Luego de varias reuniones informativas y, en base a siete iniciativas de diferentes bloques, La Libertad Avanza y bloques aliados avanzaron este jueves en el Senado con el dictamen de una nueva Ley de Biocombustibles, tras un plenario de las comisiones de Energía, Minería y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda.

El texto llegó a los senadores poco antes del plenario, según revelaron algunos, y hubo varias preguntas en torno a la redacción, con lo cual se propusieron cambios durante la misma reunión y no se descarta que pueda haber otros antes de llegar al recinto. De hecho, el despacho pasó a la firma, con el acompañamiento expresado por una mayoría, pero en el cierre del plenario no se anunció concretamente si había alcanzado las firmas necesarias.

"Esperamos que podamos llegar a un dictamen y llevar este tema a debate al recinto", dijo en el cierre la salteña Flavia Royón, presidenta de Energía, Minería y Combustibles, quien destacó que se trata de "un dictamen muy diferente" al proyecto planteado desde el oficialismo -presentado por Patricia Bullrich-, y que reunió aportes del conjunto de iniciativas que había y que venían debatiéndose desde el año pasado.

En tal sentido, las propuestas correspondían, además de la de Bullrich y la propia Royón (Primero Los Salteños), a Beatriz Ávila (Independencia); José Carambia y Natalia Gadano (Moveré Santa Cruz); Alejandra Vigo y Carlos Espínola (Provincias Unidas); Carlos Arce y Sonia Rojas Decut (Movimiento por Misiones); y Jorge Capitanich (Justicialista).

El nuevo régimen de biocombustibles prevé una vigencia de 15 años. Actualmente, el marco regulatorio votado en 2021 cuenta con una vigencia hasta 2030.

En cuanto a los porcentajes de cortes obligatorios de biodiésel para el gasoil y bioetanol para las naftas, se propone: en el primer caso, pasar del 5% actual a un 7,5% y, en el plazo de un año desde la sanción de la ley, elevarlo al 10%; en el segundo caso, se mantiene por un año el 12% actual y, transcurrido un año desde la nueva ley, se lleva al 15%.

Según el dictamen, al que tuvo acceso parlamentario.com, la autoridad de aplicación será la Secretaría de Energía, quien podrá "modificar excepcionalmente y mediante resolución fundada el referido porcentaje obligatorio, en función de asegurar el abastecimiento de la demanda ante situaciones comprobadas de escasez que afecten el mercado interno o por cuestiones técnicas y/o de calidad". "En ningún caso una reducción excepcional podrá extenderse por un plazo mayor a 90 días", agrega.

Otro de los artículos indicar que "a los fines de garantizar la competencia, la participación por empresa elaboradora no excederá 20% del total de la cantidad anual de bioetanol comercializado en el corte obligatorio durante el año calendario correspondiente".

A su vez, se faculta a las provincias y la Ciudad a "establecer regímenes de fomento propios habilitando nuevas bocas de expendio que favorezcan la comercialización de manera opcional e incremental de cortes superiores a los mínimos obligatorios".

Por otra parte, se permite la libre importación de biocombustibles para ser utilizados en mezclas superiores al corte obligatorio y en los casos en los que hubiese faltante de oferta para satisfacer la demanda del corte obligatorio. No obstante, se aclara que "los biocombustibles destinados al cumplimiento del porcentaje de mezcla obligatoria con combustibles fósiles deberán haber sido elaborados en plantas habilitadas instaladas en la República Argentina y a partir de materias primas de origen nacional".

En el dictamen también se contempla que "a los fines del cumplimiento mensual de la mezcla obligatoria, se deberá instrumentar un sistema de subastas en un Mercado Electrónico que concentre la comercialización de manera única, transparente y de acceso público, operado por un organismo independiente con experiencia comprobada en negociación de productos energéticos, agropecuarios, financieros u otros, y bajo estándares internacionales de comercio".

Debate en comisión

Al arrancar, tras una queja del senador puntano Fernando Salino por no conocer el texto del dictamen, Royón explicó algunos de los puntos principales. En tal sentido, señaló que en cuanto al corte obligatorio para bioetanol, "la propuesta habilita un 6% para el bioetanol de caña de azúcar, un 6% para el bioetanol de maíz y sube el corte al 15%, con lo cual un 3% es de competencia".

Asimismo, para evitar la concentración de mercado, "se incorporó que ninguna empresa pueda tener más del 20% del volumen, para garantizar condiciones de participación".

En cuanto al biodiésel, la salteña indicó que el dictamen contempla, hasta 2030, dos segmentos -empresas integradas y no integradas-; y que "ninguna empresa pueda tener más del 10% del volumen, además de extender la vigencia de este cupo para las empresas no integradas hasta 2036".

Por su parte, el oficialista Pablo Cervi destacó que las modificaciones buscan preservar la participación de los actuales oferentes, especialmente de aquellas empresas que enfrentan mayores dificultades competitivas debido a su ubicación geográfica o a la distancia de los puertos.

