Por una decisión impulsada durante el gobierno de Néstor Kirchner, el 2 de septiembre de 2003 quedó promulgada la norma que declaró insanablemente nulas las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. La medida marcó un punto de inflexión en la política de derechos humanos de la Argentina.
Hace exactamente 23 años, el 2 de septiembre de 2003, entró en vigor una de las leyes más trascendentes de la historia democrática argentina. Ese día fue promulgada la Ley 25.779, mediante la cual quedaron declaradas "insanablemente nulas" las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, normas que durante años habían impedido avanzar en los procesos judiciales contra responsables de delitos cometidos durante la última dictadura militar.
La decisión había sido adoptada apenas unos días antes por el Congreso de la Nación. El 21 de agosto de 2003, el Senado convirtió en ley el proyecto impulsado por el entonces presidente Néstor Kirchner, completando un proceso político que buscaba remover los obstáculos legales que aún limitaban el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad.
Las leyes anuladas habían sido sancionadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín. La Ley de Punto Final, aprobada en diciembre de 1986, estableció un plazo para la presentación de denuncias contra militares involucrados en la represión ilegal. Meses más tarde, en junio de 1987, la Ley de Obediencia Debida presumió que los oficiales subalternos habían actuado bajo órdenes superiores, eximiéndolos de responsabilidad penal.
Si bien en 1998 el Congreso había dispuesto una derogación de esas normas, aquella decisión no tuvo efectos prácticos sobre las causas ya cerradas. La verdadera ruptura jurídica llegó en 2003, cuando se declaró la nulidad de ambas leyes, permitiendo reabrir investigaciones y procesos judiciales vinculados al terrorismo de Estado.
La sanción de la Ley 25.779 fue uno de los pilares de la política de derechos humanos que caracterizó al gobierno de Kirchner y abrió una nueva etapa en la relación del Estado con los delitos cometidos durante la dictadura.
Dos años después, en junio de 2005, la Corte Suprema de Justicia ratificó ese rumbo al declarar la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, consolidando definitivamente el camino para la continuidad de los juicios por crímenes de lesa humanidad.
Así, cada 2 de septiembre constituye una fecha clave en la historia institucional argentina, al recordar la promulgación de la norma que permitió dejar sin efecto uno de los principales mecanismos de impunidad heredados de la transición democrática y reactivar el juzgamiento de los responsables de graves violaciones a los derechos humanos.