Los diputados de la Coalición Cívica solicitaron intervenir como querellantes en el expediente que investiga supuestas maniobras de tráfico de influencias y cohecho vinculadas a Karina Milei. Sostienen que hubo una “comercialización de la agenda presidencial” y reclamaron nuevas medidas de prueba.
Los diputados nacionales de la Coalición Cívica Mónica Frade y Maximiliano Ferraro solicitaron a la Justicia Federal ser aceptados como querellantes en la causa que ellos mismos impulsaron por presuntas irregularidades vinculadas con la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei. En el escrito presentado ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 8, los legisladores ratificaron en todos sus términos la denuncia original y reclamaron participar activamente en la investigación.
La denuncia gira en torno a un supuesto esquema mediante el cual la hermana del presidente habría solicitado o recibido pagos para gestionar audiencias privadas con Javier Milei, facilitar ingresos a la Casa Rosada y a la Quinta de Olivos, promover publicaciones presidenciales en redes sociales y generar contactos institucionales en beneficio de empresarios y referentes del ecosistema cripto.
En la presentación judicial, los diputados sostienen que la agenda presidencial habría sido utilizada como un “activo transable”, convirtiendo el acceso al Presidente en una mercancía. Para sustentar esa hipótesis mencionan declaraciones públicas de diversas personas vinculadas al mundo de las criptomonedas, así como registros oficiales de ingresos a dependencias presidenciales y la evolución patrimonial de la secretaria general de la Presidencia.
Frade y Ferraro consideran que los hechos podrían encuadrarse, en principio, en delitos de cohecho pasivo agravado, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. También sostienen que la investigación podría derivar en la imputación de otros delitos a medida que avance la instrucción.
Como fundamento de su pedido de querella, los legisladores argumentaron que no solo son los denunciantes originales sino que además cumplen una función constitucional de control sobre el Poder Ejecutivo. En ese sentido, señalaron que las maniobras denunciadas afectarían directamente la transparencia del proceso de toma de decisiones presidenciales y, por lo tanto, su tarea institucional como diputados nacionales.
El escrito también destaca la participación de ambos en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados que analizó el caso de la criptomoneda $LIBRA. Según recordaron, Ferraro presidió ese cuerpo parlamentario, cuyo informe final fue incorporado como prueba documental en la causa judicial. Asimismo, acompañaron preguntas formuladas por la Coalición Cívica al jefe de Gabinete en relación con eventuales vínculos entre funcionarios nacionales y los impulsores de ese proyecto cripto.
Entre las medidas de prueba solicitadas figuran la declaración testimonial de Nadia Beller, residente en Bolivia, y una pericia informática destinada a verificar la autenticidad de chats y mensajes que podrían resultar relevantes para la investigación.
Finalmente, los diputados pidieron que se los tenga por constituidos como parte querellante, que se produzcan las pruebas requeridas y que, una vez reunidos los elementos necesarios, se avance hacia eventuales declaraciones indagatorias y resoluciones de mérito respecto de los responsables que surjan de la investigación.