También, remarcó que el nuevo esquema procura avanzar hacia un mercado con mayor competencia y reemplazar el sistema actual, en el que la autoridad de aplicación determina tanto los cupos como los precios. En ese sentido, apuntó que el dictamen mantiene la posibilidad de desarrollar un mercado electrónico y celebrar contratos, además de habilitar a las provincias a ampliar los porcentajes de corte, tomando como antecedente la experiencia de Córdoba.

En cuanto al bioetanol, el neuquino destacó las oportunidades que abre el nuevo régimen para promover inversiones en el sector y señaló que ya existen proyectos de inversión anunciados. Consideró que la sanción de la ley permitirá generar nuevas oportunidades de desarrollo y, si bien reconoció que el sector del biodiésel cuenta actualmente con capacidad ociosa, sostuvo que el bioetanol presenta una importante oportunidad para atraer nuevas inversiones al país.

Desde Córdoba, la senadora Alejandra Vigo anticipó: "Lo que me sigue generando dudas es el cupo para las no integradas, del 3%. Nosotros vamos plantear una disidencia, porque nos parece que debería ser un cupo mayor, porque es algo que se viene planteando desde todos los sectores".

También observó que, en lo referido al cupo sobre biodiésel, "es ambiguo, hay una redacción no muy clara". Y, tras advertir que esto podría traer "más revuelo", pidió: "Esta ley tiene que hacer nacer el equilibrio, si no hubiéramos dejado las cosas como estaban antes".

Otro de los que cuestionó el porcentaje para las empresas no integradas (definidas como "aquellas productoras de biodiésel que no forman parte de un ente individual y/o grupo económico tenedor, entre sus activos, de una o más fábricas de aceites vegetales y harinas proteicas) fue el santafesino Marcelo Lewandowski. El senador peronista advirtió además por las facultades a la Secretaría de Energía que "ha optado más por las petroleras y no por el complejo de biodiésel y bioetanol".

A su turno, la tucumana Beatriz Ávila celebró el plazo del régimen en 15 años, que "da previsibilidad". "Necesitábamos imperiosamente una nueva ley", consideró y confesó que hubiera querido elevar a 18% el bioetanol. "Sigo insistiendo que el 1% es insuficiente, pero sé que hay consenso en eso", dijo.

Nuevamente al tomar la palabra, Salino aseguró iba a presentar un dictamen alternativo "en protección de las PyMEs y fuentes de trabajo de San Luis, La Pampa, Buenos Aires y Entre Ríos". "Tenemos una diferencia de fondo que no hemos podido zanjar, se habla de integradas y no integradas; nosotros necesitamos una mirada que contemple las regiones", señaló, aunque aclaró que "cualquier voluntad que haya de elevar el corte, la vamos a acompañar".

Por su parte, la jefa de LLA, Patricia Bullrich, le contestó que "hay una serie de contemplaciones muy importante para aquellas empresas llamadas no integradas, para que puedan tener su cuota de participación". "Esta ley está muy modificada a lo que era la ley original y creo que es un avance para que las no integradas sientan que han sido consideradas", añadió.

En línea con Salino, el senador Jorge Capitanich expresó: "Aquí se plantea un enfoque estrictamente regulatorio y hay cierta endeblez desde el punto de vista del desarrollo federal, con respecto a las PyMEs y las cooperativas del interior. Deberíamos incorporar el sostenimiento del cupo para PyMEs no integradas, no menos de 7,5%".

Por el oficialismo, el senador fueguino Agustín Coto pidió incorporar al texto una definición de "zonas frías patagónicas" y que se aplique la norma IRAM correspondiente, porque el combustible cortado no funciona bien con temperaturas muy bajas (se gelifica, tapa filtros). El resto de los senadores lo aceptó y quedó incorporado al dictamen.

Al celebrar el dictamen, la senadora de Convicción Federal Carolina Moisés resaltó que "el año pasado el Gobierno tenía una posición totalmente diferente a la que tiene ahora, entonces bienvenido sea el cambio de posición. Porque claramente el contexto internacional, la guerra en Medio Oriente, el cierre del estrecho de Ormuz y todo lo que produjo el aumento del precio del petróleo, le hizo ver la enorme necesidad y urgencia de que nosotros teníamos razón en cuanto a oportunidad".

Al recordar el debate del año pasado, cuando presidía la Comisión de Energía, el radical Flavio Fama subrayó que "indudablemente el proyecto oficial va a un escenario de libre competencia, porque las no integradas además de un 3% van a tener un 7% para competir, también eso hay que decirlo".

"La ley que está vigente tiene sus problemas, yo no conozco ley que garantice cupo y rentabilidad", opinó el catamarqueño y defendió que "la ley será la ley posible en un marco, ojalá, de máximo consenso" y habrá que "dar la oportunidad de que la ley funcione".