La cordobesa Carolina Basualdo presentó un proyecto de ley para replicar el sistema francés. El último informe de Unicef arrojó que la mitad de los niños, niñas y adolescentes de Argentina percibe algún tipo de uso problemático con internet, celulares o los videojuegos.
Bajo la premisa de copiar el sistema francés, la diputada nacional Carolina Basualdo presentó un proyecto de ley para establecer la “mayoría digital” en Argentina desde los 15 años. La iniciativa propone que el ingreso de los menores a las redes sociales pase a ser una corresponsabilidad de las familias, del Estado y de las empresas proveedoras de servicio.
El último informe “Kids Online 2025”, elaborado por Unicef, arrojó que la mitad de los niños, niñas y adolescentes de Argentina percibe algún tipo de uso problemático con internet, celulares o los videojuegos. Asimismo, los resultados que indicaron que el 58% de los jóvenes utilizó al menos una vez la Inteligencia Artificial y dos de cada tres lo ha hecho con propósitos escolares.
En el primer artículo del proyecto, el cual tiene giro a las comisiones de Familias, Niñez y Juventudes y a Comunicaciones e Informática, Basualdo propone que las personas menores de quince años solo podrán crear o mantener un perfil en una red social con el consentimiento previo, libre e informado de quienes ejerzan la responsabilidad parental, la tutela o la guarda.
La diputada Carolina Basualdo integra el bloque Provincias Unidas.
Del mismo modo, definió que se entiende por red social a toda plataforma digital que permita a las personas usuarias crear un perfil, generar o compartir contenidos e interactuar de manera pública o privada, cuyo funcionamiento se sustente en sistemas de recomendación de contenidos.
La propuesta normativa busca que las empresas proveedoras de redes sociales implementen sistemas de verificación de edad, pero que mantengan la protección de los datos personales. En el mismo sentido, fija las multas por incumplimiento que van desde los 100 a los 100.000 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, actualmente fijado en $ 383.800. También deja abierta la posibilidad de la suspensión de la plataforma, de forma total o parcial.
En los fundamentos, la cordobesa tomó como ejemplo el modelo adoptado recientemente por la República Francesa, primer Estado de la Unión Europea en consagrar una barrera etaria de esta naturaleza en su legislación nacional. “Se busca que el ingreso de las niñas, niños y adolescentes a las redes sociales deje de regirse por el mero autocontrol y pase a estar acompañado por la corresponsabilidad de las familias, del Estado y de las empresas proveedoras del servicio”, explicó.
Por otro lado, Carolina Basualdo mencionó una expectativa doble de cara al avance de este proyecto. Primero, destacó el esquema de protección sobre los menores de edad frente a los riesgos del entorno digital; y segundo, el traslado de la responsabilidad a las empresas proveedoras para garantizar entornos seguros.