Tras cinco audiencias públicas en lo que va del mes, la Comisión de Acuerdos del Senado concluyó este martes con el análisis de casi 70 candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo para ocupar cargos de jueces, fiscales y defensores.

La jornada se desarrolló en el Salón Azul, donde expusieron 14 postulantes, cuyos pliegos pasaron a la firma una vez concluida la reunión, según informó el presidente de la comisión, el libertario Juan Carlos Pagotto. Al igual que audiencias anteriores, el peronismo/kirchnerismo estuvo ausente y ante los oficialistas y aliados presentes, no hubo mayores sobresaltos en el interrogatorio a los candidatos.

Los días 4, 5, 12, 13 y este martes 18 de agosto desfilaron por el Senado 67 postulantes. Por otra parte, hay una veintena de pliegos enviados desde el 17 de julio en adelante que se aguarda tomen estado parlamentario en la próxima sesión que se realice.

Todo ese saldo se suma al centenar de designaciones judiciales que ya se aprobaron en la Cámara alta, ante el objetivo del Ministerio de Justicia de cubrir unas 300 vacantes en el Poder Judicial de la Nación.

Durante la primera tanda de candidatos que se presentaron este martes, Andrés Guillermo Fraga, candidato a vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de San Justo, provincia de Buenos Aires, contó que ingresó al Poder Judicial en 1990 y transitó los distintos cargos de la carrera judicial, al tiempo que paralelamente desarrolló “una actividad académica sostenida” y fue “autor de publicaciones jurídicas vinculadas con las materias que son de competencia del tribunal para el cual se me propone”.

En cuanto al tribuna, que no incluye la competencia penal, detalló que “abarca la totalidad del partido de La Matanza” y se trata de un “desafío que supone la puesta en marcha de una nueva jurisdicción”. “Entiendo que la justicia es un servicio y, por lo tanto, los miembros del Poder Judicial tenemos que procurar estar cerca de la gente y brindarle al justiciable una respuesta fundada y oportuna; contribuir a reforzar la confianza de la sociedad en la justicia”, expresó.

En 2017, Fraga, como juez civil, había desvinculado a Mauricio Macri del escándalo de los Panamá Papers, al afirmar en su resolución que el expresidente no fue “socio ni accionista” de las sociedades off shore Fleg Trading y Kamegusha.

A su turno, Facundo Carlos Cortés, postulado como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, Sala B, sostuvo que “la magistratura exige no solo una capacitación jurídica, una preparación técnica, una capacitación funcional, el estudio de la dogmática, sino fundamentalmente un fuerte compromiso y convicción humana”.

“Cuando a una persona la imputan en los tiempos de hoy, de las redes sociales, de la mediatización de las noticias, de la inmediatez de las soluciones, de la necesidad de respuestas, en ese momento esa persona ya fue condenada, quizás no judicialmente, pero con seguridad socialmente”, observó y, en esa línea, añadió: “A partir de esta realidad, es absolutamente necesaria la prudencia, la responsabilidad, la mesura, la tranquilidad, la meditación al momento de tomar una decisión cuando de por medio está la libertad y el patrimonio de los ciudadanos”.

Al momento de las preguntas, la senadora cordobesa Alejandra Vigo destacó en Cortés “un especialista en derecho tributario” y lo consultó sobre la aplicación de “la perspectiva de género en la resolución de conflictos”. Sobre ello, el candidato dijo que “es un proceso que todavía hay que seguir transitándolo porque el cambio cultural en la perspectiva de género todavía no lo hemos asumido en la dimensión que tenemos que hacerlo”.

Cortés fue funcionario durante la gestión de Ramón Mestre y apoderado de la UCR en su provincia por más de una década. Además, es primo del diputado libertario Gonzalo Roca, quien encabezó la lista violeta en Córdoba en las elecciones del año pasado.

Más adelante, Carlos Nicolás Escandar, candidato a defensor público oficial federal del interior del país con asiento en la ciudad de Salta, repasó: “Estuve 10 años en el Ministerio Público de la Defensa defendiendo a imputados y luego, a partir de diciembre de 2020, fui designado como defensor público de la víctima en Salta, un cargo que ejerzo actualmente hace seis años, y que la verdad ha sido muy enriquecedora la experiencia. He tenido casos de trata de personas, homicidios. He podido entender, en la medida de lo posible, lo que sufre la persona cuando es damnificada por un delito, lo que sufren los familiares, lo que quiere la víctima dentro del proceso”. Afirmó que, de acceder al cargo, tiene compromiso en “seguir profundizando el sistema acusatorio”.

