El diputado nacional por Neuquén Pablo Todero (UP) presentó un proyecto de ley para modificar el Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento, con el objetivo de reorientar los beneficios fiscales hacia las micro, pequeñas y medianas empresas del sector.

La iniciativa propone excluir del régimen a las grandes empresas privadas, aunque mantiene los incentivos para aquellas cuyo capital accionario mayoritario pertenezca al Estado nacional, provincial o municipal, además de las cooperativas. Según explicó el legislador, la intención es corregir lo que considera una distorsión en la aplicación de la Ley 27.506.

“El objetivo de este proyecto es corregir una distorsión profunda que tiene el Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento”, sostuvo Todero.

En los fundamentos del proyecto, el diputado señaló que la norma fue concebida originalmente para impulsar actividades vinculadas al conocimiento, la innovación y el desarrollo tecnológico, promoviendo la creación de empleo calificado y el crecimiento de nuevas empresas. Sin embargo, advirtió que con el paso de los años una parte significativa de los beneficios terminó concentrándose en un reducido grupo de grandes compañías.

De acuerdo con los datos citados por Todero, durante 2025 unas 784 empresas accedieron al régimen, de las cuales 78 eran grandes empresas. Aunque representaron apenas el 10% del total de beneficiarias, concentraron el 57% de los bonos fiscales otorgados, equivalentes a más de 72.000 millones de pesos.

“Con los años, la aplicación de la ley terminó tomando el camino inverso y se convirtió en una caja de ahorro fiscal para unos pocos”, afirmó.

La propuesta también modifica el esquema de reducción del Impuesto a las Ganancias. Mientras el régimen actual contempla beneficios sin una diferenciación significativa entre empresas de distinto tamaño, el proyecto establece una escala progresiva: una reducción del 100% para las microempresas, del 75% para las pequeñas, del 50% para las medianas y del 20% para las grandes empresas alcanzadas por las excepciones previstas.

“Las exenciones impositivas deben ser una herramienta de apoyo para los que recién empiezan o para quienes invierten en el desarrollo del país, no un privilegio permanente para los que ya ganaron el mercado”, argumentó el legislador neuquino.

Asimismo, la iniciativa incorpora mayores exigencias para acceder y permanecer dentro del régimen de promoción. Las empresas deberán acreditar inversiones, capacitación de personal, actividades de investigación y desarrollo, exportaciones y mantenimiento del empleo. Además, la revalidación de los beneficios deberá realizarse cada dos años.

Todero defendió especialmente la continuidad de los incentivos para empresas tecnológicas con participación estatal mayoritaria, como INVAP, Y-TEC, VENG o Nación Servicios, al considerar que cumplen un papel estratégico en áreas vinculadas con la soberanía científica y tecnológica.

“No se trata de castigar el éxito comercial, sino de devolverle cordura y sentido común a las políticas públicas”, sostuvo.

Para el diputado, el Estado debe priorizar el fortalecimiento del entramado PyME antes que otorgar ventajas fiscales a grandes corporaciones con capacidad propia de financiamiento. “Los gigantes corporativos o las multinacionales que hoy aprovechan esta ley no necesitan subsidios estatales para seguir creciendo”, afirmó.

Finalmente, señaló que el propósito de la reforma es que los recursos fiscales que resigna el Estado contribuyan efectivamente al desarrollo productivo, la generación de empleo y la soberanía tecnológica.

“Si el Estado resigna recursos, debe hacerlo para generar desarrollo, empleo y soberanía tecnológica, no para incrementar las utilidades de empresas que ya son altamente rentables”, concluyó Todero.