El diputado nacional de la Coalición Cívica cuestionó el giro del Gobierno en la cuestión Malvinas y advirtió sobre el uso político de una causa que definió como “nacional y de Estado”. Reclamó que los anuncios realizados por Javier Milei sean debatidos en el Congreso y alertó sobre los riesgos de otorgar facultades extraordinarias bajo el argumento de la defensa de la soberanía.
Malvinas es una causa nacional. Su defensa y reivindicación es una obligación de la Constitución. No le pertenece a Milei ni a ningún gobierno, a pesar del manoseo recurrente que todos han hecho de esta causa cuando andan complicados internamente y necesitan tapar los problemas de los argentinos o relegitimar su poder.
Hasta hace nada, Milei tenía otra agenda y otra posición sobre Malvinas. Llegó a reivindicar a Margaret Thatcher y durante mucho tiempo relativizó el reclamo de soberanía y consideró legítimo el derecho a la autodeterminación de los kelpers. Pero no solo decía lo opuesto en lo discursivo, también lo hizo en los hechos, basta mirar los presupuestos en Defensa y en Ciencia y Técnica vinculados a asuntos oceánicos y polares.
De un día para el otro, y solo después de un comentario de Trump, sacó del cajón la carta Malvinas. Lo mismo con la Antártida y el Atlántico Sur, ahora es prioritaria la construcción de la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego, después de tres años de desfinanciamiento.
Malvinas es y tiene que ser siempre causa nacional y política de Estado, y Antártida también. En ambos casos hay una disputa de soberanía con el Reino Unido, solo que en el caso de la Antártida está “pausada” por el Tratado Antártico. El ejercicio efectivo de nuestros derechos soberanos es innegociable en ambos casos, desde patrullar los mares y océanos, hasta cuidar nuestros recursos y desarrollar estos territorios.
La soberanía argentina sobre las islas, el Atlántico Sur y nuestros recursos naturales y estratégicos no se discute. Tampoco puede utilizarse con fines populistas, para sostener delirios de unanimidad o para acusar de enemigos de la patria a quienes no se sometan y apoyen al Gobierno.
Hay que estudiar seriamente cada uno de los anuncios de anoche, sin caer en posiciones simplistas ni maniqueas. Hay aspectos que merecen un debate profundo. También hay que analizar por qué, existiendo herramientas legales para hacerlo, no se aplicaron para defender nuestra soberanía.
Hay un límite innegociable, no hay lugar para facultades delegadas ni para superpoderes. La “unidad” para defender la soberanía argentina no requiere que ningún gobierno, cualquiera sea su signo político, ni el Presidente ni sus funcionarios, concentren más poder por fuera de la Constitución.
Ojo con el nacionalismo tonto, peligroso y exacerbado. Es la careta de todo autócrata.
Que envíe los proyectos al Congreso y que los funcionarios de Cancillería y Defensa den las explicaciones necesarias sobre esta novedosa urgencia del Gobierno con Malvinas.