El informe presentado ante la Bicameral de Supervisión Parlamentaria de la Oficina de Presupuesto del Congreso concluyó que el organismo presenta “debilidades estructurales” en materia administrativa, financiera y patrimonial. Entre otras observaciones, cuestionó la obtención del SAF propio, la administración de un Fondo Especial de Reserva, la compra de un vehículo oficial y la contratación de personal. Gabriel Esterelles rechazó buena parte de las conclusiones y atribuyó varias de las falencias a la inacción de la propia comisión supervisora.
La crisis que derivó en la renuncia de Gabriel Esterelles al frente de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) sumó este lunes un nuevo capítulo con la presentación formal, ante la Comisión Bicameral de Supervisión Parlamentaria, del informe final elaborado por la Dirección General de Auditoría Interna de la Cámara de Diputados.
El documento concluye que la OPC presenta un “escenario de debilidad estructural y deficiencia reglamentaria transversal” en aspectos administrativos, presupuestarios, financieros, patrimoniales y de recursos humanos.
La auditoría sostiene que el organismo habría operado durante los últimos años con una autonomía superior a la prevista por la Ley 27.343, particularmente a partir de la puesta en marcha del Servicio Administrativo Financiero propio (SAF 369), en 2021.
“El análisis sistémico de sus operaciones demuestra que la validez de sus actos y el resguardo de los recursos públicos se encuentran comprometidos por una cultura organizacional que ha priorizado la discrecionalidad operativa por sobre el cumplimiento estricto del bloque de legalidad pública”, afirma el informe.
Uno de los cuestionamientos centrales apunta al supuesto “quiebre del control de tutela parlamentaria”. Según los auditores, la OPC habría funcionado sin la aprobación formal de planes operativos y memorias institucionales por parte de la Comisión de Supervisión Parlamentaria, a pesar de que esas autorizaciones son exigidas por la legislación vigente.
La auditoría también observó que la transición de la OPC de programa presupuestario dependiente del Senado a organismo con SAF propio no estuvo acompañada por la adecuación de procedimientos internos ni por la creación de áreas específicas de control, auditoría interna, tesorería y contabilidad.
El informe preliminar reconstruye además cómo se inició el procedimiento de control. El 2 de junio personal de la Auditoría Interna de Diputados se presentó en las oficinas de la OPC y dispuso el resguardo de expedientes vinculados a contrataciones, del expediente correspondiente a la compra del vehículo oficial, del Libro de Disposiciones, del Libro del Fondo de Reserva y de una computadora utilizada por el área administrativa del organismo.
En ese mismo relevamiento, los auditores solicitaron el Libro de Actas de Directorio. Según el informe, Gabriel Esterelles respondió que la OPC no llevaba ese registro ni confeccionaba actas de las reuniones con los directores, sino que las comunicaciones se realizaban por correo electrónico y memorandos internos. La auditoría consideró que ese aspecto debía ser analizado porque la normativa interna prevé la confección de actas de esas reuniones.
El Fondo de Reserva, uno de los focos de la controversia
El informe dedica un extenso apartado al Fondo Especial de Reserva creado en 2018 por disposición del entonces director general de la OPC. La auditoría considera que la constitución y ampliación de ese fondo se realizó sin intervención de la Comisión de Supervisión Parlamentaria ni de las autoridades de ambas cámaras del Congreso.
Los auditores sostienen que el director general “carece de competencia para constituir fondos de reserva con remanentes de las partidas presupuestarias asignadas al organismo” y cuestionan que desde ese fondo se hayan financiado obras de remodelación y la adquisición de un vehículo oficial.
Asimismo señalaron deficiencias en la registración contable y la administración de esos recursos, al detectar movimientos asentados fuera de orden cronológico y la utilización de una misma cuenta bancaria para fondos presupuestarios corrientes y fondos de reserva.
La compra del vehículo oficial
Otro de los puntos observados fue la adquisición de un automóvil para la OPC mediante la Licitación Privada N° 1/2024, adjudicada a la firma Roycan S.A.
