El oficialismo no asistió al encuentro y emitió un comunicado. Los expositores denunciaron un “recrudecimiento” de los operativos de seguridad en las afueras del Parlamento. Los proyectos de interpelación a Alejandra Monteoliva tienen giros a comisiones que preside La Libertad Avanza.
Foto: HCDN
La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados se reunió este jueves para recopilar testimonios que denunciaron “represión” sobre los incidentes del pasado 6 de agosto en las afueras del Congreso mientras el Senado debatía la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. En las exposiciones responsabilizaron a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.
Además del presidente, estuvieron presentes los diputados nacionales Esteban Paulón de Provincias Unidas; Mónica Frade de la Coalición Cívica; Myriam Bregman y Romina Del Plá del Frente de Izquierda; y Juan Marino, Javier Andrade, Paula Penacca, Lucía Cámpora, Santiago Roberto, Hugo Yasky y Teresa García.
Una vez comenzado el encuentro, Horacio Pietragalla Corti, titular de Derechos Humanos, señaló que “quienes estuvimos en la marcha, sabemos que fue un operativo de seguridad desmedido o, mejor dicho, una represión desmedida”. Expuso las ausencias del oficialismo y reveló que los 29 demorados tienen restricciones de acercamiento a una distancia de 500 metros del Palacio Legislativo.
Mientras la reunión comenzaba en la Sala 1 del Anexo de la Cámara baja, el bloque oficialista comunicó su decisión de no participar por considerar que la convocatoria fue “una nueva utilización como escenario para la confrontación y la construcción de un relato político”. “La movilización derivó en episodios de violencia, destrozos y alteraciones del orden público que requirieron la intervención de las fuerzas de seguridad en cumplimiento de sus funciones”, consideraron.
COMUNICADO OFICIAL. pic.twitter.com/pjd1gwYGNz
— Bloque Diputados LLA (@LLA_Diputados) August 13, 2026
De la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina, Raúl Ferrari sintetizó que lo acontecido el 6 de agosto es una “represión sistemática desde que asumió este gobierno”. En tal sentido, explicó que durante “los primeros seis meses del 2025, el 54% de las marchas terminó en represión, con más de 1200 detenidos y con 179 trabajadores de prensa heridos”. En otro momento, relató que las fuerzas de seguridad “bajo el término ‘barrer’, persiguieron gente hasta Corrientes y 9 de Julio, y a otros hasta la Plaza de Mayo”.
En segunda instancia, el rescatista Esteban Chala informó que “nuevamente tuvimos muchísimas personas que atender en conjunto con la Defensoría del Pueblo y la Comisión Provincial por la Memoria”. Agregó, además, que “acá vimos, sin dudas, un recrudecimiento”, en relación a otras situaciones de confrontación entre manifestantes y la Policía, y sumó: “No sabemos por qué, pero empezaron a volar agua y gases, y con la lluvia y la falta de presión, los humos de los gases lacrimógenos quedaron suspendidos en el aire”. “Cada lata que arrojaba la policía dejaba a la gente sin poder caminar, respirar y con ataques de pánico”, aseveró.
La directora de Violencia Institucional del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Victoria Darraidou, brindó una apreciación personal sobre los operativos de seguridad desde que Javier Milei es presidente de la Nación: “La represión es más desbordada en las fechas que el Congreso debate proyectos que para el Poder Ejecutivo son nucleares”. En tal sentido, responsabilizó, también, al accionar de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.
Raúl Ferrari informó que durante 2025 "hubo 179 trabajadores de prensa heridos" por el accionar policial.
Como primer punto, denunció al comisario de la Policía Federal Argentina, Gustavo Gauna, quien fue fotografiado portando un escopeta que, en palabras de Alejandra Monteoliva, “es para disparar munición anti-tumulto”. Sin embargo, Darraidou señaló que “puede cargar plomo”. Asevero, además, que el agente infringió los criterios mínimos del derecho a la protesta por no portar uniforme y gafete de identificación.
También denunció como “preocupante” a las imágenes audiovisuales de agentes de la PFA “empuñando armas lanza grandas, como la que hirió a Pablo Grillo, en dirección paralela al piso”. Además, recordó que por ese antecedente, el gendarme Héctor Guerrero enfrenta un proceso judicial. Finalmente, acusó, también, a las fuerzas de seguridad por “empuñar armas a la altura de los ojos, algo que está prohibido por los estándares de Naciones Unidas”.
La fotografía del comisario Gauna empuñando el arma a 90°.
También expusieron el periodista Nicolás Munafo; Roberto Cipriano García de la Comisión Provincial de la Memoria; Agustina Bustos del CORREPI; Ernesto López del Mapa de la Policía; Gustavo Palimieri del Comité contra la Tortura; Eduardo Tavani del APDH; Ezequiel Paulucci del Mecanismo Local para la Prevención de la Tortura; y Susana Reparte de la Red Socialista Por Los Derechos Humanos (REDESDH).
A partir de los hechos denunciados del jueves 6 de agosto, se presentaron en Mesa de Entradas seis proyectos de resolución que exigen informes verbales a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. Esteban Paulón de Provincias Unidas; Horacio Pietragalla Corti, Cecilia Moreau y Natalia Zaracho de Unión por la Patria; Mónica Frade de la Coalición Cívica; y los cuatro integrantes del Frente de Izquierda fueron los autores.
En la comisión de Derechos Humanos se están escuchando impactantes testimonios sobre la brutal represión del pasado jueves 6/08, cuando el Senado trató la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Una parte importante de los detenidos son jóvenes que ahora no pueden…
— Romina Del Plá (@RominaDelPla) August 13, 2026
Sin embargo, los seis proyectos de resolución impulsados por los legisladores opositores tuvieron giro a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Seguridad Interior. La primera está presidida por el santafesino Nicolás Mayoraz de La Libertad Avanza y la segunda por Florencia de Sensi del Pro.