Ante la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público, el defensor general de la Nación interino presentó el informe de gestión 2025/2026, destacó la tarea de asistencia a sectores vulnerables, reclamó la cobertura de vacantes y analizó los desafíos que implican la implementación del sistema acusatorio y el nuevo Régimen Penal Juvenil.
La Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación, presidida por el diputado Sebastián Galmarini (UP), recibió al defensor general de la Nación interino, Julián Langevin, quien presentó el Informe de Estado de Situación 2025/2026 y expuso sobre los principales desafíos institucionales del Ministerio Público de la Defensa.
Durante su presentación, Langevin remarcó que la Defensa Pública cumple una función esencial en el acceso a la justicia, especialmente para sectores en situación de vulnerabilidad. “Cuando se menciona la defensa pública habitualmente se piensa que es la asistencia de personas en causas penales y, ciertamente esta es una función central, pero no es la única”, sostuvo, al tiempo que recordó que el organismo interviene en materias civiles, laborales, previsionales, migratorias, de salud, discapacidad y violencia de género, entre otras.
El funcionario señaló que el Ministerio Público de la Defensa “está en todos aquellos lugares donde el acceso a la justicia puede verse afectado por una situación de vulnerabilidad” y destacó que su misión apunta a garantizar la igualdad real de oportunidades y trato.
Uno de los puntos centrales de la exposición fue la situación estructural del organismo. Langevin advirtió que la creación de nuevas defensorías no acompañó el crecimiento del sistema judicial y recordó que la ley establece que por cada nuevo juzgado debe crearse una defensoría. Según precisó, actualmente existen 615 órganos jurisdiccionales frente a 273 defensorías, una relación cercana a tres órganos jurisdiccionales por cada dependencia de defensa.
En ese contexto, indicó que la Defensa Pública asiste a unas 800.000 personas en todo el país con apenas 205 magistrados. “Esta realidad demuestra la eficacia de nuestra institución en el acceso a la justicia”, afirmó, y destacó además la labor de los 797 funcionarios coadyuvantes que integran el organismo.
Respecto de los recursos humanos, reclamó la cobertura de vacantes y defendió una gestión basada en criterios de austeridad y eficiencia. “No nos interesa crear nuevos cargos ni responder a una lógica burocrática, sino satisfacer necesidades concretas de la gente”, expresó.
En materia presupuestaria, explicó que entre el 97 y el 98% de los recursos se destinan al pago de salarios y cargas sociales, por lo que el margen operativo es muy reducido. No obstante, aseguró que la situación financiera “nunca va a ser utilizada por nosotros para justificar inacción” y ratificó el compromiso de administrar los recursos “correctamente y responsablemente”.
Otro de los ejes abordados fue la implementación progresiva del Código Procesal Penal Federal. Sobre este punto, Langevin señaló que “el desafío es la implementación del sistema acusatorio en los grandes centros urbanos” y sostuvo que la Defensa Pública debe anticiparse a los cambios mediante planificación, capacitación y reorganización institucional.
Asimismo, dedicó un tramo importante de su exposición al nuevo Régimen Penal Juvenil. Consideró que la reforma constituye “una respuesta muy importante del Estado argentino con parámetros modernos” y afirmó que su puesta en marcha representa “el mayor desafío institucional en materia de especialización y protección de derechos” para los próximos años.
“Somos los guardianes del interés superior del niño en cualquier clase de proceso en el que intervenimos”, subrayó. No obstante, planteó interrogantes sobre la infraestructura y la capacidad de alojamiento disponibles para atender a la nueva población alcanzada por la normativa, y reclamó una mayor coordinación con las provincias para enfrentar esos desafíos.
Finalmente, Langevin detalló los programas de capacitación que lleva adelante el organismo y anunció proyectos vinculados con la protección de niños, niñas y adolescentes y con la incorporación de nuevas tecnologías. Entre las iniciativas en estudio mencionó la creación de una oficina destinada a recibir y canalizar presentaciones de menores de edad y el impulso de un programa de tecnología aplicada a la defensa pública, orientado a aprovechar herramientas de inteligencia artificial en el ámbito de la justicia.
La reunión permitió a los legisladores intercambiar opiniones con las autoridades del Ministerio Público de la Defensa sobre la situación institucional del organismo, sus necesidades de funcionamiento y los objetivos previstos para el próximo período.