El Gobierno nacional reformó el régimen de inversiones mineras y avanzó con la digitalización de los trámites. La creación de un registro centralizado, la articulación con el RIGI y la gestión electrónica del recupero de IVA buscan acelerar inversiones, fortalecer los controles y dar mayor previsibilidad al sector.
El Gobierno nacional puso en marcha una profunda actualización del Régimen de Inversiones Mineras mediante cambios que modernizan los mecanismos de registración, fiscalización y acceso a beneficios fiscales para las empresas del sector. La reforma incorpora herramientas digitales, fortalece los controles ambientales y establece una coordinación formal con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
La modificación del Anexo de la Resolución 30/2018, adaptada a las disposiciones del Decreto 482/2026, redefine los procedimientos para la inscripción, actualización, modificación y baja de proyectos mineros y sus beneficiarios.
Uno de los aspectos más relevantes es la puesta en funcionamiento del Registro de Inversiones Mineras (RIM), una plataforma informática que centralizará toda la información del sector. El sistema identificará a cada beneficiario mediante su CUIT y otorgará un código único a cada emprendimiento, permitiendo un seguimiento más preciso de los proyectos y facilitando las tareas de control estatal.
Según explicaron desde la Secretaría de Minería, la iniciativa apunta a mejorar la trazabilidad de las inversiones y consolidar en una única base de datos la información vinculada a los proyectos en desarrollo.
La nueva normativa también introduce exigencias específicas para los proveedores de servicios mineros, que deberán cumplir requisitos actualizados para inscribirse, mantenerse activos y modificar sus datos dentro del régimen. A ello se suma la obligación de constituir un Domicilio Legal Electrónico, herramienta que concentrará todas las notificaciones y comunicaciones oficiales.
En materia ambiental, la reforma incorpora formalmente los procedimientos para la presentación y validación del Seguro Ambiental Obligatorio (SAO), alineando así el régimen promocional minero con las disposiciones de la Ley General del Ambiente y sus reglamentaciones.
Otro de los puntos centrales es la articulación entre el Régimen de Inversiones Mineras y el RIGI. La reglamentación establece mecanismos que permitirán a los grandes proyectos acceder simultáneamente a ambos esquemas de promoción sin perder continuidad registral ni generar superposiciones administrativas.
Para las empresas con expedientes ya iniciados, se dispuso un régimen de transición. Los trámites en curso serán adaptados al nuevo esquema, aunque las declaraciones juradas previamente presentadas seguirán rigiéndose por las normas vigentes al momento de su presentación.
La actualización también alcanza al recupero del crédito fiscal del IVA para actividades de exploración minera contemplado en el artículo 14 bis de la Ley 24.196. A partir de la Resolución General 5879/2026, los pedidos dejarán de realizarse mediante expedientes en papel y pasarán a gestionarse completamente en formato digital a través del Sistema Integral de Recupero (SIR) de ARCA.
La plataforma ya se utiliza para distintos mecanismos de reintegro fiscal y ahora sumará a la exploración minera, con el objetivo de agilizar los procesos, reducir tiempos administrativos y centralizar la gestión documental.
En este esquema, la Secretaría de Minería conservará un rol técnico clave. El organismo deberá certificar que los gastos declarados por las empresas estén directamente vinculados con proyectos de exploración inscriptos oficialmente. Entre las erogaciones alcanzadas figuran estudios geológicos, campañas de perforación, ensayos mineralúrgicos y la adquisición de equipamiento especializado.
Pese a los cambios operativos, el Gobierno aclaró que no se modifican las condiciones de fondo para acceder a los beneficios fiscales. Continúa vigente el requisito de acumulación de créditos fiscales durante doce meses y se mantienen los criterios de elegibilidad previstos por la Ley de Inversiones Mineras.
Desde la administración nacional sostienen que las medidas apuntan a brindar mayor seguridad jurídica y rapidez financiera en un contexto de fuerte expansión de la actividad exploratoria.
Las cifras oficiales reflejan esa tendencia. De acuerdo con datos de la Secretaría de Minería, las inversiones en exploración crecieron significativamente en los últimos años: mientras entre 2014 y 2021 los desembolsos oscilaron entre USD 100 millones y USD 200 millones anuales, actualmente rondan los USD 400 millones.
A la vez, el país cuenta con 74 empresas activas dedicadas a la exploración y mantiene un amplio margen de crecimiento. El Gobierno destaca que Argentina presenta una densidad de perforación de entre 3 y 5 metros por kilómetro cuadrado, muy por debajo de los niveles registrados en países mineros de la región como Chile, donde ese indicador alcanza entre 10 y 20 metros por kilómetro cuadrado.
Con este paquete de reformas, el Ejecutivo busca consolidar un sistema más moderno y eficiente para la actividad minera, apoyado en procedimientos digitales, mayor integración regulatoria y mecanismos de control más ágiles para acompañar el crecimiento de las inversiones.