La diputada nacional por Río Negro Lorena Villaverde fue alcanzada por un nuevo embargo preventivo dictado por la Justicia en el marco de una causa civil relacionada con la venta de un terreno en un loteo ubicado en Las Grutas.

El expediente es tramitado por el Juzgado Civil N° 5 de la Tercera Circunscripción Judicial, con asiento en Bariloche y a cargo del magistrado Cristian Tau Anzoátegui. La demanda está vinculada a uno de los emprendimientos inmobiliarios que la legisladora desarrolla en la villa balnearia rionegrina.

Según informó el diario Río Negro, fuentes judiciales remarcaron que se trata de una medida cautelar de carácter preventivo, habitual en los procesos civiles, que tiene como finalidad resguardar un eventual crédito o reclamo mientras se sustancia la causa. En ese sentido, el embargo no implica una definición sobre el fondo del litigio ni determina responsabilidades para ninguna de las partes.

No es la primera vez que Villaverde enfrenta una medida de estas características. En diciembre pasado se conoció otra resolución judicial mediante la cual se dispuso el embargo de su dieta como diputada nacional, a partir de una demanda presentada por un comprador de un lote en un desarrollo inmobiliario de Las Grutas. En aquella oportunidad, el monto reclamado rondaba los 40 millones de pesos.

También existe un antecedente anterior tramitado en el Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Familia N° 9 de San Antonio Oeste, igualmente relacionado con la venta de terrenos en el complejo Tajamar. En ninguno de esos expedientes se registran condenas firmes contra la legisladora.

Consultada sobre la nueva medida, Villaverde sostuvo no haber recibido ninguna comunicación oficial sobre el embargo. Según señaló, se enteró de la situación a través de publicaciones periodísticas y afirmó que tampoco había sido informada por sus representantes legales.

La diputada aclaró que, de acuerdo con la información a la que pudo acceder, se trataría de una medida cautelar adoptada dentro de un proceso civil aún en trámite. En ese marco, enfatizó que no existe una sentencia judicial ni una condena en su contra.

Asimismo, consideró que viene siendo objeto de un trato desigual desde distintos ámbitos institucionales y mediáticos, y vinculó la difusión de estas causas a una situación de exposición pública que, según su visión, trasciende el plano estrictamente judicial.

Finalmente, Villaverde aseguró que no busca eludir la actuación de la Justicia ni reclamar un tratamiento diferencial, sino que aspira a ejercer plenamente su derecho de defensa, ser debidamente notificada y aguardar una resolución judicial antes de que se formulen juicios públicos sobre su situación.