Tras un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda del Senado, se pasaron a la firma los dictámenes de dos acuerdos relacionados al traspaso de competencias judiciales de la Nación a la Ciudad de Buenos Aires. Ambos convenios fueron firmados por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y el titular de la cartera de Justicia porteña, Gabino Tapia.

Se trata de un acuerdo de transferencia de la función judicial en materia criminal y correccional de menores, y del Cuarto Convenio de Transferencia Progresiva de Competencias Penales, celebrados el 3 de julio pasado.

Al respecto, el senador Gonzalo Guzmán Coraita (LLA), presidente de la Comisión de Justicia, destacó la importancia de los acuerdos en el marco del proceso de transferencia de competencias y sostuvo que “significa la cuarta etapa de un proceso de transición para hacer realidad el artículo 129 de la Constitución Nacional, que reconoce la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus facultades de legislación y jurisdiccionales”.

La jornada contó con la participación de una decena expositores provenientes del Ministerio de Justicia de la Nación, la Justicia Nacional, el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, organizaciones representativas de magistrados y trabajadores judiciales y especialistas en materia constitucional.

Al inicio, expusieron el jefe de Gabinete de la Subsecretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia de la Nación, Mariano Rivas, y el asesor de esa Subsecretaría, Martín Monedero. Rivas centró su exposición en la procedencia y justificación de la aprobación de ambos convenios y planteó tres ejes para fundamentar su posición: “En primer lugar, la necesidad de avanzar en el traspaso de competencias y funciones judiciales a la Ciudad. En segundo término, la metodología de estos acuerdos es la que establece nuestro ordenamiento jurídico y también la que, exitosamente, se aplicó en casos anteriores. Por último, la Ciudad cuenta con disponibilidad y capacidad para hacerse cargo de estas nuevas competencias”.

A continuación, Monedero brindó detalles sobre el contenido de los acuerdos y las mejoras que, según explicó, implicarán para el sistema de administración de justicia.

Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Ricardo Pinto, cuestionó el traspaso de la justicia nacional de menores a la CABA por la “incertidumbre e inestabilidad” que genera para jueces, funcionarios y empleados, al no definir sus funciones y competencias y disponer el cierre de los juzgados.

En ese sentido, advirtió que quitarles la competencia “de un día para el otro” podría afectar la independencia y estabilidad de los magistrados y criticó la falta de especialidad del nuevo esquema, ya que los juzgados penales juveniles “juzgan a mayores y menores”. Como alternativa, planteó que los actuales juzgados nacionales de menores mantengan una función jurisdiccional definida: “Para dar estabilidad a los funcionarios y jueces es necesario que los juzgados nacionales de menores obtengan jurisdicción de índole federal o pasen a tener competencia criminal y correccional de forma tal que no queden en este limbo jurídico”.

También planteó sus reparos, el secretario General de la Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación (AEFPJN), Gonzalo Martínez Salum, quien señaló que los convenios no contemplen la situación de los trabajadores judiciales. “Nuestra posición institucional es que ambos acuerdos deben ser rechazados por este Congreso o por lo menos suspenderse hasta que se vea qué se va a hacer con los trabajadores”, enfatizó.

En la misma línea, Andrés Basso, presidente de AEFPJN, explicó que la postura institucional ha sostenido “de manera inalterable” el “rechazo al traspaso”, e indicó que esta posición “tiene sólidos argumentos y un anclaje exclusivamente en lo establecido en la Constitución Nacional y en la Ley 24.588”.

A su turno, Rocío Herrera, de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), advirtió sobre las consecuencias institucionales y presupuestarias de los convenios y aseveró: “No estamos acá frente a un simple reordenamiento administrativo de competencias judiciales, estamos frente a un ataque directo al federalismo argentino y frente a un vacío legal en cuanto a que la Ciudad no tiene las condiciones para hacerse cargo de las competencias y en un aumento de la brecha presupuestaria que existe entre CABA y el resto de las provincias”.

Por otro lado, expuso el abogado constitucionalista Daniel Reimundes, quien aportó consideraciones vinculadas con los aspectos constitucionales e institucionales de ambos convenios y se manifestó a favor de su aprobación.

En representación de la Justicia de la Ciudad, participó el presidente de la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas del Poder Judicial porteño, Javier Buján, quien afirmó que la Ciudad “está en condiciones de asumir el presente convenio” y pidió por la aprobación de ambos acuerdos.

También expuso la secretaria general de Investigaciones y Relaciones con las Fuerzas de Seguridad del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, Bárbara Moramarco Terrarossa, quien solicitó el cumplimiento de los convenios en todo lo referido a infancias y juventudes. El subsecretario de Finanzas del Ministerio de Hacienda y Finanzas porteño, Eloy Aguirre Rébora, abordó los aspectos presupuestarios vinculados con el proceso de transferencia.

Concluidas las exposiciones, y luego de que los senadores realizaran sus preguntas a los invitados, Guzmán Coraita puso en circulación para la firma de los senadores los dictámenes correspondientes a los dos acuerdos de transferencia de competencias.