A través de un pedido de informes reclaman que el PEN detalle los fundamentos que llevaron a aprobar la adhesión del consorcio Southern Energy al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La iniciativa cuestiona que uno de sus accionistas estaría vinculado a una empresa inhabilitada para operar en el país por actividades en las Islas Malvinas.
La diputada de Unión por la Patria Sabrina Selva, junto a Jimena López, Marina Salzmann, Sebastián Galmarini, Ramiro Gutiérrez, Cecilia Moreau, Diego Giuliano y Jorge Neri Araujo Hernández, presentó un proyecto de resolución para solicitar informes al Poder Ejecutivo sobre la Resolución 559/2025 del Ministerio de Economía, mediante la cual se aprobó la adhesión del consorcio Southern Energy al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
Los legisladores reclaman información detallada sobre las razones técnicas y jurídicas que llevaron al Gobierno a conceder los beneficios del régimen aun cuando, según sostienen, el 15% de la composición accionaria del consorcio pertenece a Harbour Energy plc, empresa que consideran continuadora jurídica de Premier Oil PLC, firma que fue inhabilitada por 15 años para operar en la Argentina mediante la Resolución 481/2013 de la Secretaría de Energía.
La iniciativa pide además que el Ministerio de Economía explique cómo interpretó la aplicación de la Ley 26.659, que establece condiciones para la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina y prohíbe al Estado contratar o beneficiar a empresas sancionadas por desarrollar actividades ilegales en la zona de las Islas Malvinas, así como a sus accionistas o controlantes.
Entre los puntos incluidos en el pedido de informes, se solicita identificar qué áreas técnicas y servicios jurídicos intervinieron en el expediente que concluyó con la aprobación del beneficio, remitir los dictámenes elaborados durante la tramitación y detallar si el Gobierno evalúa revocar la resolución por una eventual incompatibilidad con la normativa vigente.
Asimismo, los diputados preguntan si se iniciaron o prevén iniciarse sumarios administrativos para determinar responsabilidades de los funcionarios que participaron del proceso y qué mecanismos de control societario internacional se aplicaron para verificar la composición accionaria de las empresas involucradas. También solicitan conocer qué protocolos se implementarán para evitar que firmas alcanzadas por sanciones puedan eludir las restricciones mediante cambios de denominación o reestructuraciones corporativas.
En los fundamentos del proyecto, los autores sostienen que la aprobación del RIGI para Southern Energy constituye un hecho de “gravedad institucional”, debido a que Harbour Energy sería la continuidad societaria de Premier Oil PLC, empresa sancionada por operar sin autorización en la plataforma continental argentina y en las Islas Malvinas. Según la presentación, la inhabilitación permanecería vigente hasta 2028.
Los legisladores señalan además que el beneficio aprobado implica otorgar ventajas impositivas, aduaneras y cambiarias por un período prolongado para un proyecto de exportación de gas en la provincia de Río Negro. En ese contexto, afirman que resulta necesario determinar si existió una omisión administrativa o una interpretación jurídica que permitió el acceso al régimen promocional pese a los antecedentes mencionados.
Finalmente, el proyecto advierte que ningún régimen de promoción de inversiones puede contradecir las normas vinculadas a la defensa de la soberanía nacional sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, y reclama que el Poder Ejecutivo brinde respuestas documentadas sobre el proceso que derivó en la aprobación del beneficio.