Los diputados nacionales Pamela Verasay y Lisandro Nieri (UCR) presentaron un proyecto de ley que busca modificar el Código Penal para elevar las condenas por homicidios y lesiones al volante, crear un delito de conducción con alcoholemia e impedir que las causas prescriban durante las apelaciones.

La iniciativa tiene como objetivo “resolver tres problemas críticos”, plantearon los radicales. En ese sentido, señalaron que “en la actualidad manejar borracho no es delito y sólo se pena con una multa de tránsito”. Por ello, la propuesta, que atiende a una demanda de los familiares de las víctimas, impulsa la creación de un delito específico para castigar la conducción alcoholizada antes de que cause muerte o lesión.

“Procuramos que el derecho penal pueda intervenir antes de que el riesgo creado por una conducción altamente peligrosa se transforme en una tragedia. Al mismo tiempo, los umbrales previstos permiten mantener diferenciada la infracción administrativa de aquella conducta que, por la entidad del riesgo, merece una respuesta penal concreta”, explicó Verasay, presidenta del bloque radical.

En segundo término, el proyecto tiende a cambiar la normativa actual, que sostiene que quien mata al volante puede recibir condena condicional y no ir preso. En contraposición a esto, la iniciativa obliga al cumplimiento efectivo de cárcel para el que cometa este tipo de delitos, aumentando también la inhabilitación para conducir como castigo.

“De esta manera -explicó Verasay- actualizamos las penas para que las condenas reflejen la gravedad de los hechos y que no sea un delito fácilmente excarcelable. En pocas palabras, queremos que el Código Penal refleje la gravedad de manejar borracho, de fugarse sin atender a la víctima, de violar las velocidades máximas”.

Actualmente, las condenas prescriben mientras se tramitan apelaciones en tribunales superiores. El proyecto de los mendocinos radicales prevé terminar con esto y que la sentencia que confirme la condena interrumpa la prescripción, es decir, que el caso no concluya mientras haya revisión judicial.

“No resulta razonable que el tiempo que demanda el control judicial de una sentencia condenatoria pueda consumir íntegramente el plazo de prescripción mientras esa condena continúa sometida a revisión por tribunales superiores. Cuando una conducta vial especialmente grave deja como consecuencia una muerte o una lesión irreversible, el ordenamiento debe contar con una respuesta penal adecuada”, señalaron.

En síntesis, el proyecto castiga el riesgo antes del daño, obliga a cumplir pena en prisión, y cierra el agujero de la prescripción.

Verasay y Nieri resaltaron que su presentación “guarda un directo correlato con el modelo institucional de seguridad y justicia que Mendoza viene consolidando como política de Estado. En una provincia caracterizada por un proceso continuo de modernización y exigencia penal -con reformas procesales clave, la implementación del Polo Judicial Penal y la aceleración de procesos-, este proyecto nacional busca trasladar esa misma impronta de respuesta efectiva, celeridad y combate a la impunidad al plano federal”.