En lo que fue la segunda reunión del año de la Bicameral de Trámite Legislativo, la oposición reclamó debatir una serie de decretos de necesidad y urgencia polémicos, pero desde La Libertad Avanza se decidió comenzar con el tratamiento de decretos de facultades delegadas relacionados a la temática Mercosur.

Presidenta de la comisión, la senadora oficialista Belén Monte de Oca propuso arrancar con un cronograma de “20 decretos que fueron dictados en el año 2024, 2025 y 2026” referidos a la nomenclatura común del Mercosur. No obstante, detalló que en lo que va de la gestión de Javier Milei se acumulan 186 decretos (necesidad y urgencia, facultades delegadas y promulgación parcial de leyes).

“Pensamos que esta sería una buena propuesta para comenzar a trabajar porque nos puede llevar a un debate que es estratégico e institucional para nuestro país. Estamos tratando de controlar aquellos decretos que permitan que no existan vacíos normativos y que haya reglas claras en particular con lo que al Mercosur se refiere”, explicó la fueguina.

En esa línea, la senadora agregó: “Nos parece estratégico que demos certeza y seguridad jurídica a nuestros socios, no solamente los del Mercosur, sino también a potencias extranjeras”.

Designada vicepresidenta de la comisión, la diputada de Unión por la Patria María Teresa García aseguró que “no tendríamos problemas” en tratar esos decretos, “pero me parece que hay cuestiones que son de más urgencia”, dijo. Luego, pidió armar “un cronograma real y sostenido para saber cuándo vamos a funcionar”.

“Hay decretos que violan o vulneran de manera flagrante la Constitución Nacional”, remarcó y mencionó, entre ellos: “El 941/25 por las facultades cuasi policiales que se le dan al servicio de inteligencia, el 264/26 por el ingreso de tropas extranjeras sin intervención del Congreso, el 575/25 por avanzar sobre las facultades del Poder Judicial -ya declarado nulo por la Justicia-, y el 681/26 por su inconstitucionalidad y vaguedad en materia migratoria”.

A su turno, su par Vanesa Siley cuestionó los decretos por los cuales se eliminó el fondo fiduciario de manejo del fuego, se modificaron los topes para asignaciones familiares, se reglamentó el capítulo laboral de la Ley Bases y se implementaron reformas en materia de discapacidad.

También desde UP, el diputado Diego Giuliano hizo referencia al “grado de litigiosidad” que tienen algunos decretos, con “suspensiones judiciales”. Por lo tanto, solicitó “ver cuáles tienen los mayores cuestionamientos desde el punto de vista constitucional y legal en todas las jurisdicciones”.

“No hacemos evaluaciones de mérito, oportunidad o conveniencia política en cuanto a los decretos, sino más bien si cumplen con los requisitos constitucionales”, aclaró Monte de Oca y consideró que sobre los decretos judicializados “complicaría que los estemos analizando en paralelo”.

Al avalar el plan propuesto por la presidenta de la bicameral, la jefa de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, expresó: “Comenzar por darle certeza al Mercosur es realmente importante, en el último tiempo se han firmado varios acuerdos de libre comercio -el de la Unión Europea, el de Singapur y el EFTA- y es darle solidez a la institución del Mercosur que ya tantos años tiene en nuestra región”.

Después, Bullrich defendió el dictado de decretos de facultades delegadas, lo cual “no es una atribución inconstitucional” y recordó que mediante la Ley Bases “se le dieron facultades delegadas” a Milei.

En cuanto a DNU judicializados, señaló que “la mayoría aún no están firmes”, sino que se trata de fallos de primera instancia.

Finalmente, la senadora sostuvo: “Para nosotros todos los decretos tienen la misma importancia y son una herramienta constitucional que utilizan todos los gobiernos”.