". "No le echemos la culpa solamente a este Gobierno. La falta de infraestructura viene desde hace muchos años. Lo que hoy no puede faltar es el mantenimiento. No podemos seguir naturalizando rutas destruidas mientras miles de familias y trabajadores las transitan todos los días", agregó.
En ese contexto, la diputada valoró el reciente acuerdo entre el Gobierno nacional y el de su provincia para el traspaso de la Ruta Nacional A012, un corredor estratégico para el acceso a los puertos del Gran Rosario. La transferencia permitirá que la provincia asuma su administración, mantenimiento y ejecución de obras con recursos propios, acelerando una intervención largamente esperada.
"La transferencia de la A012 es un paso importante y valoramos que el Gobierno nacional haya acompañado ese pedido de Santa Fe. Era una obra estratégica para nuestra producción y ahora la provincia va a hacer el esfuerzo económico para ponerla en condiciones", destacó.
Sin embargo, Scaglia aclaró que "ese avance no resuelve la situación del resto de la red vial nacional". "En los últimos días, además, la Justicia Federal ordenó la reparación inmediata de las rutas nacionales 7, 8 y 33 en el sur de Santa Fe, una decisión que refuerza los reclamos que la provincia viene sosteniendo desde hace años frente al deterioro de la infraestructura vial", apuntó.
"Lo que hoy estamos diciendo es muy simple: arréglenlas, corten el pasto e ilumínenlas. Mirá qué poco estamos pidiendo. Estamos hablando de tareas básicas para que la gente pueda viajar con seguridad", sostuvo la legisladora.
En ese marco, explicó que el pedido de informes "busca garantizar transparencia sobre el uso de recursos públicos con afectación específica y permitir que el Congreso ejerza su función de control".
"Queremos saber qué pasó con los recursos que los argentinos pagan para mantener las rutas nacionales. No estamos discutiendo un modelo de gestión; estamos pidiendo información y transparencia sobre fondos que la ley creó con un destino específico", cerró la presidenta de Provincias Unidas.
El proyecto también fue firmado por sus pares María Inés Zigarán, Carolina Basualdo, Ignacio García Aresca, Alejandra Torres, Pablo Farías, Pablo Juliano, José Núñez, Lourdes Arrieta, Martín Lousteau y Mariela Coletta.