Representantes de entidades del campo manifestaron su fuerte apoyo al proyecto que busca castigar los hechos de vandalismo rural, durante una reunión informativa de la Comisión de Agricultura y Ganadería de Diputados, presidida por el pampeano Martín Ardohain (Pro).

Precisamente, Ardohain, quien calificó de "excelente" el encuentro, es el impulsor de la iniciativa que también tiene giro a la Comisión de Legislación Penal, donde fue presentada días atrás. El próximo paso sería un plenario de ambas comisiones para avanzar hacia un dictamen. En la reunión de este martes, todos los bloques se manifestaron a favor del tema.

Al momento de las exposiciones, habló en primer lugar Claudio Angeleri, vicepresidente de la Federación Agraria, que avaló el proyecto y consideró que "nos traería tranquilidad, previsibilidad". "Detrás de una tanquera de un campo, de un alambrado, hay no solo producción, sino familias que viven ahí y estarían seriamente amendentradas", señaló.

En tanto, Eloísa Frederking, de la Sociedad Rural Argentina, apuntó que "esta es una problemática que afecta cotidianamente al campo argentino y requiere una respuesta legislativa clara, equilibrada y eficaz". "La libertad de producir requiere seguridad, la inversión requiere previsibilidad y el trabajo necesita que las personas, los bienes y la infraestructura estén protegidos", sumó.

En su intervención, afirmó que los productores y sus familias se encuentran en "una profunda vulnerabilidad" en aquellos establecimientos aislados, donde "en muchos casos el destacamento policial se encuentra a varios kilómetros y la comunicación no siempre es sencilla".

Frederking resaltó la importancia de establecer que "ingresar ilegítimamente, destruir, dañar o impedir el normal desarrollo de una actividad rural no es una conducta tolerada ni indiferente para el Estado". Y sumó que "para que esta protección sea real, la norma deberá estar acompañada por una actuación eficaz y coordinada de las fuerzas de seguridad, del Ministerio Público Fiscal y de la Justicia", a la vez de "una adecuada presencia territorial y mecanismos ágiles para recibir denunciar", así como la coordinación entre las autoridades.

César Guatti, de Confederaciones Rurales Argentinas y la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz, sostuvo: "Para nosotros este debate tiene nombres, rostros y familias detrás". Tras relatar hechos sufridos por productores, aseguró que "resulta totalmente necesario" y subrayó que "el ingreso deliberado y no autorizado a un establecimiento rural no siempre constituye una conducta menor, puede ser el primer paso de una faena clandestina, un robo, la destrucción de instalaciones, o un ataque contra quienes viven y trabajan en el lugar", por eso valoró que el texto contemple esa acción.

El presidente de Coninagro, Lucas Magnano, aseguró que la iniciativa les parece "algo sumamente importante y trascendental" y "el campo hace muchos años viene reclamando esto". Además, defendió que los productores "no solo están haciendo producción, sino generando soberanía para la Argentina" y aquellos establecimientos agropecuarios que están en lugares recónditos "necesitan tener las mismas garantías que cualquier persona que habita, por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires".

"Vemos con muy buenos ojos que esta iniciativa pueda materializarse para que la Justicia pueda tener las herramientas necesarias y justas", añadió.

También expusieron y se expresaron a favor de la iniciativa Santo Alberto Rosati e Ignacio Kovarsky, de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP); y Carolina Baldussi, de Barbechando.

Al momento de la intervención de los diputados, la oficialista Belén Avico aseveró que "romper un silobolsa, quemar un lote o sabotear una herramienta de trabajo no es una contravención menor, ni una manifestación, es un delito grave contra la propiedad privada y la producción nacional". "Durante años se miró para otro lado y se minimizó la violencia en el campo. Desde LLA tenemos una postura clara: tolerancia cero al vandalismo rural", afirmó.

Presidenta del bloque Provincias Unidas, la santafesina Gisela Scaglia consideró al proyecto "muy positivo, muy bueno y ojalá todos podamos trabajar en este sentido", que es el de "igualar en derechos al sector hoy más importante en términos de recursos para la Argentina, porque el campo es y seguirá siendo el motor del país".

Desde Unión por la Patria, Luis Basterra señaló que "es un tema que atraviesa históricamente al campo" y recordó que en 2024 hubo dictamen de comisión de un proyecto impulsado por su par Ramiro Gutiérrez.

En la Comisión de Agricultura y Ganadería de @DiputadosAR, acompañamos el proyecto para tratar la situación del delito en el ámbito rural.

El campo necesita medidas, pero fundamentalmente recursos que hoy no llegan a las provincias. Por eso, insistimos en la eliminación de las… pic.twitter.com/LY2UmByHGW

— Carlos Gutierrez (@Dip_Gutierrez) August 25, 2026

Tras remarcar que el conflicto con el campo de 2008 es "viejo" y ya fue "superado", el formoseño confirmó el acompañamiento de su espacio a esta medida: "Estamos absolutamente en disposición de profundizar este tratamiento". Incluso, observó que la iniciativa en tratamiento "difiere muy poco" de ese dictamen conseguido dos años atrás e insistió: "Estamos alineados con la importancia de la seguridad de los productores de la vida rural".

De acuerdo al proyecto impulsado por Ardohain, se propone la incorporación del artículo 150 bis al Código Penal, el que cual establecería una pena de prisión de un mes a un año al que "entrare en establecimiento rural, terreno o sus dependencias, contra la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho de excluirlo".

"Se presume la voluntad de exclusión por la sola existencia de cerramientos, vallas, muros, alambrados o señales que indiquen la prohibición de ingreso", añade el texto, al tiempo que aclara que "no se configurará el delito cuando el ingreso responda a una necesidad justificada, razones de auxilio o cuando la configuración del lugar no permita distinguir claramente el límite con la vía pública".

Además, plantea incorporar el artículo 184 bis al CP, que prevé penas de prisión de 2 a 8 años y multa de 3 a 12 veces "el valor del daño causado, el que, sin causar una situación de peligro común, destruyere, inutilizare, hiciere desaparecer o de cualquier modo dañare" elementos que afecten "de manera directa el ciclo productivo, el stock de materias primas o la infraestructura del establecimiento agropecuario". En ese sentido, se enumera cereales no cosechados, silobolsas, ganado, leña, etc.

"En idéntica pena incurrirá quien destruyere, inutilizare, hiciere desaparecer o de cualquier modo dañare instalaciones tecnológicas destinadas a la provisión de energía o extracción de agua", suma y agrega que "la pena mínima se elevará al doble si el autor o quien hubiere determinado a otro a cometer el hecho fuere funcionario público o se dedicare habitualmente a la actividad agropecuaria".

Finalmente, se modifica el ya existente artículo 209 del Código Penal, que contempla actualmente pena de prisión de 2 a 6 años para el que públicamente instigare a la comisión de un delito y se incorpora que "la pena se aumentará en un tercio si la instigación se realizare a través de medios de comunicación masiva, redes sociales o plataformas digitales".