Buscan introducir modificaciones para exceptuar de la tributación a los resultados provenientes de la venta o rescate de cuotapartes de fondos comunes de inversión.
Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados bonaerense propone incorporar al Código Fiscal provincial una exención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para los resultados obtenidos por operaciones de venta o rescate de cuotapartes de fondos comunes de inversión.
La iniciativa, impulsada por los diputados Martín Endere; que es acompañado por Leticia Bontempo, ambos del bloque PRO; plantea incorporar un nuevo inciso al artículo 207 del Código Fiscal —Ley 10.397— para exceptuar de la tributación a los resultados provenientes de la venta o rescate de cuotapartes de fondos comunes de inversión comprendidos en el primer párrafo del artículo 1° de la Ley nacional 24.083.
La exención quedaría condicionada a que las cuotapartes hayan sido emitidas mediante oferta autorizada por la Comisión Nacional de Valores y que las operaciones se hayan realizado en mercados autorizados por ese organismo.
En los fundamentos, el autor sostiene que un número significativo de empresas utiliza estos instrumentos financieros como mecanismo de administración transitoria de liquidez.
Según se explica, los excedentes generados entre el cobro de créditos y el pago de proveedores, salarios, impuestos y otras obligaciones suelen colocarse durante períodos breves en fondos comunes de inversión con el objetivo de preservar el valor del capital.
El proyecto de ley advierte que esos rendimientos se encuentran actualmente alcanzados por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos a una alícuota del 9%, lo que, según el legislador, genera una “manifiesta desproporción” entre la carga tributaria y el rendimiento de la operación.
Como antecedente, la iniciativa menciona el tratamiento tributario vigente en otras jurisdicciones y destaca el caso de Neuquén, cuyo Código Fiscal contempla una exención para los intereses obtenidos por depósitos en fondos comunes de inversión.
Los autores sostienen que la modificación apunta a establecer criterios de razonabilidad y neutralidad tributaria y a evitar que el esquema impositivo desaliente el uso de herramientas destinadas a la administración de liquidez empresarial.