Por más de dos horas, el Salón Azul del Congreso fue el escenario del tratamiento del Súper RIGI. La mayoría de los expositores puso el foco en la cuestión ambiental. Qué sucederá con la firma del dictamen.
Foto: Comunicación Senado
Las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía Nacional e Inversión y Legislación General retomaron el debate del Súper RIGI en el Senado. El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, nuevamente volvió a estar ausente en el Salón Azul del Palacio Legislativo. Los aliados tienen intención de acompañar, pero le pedirán modificaciones a La Libertad Avanza para firmar el dictamen.
Fuentes consultadas por parlamentario.com revelaron que hay un plan para que el despacho quede rubricado el próximo miércoles 26 de agosto cuando esta plenaria concluya con las exposiciones de invitados. Sin embargo, los bloques aliados han dejado trascender que van a insistir con pedidos de modificación.
Según supo este medio, los aliados han exigido incoroporar una cláusula que aporte un mecanismo que fortalezca la capacidad decisoria de las provincias. A pesar de que el debate lo moderan Nadia Márquez, titular de Legislación General, y Agustín Monteverde, de Presupuesto y Hacienda, los vocales aliados buscan acercar posiciones con la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich.
El primer expositor de la jornada fue el director de economía de Fundar, Guido Zack, quien se presentó al afirmar que “Argentina necesita inversiones y las inversiones necesitan reglas claras”, luego desplegó una serie de críticas al cepo cambiario -por ende, a los gobiernos kirchneristas-, pero advirtió: “No es lo mismo dar garantías, que dar concesiones ilimitadas sin pedir nada a cambio”.
Sobre la media sanción del Súper RIGI, hizo énfasis en los cambios introducidos durante el debate en la Cámara baja. Sin embargo, consideró que, en materia de protección ambiental, “hay cláusulas de escape que pueden no ser efectivas”. Para cerrar, pidió por un artículo que establezca la creación de un registro público de evaluadores ambientales y sugirió que haya mejoras en la redacción vinculada a la protección ambiental de la explotación de los recursos naturales.
Integrante del gabinete de Axel Kicillof, el subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones de la Provincia de Buenos Aires, Ariel Aguilar, dejó clara su postura en contra del Súper RIGI y observó negativamente la definición de “objeto indefinido”. “El artículo 4 no define qué es una actividad económica y queda a disposición del Poder Ejecutivo Nacional vía reglamentación”. Además, aseveró que este régimen brindará “beneficios fiscales sin evidencia de necesidad”.
Con una connotación negativa sobre el Súper RIGI, se dirigió a los vocales del plenario y lanzó: “No deberían dictaminar esto sin modificaciones sustanciales”. Y a partir de las críticas apreciadas en el debate, enumeró que este nuevo régimen “renuncia a la soberanía jurídica, cero exigencia de desarrollo productivo local y “prohíbe al Estado a comprar insumos nacionales, ni la participación de universidades”.
A su turno, la directora de Relaciones Institucionales de Ceppas y exdirectora de Registro Nacional de Tierras, Florencia Gómez, invocó el Acuerdo de Escazú -tratado ambiental que otorga garantías de acceso a la información pública de protección ambiental- y explicó: “La falta de definición de actividad económica y cuáles son los proyectos, le impiden a la ciudadanía de conocer el impacto ambiental”.
Antes de generar la respuesta de Márquez, la expositora advirtió que “se está por legislar de aquí al 2076”, y aseveró: “Buscan convertir a la Argentina guarida normativa porque son las provincias y municipios quienes van a lidiar con los problemas ambientales”. “No sabemos de qué van los proyectos, ni los impactos acumulativos esto amerita una evaluación ambiental estratégica”, reiteró Florencia Gómez.
Nadia Márquez, en su rol de titular de la Comisión de Legislación General, tomó la palabra y confrontó a la oposición -y a los expositores que disertaron en contra del Súper RIGI: “En vez de dar argumentos, se vienen a plantear puros fantasmas”. Luego, agregó: “Dijeron que ‘cuidado Vaca Muerta’, pero hace muchos años los neuquinos entendimos que se pueden explotar los recursos naturales y cuidar el medio ambiente”.
Roberto Moreno, secretario de Gestión Ambiental y Control Minero del Ministerio de Minería de San Juan, se refirió a las cuestiones ambientales esgrimidas durante este miércoles y cargó que “en un informe de evaluación ambiental, el emprendedor propone una gestión ambiental y es la autoridad quien evalúa y aprueba, o no, el proyecto”. “Esa autorización se llama declaración de impacto ambiental”, definió.
Destacó que la gestión en San Juan ha “elevado” la vara de control de exigencia y reveló que su distrito contiene más de 230 proyectos de exploración. “En dos años y medio se han realizado 203 evaluaciones de impacto ambiental solo para actividad minera y la Policía Minera ha hecho 640 inspecciones en proyectos mineros que incluye a las grandes inversiones”, cargó el funcionario del gobernador sanjuanino Marcelo Orrego.
También participaron del debate en el Salón Azul del Palacio Legislativo Micaela Sánchez Malcolm, presidenta de la ONG Géneras; Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas; y Luciana Ghiotto, directora en Ciencias Sociales e investigadora del Conicet.