El diputado nacional advirtió sobre una presunta incompatibilidad entre la Ley 26.659, que sanciona a empresas vinculadas a actividades hidrocarburíferas en torno a las Islas Malvinas, y la aprobación del proyecto Southern Energy dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones.
El diputado nacional de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro reclamó explicaciones al ministro de Economía, Luis Caputo, y al secretario de Finanzas, Pablo Quirno, por la participación de Harbour Energy en el consorcio Southern Energy, que recientemente obtuvo los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
A través de un extenso pronunciamiento difundido en redes sociales, Ferraro sostuvo que Harbour Energy y Premier Oil PLC serían la misma persona jurídica, luego de un cambio de denominación social concretado en 2021. En ese sentido, recordó que la entonces Premier Oil fue inhabilitada por el Estado argentino en 2013 para desarrollar actividades en el país durante 15 años, tras operar en la plataforma continental cercana a las Islas Malvinas sin autorización nacional, en violación de la Ley 26.659.
“Un cambio de nombre no crea una persona jurídica nueva ni extingue las sanciones que pesaban sobre la anterior”, afirmó el legislador, quien planteó que la inhabilitación dispuesta sobre Premier Oil continuaría vigente hasta 2028 y, por lo tanto, alcanzaría actualmente a Harbour Energy.
Según detalló Ferraro, la compañía participa con un 15% de las acciones de Southern Energy, el consorcio que recibió la aprobación oficial para adherir al RIGI y desarrollar un proyecto de producción y exportación de gas natural licuado desde la provincia de Río Negro.
El diputado señaló además que la Ley 26.659 no sólo alcanza a las empresas que realizan directamente actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina en el área de Malvinas, sino también a sus accionistas, controlantes y sociedades vinculadas. Por ello, cuestionó cómo los organismos intervinientes en el expediente no habrían advertido esa situación antes de emitir los dictámenes legales correspondientes.
“Ningún acto administrativo puede pasar por encima de una inhabilitación vigente”, sostuvo Ferraro, al tiempo que reclamó que el Gobierno informe si evaluó este antecedente al momento de otorgar los beneficios promocionales previstos en el RIGI.
Asimismo, reconoció que Harbour Energy ya no desarrolla operaciones en las Islas Malvinas, luego de desprenderse de esos activos en 2022, aunque remarcó que ese hecho no modificaría, a su juicio, los efectos de la sanción administrativa previamente impuesta por el Estado argentino.
En el cierre de su planteo, el legislador pidió que el Ministerio de Economía explique “cómo una empresa alcanzada por una inhabilitación firme hasta 2028 terminó formando parte de un proyecto beneficiado por el RIGI” y si prevé adoptar alguna medida adicional frente a esa situación.