Según la auditoría, durante el proceso se verificaron presuntas falencias en la aprobación de pliegos, la publicidad de la convocatoria y la evaluación de ofertas. También se cuestionó que la compra se financiara con recursos del Fondo Especial de Reserva.
El informe añade que el vehículo fue registrado a nombre de la propia OPC, situación que considera incompatible con la naturaleza jurídica de un organismo desconcentrado, que carece de personalidad jurídica y patrimonio propio.
Además, los auditores objetaron la falta de un reglamento formal sobre el uso del automóvil y observaron que los registros de viajes carecían de datos básicos como kilometraje y horarios de salida y regreso.
Contrataciones y recursos humanos bajo la lupa
La auditoría relevó numerosas observaciones en los procedimientos de contratación y en la estructura de personal del organismo. Entre ellas, señaló la utilización reiterada de contratos de locación de servicios y de obra para cubrir funciones de analistas que, según la normativa, deberían estar cubiertas mediante concursos y cargos de planta permanente.
También advirtió sobre la contratación de personal administrativo y de apoyo mediante modalidades que, a su criterio, contradicen el esquema previsto por la ley de creación de la OPC.
Entre otras observaciones, mencionó la ausencia de evaluaciones de desempeño, la inexistencia de un área específica de recursos humanos, deficiencias en la trazabilidad de contrataciones y posibles situaciones de conflicto de interés que merecerían revisión.
Respecto del concurso de analistas realizado en 2023, el informe recordó que un dictamen jurídico de la Cámara de Diputados consideró que existieron vicios en los plazos de publicidad e inscripción, lo que podría conducir a la nulidad del procedimiento.
Otro episodio consignado en las actuaciones ocurrió el 24 de junio, cuando la Auditoría Interna informó a la comisión supervisora que durante una verificación de información pública encontró fuera de servicio el sitio web de la OPC. Según el reporte, la página exhibía el mensaje “Estamos realizando trabajos de mantenimiento en el sitio”, situación que, a criterio de los auditores, dificultaba temporalmente las tareas de relevamiento y control en curso.
El descargo de Esterelles
En su respuesta presentada el 26 de agosto ante la comisión, Gabriel Esterelles rechazó gran parte de las observaciones y sostuvo que muchas de las cuestiones señaladas por la auditoría responden a problemas estructurales que exceden las facultades de la dirección general.
El extitular de la OPC afirmó que durante buena parte del período auditado la Comisión de Supervisión Parlamentaria no mantuvo una actividad regular que permitiera tratar planes de trabajo, memorias institucionales, concursos y cuestiones de personal.
“Varias de las materias actualmente observadas fueron puestas oportunamente en conocimiento de la CSP, sin que se produjeran las decisiones o definiciones necesarias para su resolución”, sostuvo en su descargo.
Esterelles también defendió la validez del Fondo Especial de Reserva, argumentando que la normativa presupuestaria reconoce un tratamiento diferencial para el Poder Legislativo y que durante años su funcionamiento no recibió objeciones por parte de los organismos rectores de la administración financiera del Estado.
Respecto del concurso de analistas de 2023, remarcó que fue realizado con participación gremial, sin impugnaciones de postulantes y siguiendo criterios similares al concurso anterior. Según explicó, la controversia actual se limita a una diferencia interpretativa sobre el cómputo de determinados plazos.
En sus conclusiones, el exdirector insistió en que muchas de las observaciones formuladas “deben analizarse en el marco de las particulares condiciones institucionales bajo las cuales la OPC ha desarrollado sus funciones” y defendió el trabajo técnico realizado por el organismo durante su gestión.
La auditoría, sin embargo, recomendó a la comisión supervisora evaluar incluso la continuidad del SAF 369 y analizar la posibilidad de que la OPC vuelva a funcionar como programa presupuestario bajo la órbita administrativa de una de las cámaras del Congreso.