El despacho de mayoría, impulsado por Vanesa Siley, propone un cambio en la sede. En tanto, el dictamen de minoría corresponde a José Luis Garrido, aliado del oficialismo, cuyo texto busca derogar la Cámara. La norma había sido aprobada en 2015. Avanzaron otros proyectos con media sanción.
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Durante un plenario de las comisiones de Justicia y de Presupuesto y Hacienda de Diputados, por un voto de diferencia, el bloque de Unión por la Patria se alzó con el dictamen de mayoría que respalda la Ley 27.154, la cual dispuso la creación la creación de la Cámara Federal de Apelaciones con asiento en la ciudad de Comandante Luis Piedra Buena, provincia de Santa Cruz.
El despacho de mayoría es impulsado por la diputada Vanesa Siley con el acompañamiento de las firmas de los miembros de su bloque, sumado a las de Nicolás Massot (Encuentro Federal), Eduardo Falcone (MID), Ignacio García Aresca (Provincias Unidas), Juan Brugge (Provincias Unidas), Alejandra Torres (Provincias Unidas), Sebastián Noblega (Elijo Catamarca), Ignacio Diógenes González (UCR), Oscar Herrera Ahuad (Innovación Federal x2) y Álvaro González (Pro x2), llegando a un total de 37 firmas.
En tanto, el dictamen de minoría es impulsado por el santacruceño José Luis Garrido, alineado con el gobernador Claudio Vidal y aliado de La Libertad Avanza en el Congreso, que reunió 33 firmas del oficialismo, la de Daiana Fernández Molero y Elia Fernández (Independencia). El texto busca la derogación de la norma.
Pese a ser una norma de 2015, y que el Senado incluso nombró a sus integrantes (uno de ellos exfamiliar político del diputado Máximo Kirchner), el tribunal nunca se constituyó físicamente.
Alegando la cuestión presupuestaria, Garrido planteó: “Es oportuno poder interpretar la administración que viene llevando adelante el Gobierno nacional respecto a ser responsable con la administración de los fondos y distribuirse de manera más adecuada en algo que está presupuestado y no está funcionando”. En ese sentido, el legislador afirmó que “lo mejor sería darla de baja y que se puedan reasignar los recursos necesarios para aportarle a aquellos lugares donde realmente se necesitan”.
En contrapartida, el diputado de Unión por la Patria Juan Carlos Molina señaló que “si la baja de densidad demográfica se convierte en argumento para retirar instituciones nacionales, entonces la Patagonia siempre va a perder”. Al respecto, el también santacruceño enfatizó que “no se trata de densidad demográfica, se trata de densidad en soberanía”. “Esto crea un precedente alarmante”, advirtió, en alusión al acceso a la justicia de los ciudadanos.
También desde UP, el fueguino Jorge Araujo Hernández rechazó la iniciativa de Garrido y recordó que, en el caso de la Cámara Federal de Apelaciones para la Patagonia Austral, “pasaron 11 años y nunca fue habilitada por la Corte Suprema”. “La propuesta concreta que hacemos no busca crear una nueva jurisdicción, sino brindar otra alternativa para la ubicación física de la sede”, dijo sobre ese caso.
En el plenario también se trataron proyectos venidos con media sanción del Senado. Sobre la iniciativa que busca crear una segunda sala en la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, la diputada radical Karina Banfi argumentó: “Esta norma tiene como objeto cumplir con una necesidad que viene desde hace décadas”. “Crear esta sala administraría de una manera más positiva el acceso a la justicia para terminar con el cuello de botella, sobre todo en causas de simple tratamiento”, sumó.
En representación de La Libertad Avanza, el diputado Alejandro Carrancio coincidió con Banfi en los argumentos al ratificar que la creación de una segunda sala es “una necesidad imperiosa”. El proyecto obtuvo dictamen de mayoría unánime.
Gracias a la defensa de los diputados patagónicos y al acompañamiento transversal de legisladores de otros bloques, nuestro dictamen para sostener la creación de una Cámara Federal de Apelaciones para la Patagonia austral obtuvo la mayoría de las firmas en las comisiones de… pic.twitter.com/0WYMoFhmEn
— Vanesa Siley (@Vsiley) August 20, 2026
El otro proyecto es el que dispone la organización en dos salas la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán. Al respecto, la diputada del bloque Independencia Elia Fernández destacó que dicha norma brindaría “más agilidad y mayores respuestas a la población de Catamarca, Santiago del Estero y Tucumán”.
Apoyando la medida, Sebastián Nóblega, jefe de Elijo Catamarca, ponderó que la misma tendrá “injerencia directa en nuestra provincia para acompañar los procesos de mejora de la justicia y de reorganización en beneficio directo de la gente”. El proyecto también obtuvo dictamen de mayoría unánime.