La Comisión de Legislación General continuó el análisis del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para reemplazar la normativa vigente desde 1972. Académicos, abogados, empresarios y funcionarios coincidieron en la necesidad de modernizar el régimen, aunque expresaron diferencias sobre el alcance de los cambios propuestos.
La Comisión de Legislación General del Senado avanzó este miércoles con una nueva ronda de consultas sobre el proyecto de Ley General de Sociedades impulsado por el Poder Ejecutivo, que propone una reforma integral del régimen societario argentino y la derogación de la Ley 19.550, vigente desde hace más de cinco décadas.
La reunión, realizada en el Salón Azul y presidida por la senadora Nadia Márquez (LLA), dio continuidad al cuarto intermedio dispuesto la semana pasada y contó con la participación de especialistas del ámbito académico, jurídico, empresarial y regulatorio, quienes brindaron opiniones y aportes técnicos sobre la iniciativa.
Entre los expositores estuvo el presidente de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva, quien sostuvo que no observa inconvenientes para las sociedades que realizan oferta pública dentro del esquema planteado por el proyecto. Además, consideró que cualquier aspecto que eventualmente requiera ajustes podría resolverse en el marco de una futura ley de mercado de capitales que el organismo se encuentra elaborando.
Desde el ámbito académico, Rafael Manóvil respaldó los objetivos de modernización y flexibilización que persigue la propuesta, aunque cuestionó la necesidad de reemplazar por completo el sistema vigente. En su opinión, muchas de las innovaciones planteadas podrían incorporarse mediante modificaciones a la legislación actual sin alterar su estructura general.
Una mirada más crítica expresó Daniel Vitolo, ex inspector general de Justicia de la Nación, quien advirtió sobre lo que consideró errores conceptuales y técnicos en el texto enviado por el Ejecutivo. El especialista sostuvo que el proyecto requiere una revisión profunda y reclamó continuar el debate antes de avanzar con su aprobación.
En contraste, el jurista uruguayo Ricardo Olivera García evaluó positivamente la iniciativa y afirmó que representa una base sólida para actualizar el régimen societario argentino. Entre otros aspectos, destacó el fortalecimiento del principio de autonomía de la voluntad, al que definió como uno de los principales avances de la propuesta.
Por su parte, Mariano Genovesi, representante de la Unión Industrial Argentina, manifestó el respaldo general de la entidad a los objetivos de la reforma, orientados a lograr un sistema más simple, flexible y previsible. No obstante, informó que la UIA presentó un documento con observaciones y propuestas de modificación sobre distintos artículos del proyecto.
Durante la jornada también expuso Lucía Spagnolo, socia del estudio Favier Dubois y Spagnolo, quien apoyó la necesidad de modernizar la normativa societaria, aunque advirtió que ese proceso no debe implicar una eliminación de los mecanismos de control. Asimismo, planteó que la reforma podría incorporar criterios vinculados a la igualdad de oportunidades en la integración de los directorios empresariales.
A lo largo del encuentro, los senadores formularon consultas a los especialistas para profundizar el análisis de los distintos aspectos de la iniciativa y evaluar sus posibles impactos. Al cierre de la reunión, la presidenta de la comisión anunció un nuevo cuarto intermedio para continuar el tratamiento del proyecto y avanzar en el debate parlamentario de una de las reformas jurídicas impulsadas por el Gobierno nacional.