Fue en el marco de una reunión informativa de la Comisión de DD. HH de Diputados donde, también, los expositores denunciaron la violencia y estigmatización que ejerce el Estado hacia las personas en situación de vulnerabilidad.
La Comisión de Derechos Humanos de Diputados, presidida por Horacio Pietragalla Corti (UP), se reunió este martes para recibir y escuchar a representantes de organizaciones civiles quienes expusieron sobre la problemática de las personas en situación de calle en el país y denunciaron al Estado por “falta de políticas públicas” y por la “violencia que ejercen sobre ese sector de la población”.
Pietragalla Corti denunció que “hay una violencia del Estado hacia toda la comunidad de personas en situación d calle que en este gobierno neoliberal vemos que cada vez son más las personas que no pueden afrontar una vivienda digna y terminan en la calle”, y planteó que “esto es una complejidad integral de la sociedad y de las políticas públicas que lleva adelante el gobierno nacional y provinciales”.
“En la Ciudad de Buenos Aires tenemos un foco muy fuerte a partir de una propaganda que da Jorge Macri haciendo campaña de la violencia que ejerce ante las personas que sufren esta situación. Hay una radicalización de esa derecha que busca ‘la limpieza de los barrios’, incluyendo verlos más bonitos, radicar a las personas que son sujetos de derecho y que el Estado tiene que estar al lado de esa vulnerabilidad, pero arremeten con las fuerzas de seguridad”, denunció.
Al hacer uso de la palabra, la diputada Paula Penacca (UP) remarcó la importancia de que “este Congreso esté repleto de las problemáticas reales que todos los días transitan las personas en este país tan complicado”, y apuntó contra el Presidente: “Javier Milei destruyó la Ley para personas en situación de calle que, si bien no cumplió con toda la efectividad, sancionó en el Congreso. Generan un discurso de odio y violencia continuo, sumado a la situación económica profundizan la cantidad de personas que terminan en la calle y la segregación y estigmatización que se ejerce sobre ellas por parte del Estado”.
“El informe brinda datos extraviados porque no hay ningún organismo del Estado que el interese sistematizar la información porque no hay voluntad política de dar respuesta. El registro viene a ocupar un vacío que es determinado que exista y muestra esas otras vidas que son estigmatizadas”, planteó Penacca.
La primera en exponer fue Jorgelina Di Iorio, coordinadora del Registro de Violencias hacia personas en situación de calle, quien presentó el quinto informe sobre las vivencias de violencia que están expuestas las personas en situación de calle y planteó: “Es una herramienta que lo pensamos no como denuncia administrativa, sino como visibilización de denuncia, y también de problematización de la naturalización de las violencias a las que están expuestas quienes están forzados a vivir en situación de calle”.

En tanto, la investigadora del CONICET explicó la metodología para la elaboración del informe y explicó que “los datos relacionados con las violencias hacia las personas en situación de calle pueden definirse como datos extraviados: no constituyen una prioridad. Además, constituyen poblaciones ocultas o de difícil acceso producto de la negativización y criminalización de sus prácticas”.
Asimismo, especificó los tres tipos de violencias que sufren: la institucional, la social y la estructural y detalló: “Entre el 19 de agosto de 2025 y el 18 del mismo mes, pero de 2026, se registraron 619 hechos de violencia en todo el país, de los cuales el 57.7% es institucional, el 23.9% estructural y el 18.6% social. Esos hechos afectaron a más de 721 personas en situación de calle, es decir, que cada 14 horas ocurrió un hecho de violencia”.
“El 86,5% de los hechos que registramos en la Ciudad de Buenos Aires refiere a situaciones de violencia institucional como detenciones ilegales, desplazamientos forzados, hostigamiento, robo, uso excesivo de la fuerza policial. También falta de políticas se asistencia”, precisó y agregó que “151 personas en situación de calle fallecieron entre agosto del 2025 y 2026. Esto indica que 13 personas murieron por mes en el último año”.
Di Iorio señaló que “se está haciendo más visible la violencia institucional dirigida a un grupo poblacional particularmente racializado y vulnerablizado”. Así, explicó que solicitaron presentar el informe en esta fecha ya que el 19 de agosto se conmemora en América Latina como el “Día Latinoamericano de las Luchas de las Personas en Situación de Calle”.
El jefe del Departamento de Estadística del Ministerio Público de la Defensa, Guido Diligenti, enfatizó en “la relevancia de las estadísticas midiendo todo, aún con problemáticas sensibles como estas”.
“La estadística puede perfectamente, y debe hacerlo, dialogar con otras formas de abordar los mismo fenómenos”, resaltó y, en esa línea, subrayó que “estamos convencidos que las estadísticas tienen que servir para la toma de decisiones, para orientar las políticas públicas y, también, para contribuir al debate”.
Antes de concluir su alocución, el funcionario precisó que “entre 2024 y 2025 crecieron un 15% las personas detenidas en situación de calle, siendo la cantidad en cada año 1.288 y 1.479, respectivamente”, y agregó: “Las detenciones con violencia institucional aumentaron más de un 20%”.
Juan Manuel Cristiani, de la mesa participativa para el diseño de iniciativas sobre la problemática de las personas en situación de calle de Bariloche, Río Negro; manifestó: “La intención es construir políticas públicas en la ciudad”, y contó que después de la pandemia “se siguen viendo los efectos. Se diversificó mucho las personas en calle, por sobre todo la visibilidad, con mayor presencia en medios. Eso fue creando un clima para que se generen situaciones de violencia a esas personas”.
Durante el encuentro, también expusieron Paula Velázquez, de la Organización No Tan Distintes; Diego Joaquín Sastre y Agustina Rodríguez Irigaray, de la olla popular del Centro Cultural América Libre, de Mar del Plata; y Vanesa Vallejo y Victoria Urban, de Sopa de Letras de San Luis y Mendoza, respectivamente, y representantes de la Asociación Civil “Abrigar Derechos”.