La iniciativa propone acortar el período de prueba, recuperar la doble indemnización por empleo no registrado y devolver a los jueces la facultad de actualizar los créditos laborales, entre otros cambios en el régimen de trabajadoras de casas particulares.
El diputado nacional Eduardo Valdés (Unión por la Patria) presentó un proyecto de ley para modificar el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares (Ley 26.844), con el objetivo de dejar sin efecto cambios introducidos por la Ley de Modernización Laboral y la Ley de Bases. La iniciativa apunta a fortalecer la protección de uno de los sectores con mayores niveles de informalidad laboral del país.
Entre los principales puntos, el proyecto propone restituir los plazos originales del período de prueba: 30 días para el personal sin retiro y 15 días de trabajo, dentro de un máximo de tres meses, para el personal con retiro. De esta manera, busca revertir la extensión a seis meses establecida por la reforma laboral aprobada este año.
La iniciativa también modifica el artículo referido a los derechos y deberes de las trabajadoras, eliminando la posibilidad de que, una vez finalizado el período de prueba, la obligación del empleador de proveer ropa y elementos de trabajo pueda reemplazarse por una suma dineraria no remunerativa.
Otro de los aspectos centrales es la restitución de la doble indemnización en los casos de empleo no registrado o deficientemente registrado. El texto propone recuperar el artículo 50 de la ley, derogado por la Ley de Bases, mediante el cual la indemnización por despido se duplica cuando la relación laboral se encuentra en situación irregular.
Además, Valdés plantea volver al esquema anterior para la actualización de los créditos laborales, permitiendo que los tribunales determinen la forma de preservar el valor de las indemnizaciones hasta su pago efectivo. Según argumenta en los fundamentos, la normativa vigente limita esa facultad judicial y establece una fórmula que podría resultar insuficiente para compensar la pérdida de valor de los créditos laborales.
En los fundamentos del proyecto, el legislador sostiene que las reformas recientes implicaron un retroceso en la protección de las trabajadoras de casas particulares y advierte sobre los elevados niveles de informalidad que registra la actividad. Citando datos del INDEC y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), señala que entre el 77% y el 78% de las trabajadoras del sector se desempeñan sin registración.
Valdés argumenta asimismo que la propuesta busca adecuar la legislación a los principios de progresividad de los derechos laborales reconocidos por la Constitución Nacional y por convenios internacionales ratificados por la Argentina, entre ellos el Convenio 189 de la OIT sobre trabajo doméstico.