Al defender su pliego, Paula Inés Lo Gioia, propuesta como defensora pública oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Dolores, provincia de Buenos Aires, detalló que en 2020 se produjo esta vacante, tras jubilarse el titular, y ella quedó a cargo de la Defensoría hace más de seis años, hasta que se cubra la vacante, por una resolución de la Defensoría General.

“Durante estos años que llevo trabajando en la jurisdicción, me han permitido conocer en profundidad y exhaustivamente todas sus problemáticas, particularidades, la necesidad de los justiciables”, señaló y apuntó que “Dolores es una jurisdicción amplia”, que abarca 15 municipios y donde “se produce un incremento poblacional muy importante en verano, y eso se traduce en un aumento significativo de la litigiosidad penal”.

Por otra parte, en relación a lo mencionado sobre los amparos de salud, en relación a entrega de medicamentos, la senadora oficialista Patricia Bullrich consultó a Lo Gioia sobre qué criterios utilizan en estos casos. La postulante respondió: “Siempre tratamos de ser muy estrictos con la presentación de la documentación que justifica médicamente los pedidos, más allá de pedir historias clínicas, certificados médicos y todo lo que pueda justificar la prescripción de una medicación determinada, la función nuestra es acompañar a la familia”. Y destacó que también se solicita la opinión del médico cuerpo forense.

Ornella Romina Riggitano, candidata a fiscal ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Fiscalía N° 27, sostuvo: “Llego a esta instancia después de un largo recorrido, con esfuerzo personal, sacrificio familiar, y la firme convicción de que, en caso que se me otorgue el acuerdo, voy a poder desempeñar la función con eficiencia y voy a poder velar por la legalidad y los intereses generales de la sociedad”. “Trabajo incansablemente para robustecer mi conocimiento”, añadió y reveló que se encuentra realizando una especialización en justicia constitucional y derechos humanos.

En otro tramo de su exposición, Riggitano subrayó que “a lo largo de estos años he podido aprender que no todas las causas tienen que ser elevadas a juicio, muchas veces la elevación a la etapa plenaria supone una salida de baja calidad para el sistema de justicia y, por sobre todas las cosas, para los protagonistas. El conflicto que emerge del hecho punible puede ser resuelto de manera mucho más satisfactoria en la etapa inicial”.

Santiago Juan Schiopetto, postulado a juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 6 de la Capital Federal, manifestó: “No creo que sea una tarea sencilla, pero estoy convencido que prestar con el rol de juez el servicio de la administración de justicia debe realizarse con prudencia, templanza, fortaleza y en el día a día con empatía y respeto por todos los actores del proceso”. Sobre el cargo, explicó que “se trata de un tribunal colegiado donde debe primar el debate, la discusión, el intercambio racional de ideas y estar abierto a los consensos necesarios, y trasladar esos consensos en una resolución con lenguaje claro”.

Schiopetto se desempeñaba como secretario en la fiscalía a cargo de Ramiro González, interviniendo en los tramos iniciales y en la formalización de la imputación contra el expresidente Alberto Fernández, en la causa por violencia de género iniciada por Fabiola Yáñez.

Avanzada la reunión, Sergio Buitrago, postulado a juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 26 de la Capital Federal, afirmó que su “objetivo de trabajo es un servicio cercano, con eficacia, inmediatez y un objetivo claro: una tutela judicial efectiva. Y esa tutela judicial efectiva en los procesos de familia está dada por una rápida respuesta, oportuna y ética, porque los problemas que se suscitan son complejos y dinámicos”. Asimismo, se comprometió a “ejercer la magistratura con independencia, imparcialidad y, sobre todo, un apego irrestricto a los valores democráticos que manda nuestra Constitución Nacional”.

También defendieron sus pliegos ante la Comisión de Acuerdos Germán Luis Artola, propuesto como defensor público oficial adjunto ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N°11; María Soledad Mancini, candidata a vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, Sala A; María Virginia Miguel Carmona postulada a jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca; y Leandro Gastón, candidato a defensor público oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de La Plata, provincia de Buenos Aires, Defensoría N° 2.

Además, se presentaron Matías Ezequiel Eidem, candidato a fiscal ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Fiscalía N° 7; Valeria Alejandra Rico, candidata a jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4 de la Capital Federal; y Ramiro Velasco, candidato a juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 6 de la Capital Federal.