Los argentinos asistimos a un drama silencioso que se mete por las rendijas de cada puerta, que quita el sueño y carcome la dignidad de los trabajadores. Es el sobreendeudamiento desesperado de las familias. Hablamos de millones de personas que estiran los plásticos de sus tarjetas de crédito o recurren a dudosas billeteras virtuales solo para garantizar un plato de comida en la mesa o pagar las tarifas de los servicios públicos.

Frente a esta tragedia humanitaria y financiera, la respuesta de la Casa Rosada es ineficiente y de una indolencia moral intolerable. Para el oficialismo, el hambre de financiamiento es, simplemente, "un problema entre privados".

Las estadísticas de la realidad derriban cualquier relato de orden macroeconómico. De acuerdo con informes del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) y relevamientos parlamentarios, cerca de 20 millones de argentinos sostienen hoy algún tipo de financiamiento o deuda activa. El dato más escalofriante de esta radiografía de la asfixia es que la morosidad en el segmento de los créditos familiares superó el 12% en lo que va de 2026, tras acumular un incremento ininterrumpido durante 20 meses consecutivos. Y si a esto le sumamos los créditos informales en manos de usureros, con dinero de dudosa procedencia, las cifras se estiran hasta casi la mitad de la población.

Detrás de ese porcentaje frío hay seis millones de personas atrapadas en una situación de mora grave, empujadas por la desregulación de las tasas, el estancamiento de los salarios y la insensibilidad de un modelo que fagocita el consumo básico. Los bancos tradicionales les cierran las puertas a los deudores y estos terminan cayendo en la usura de financieras tecnológicas o prestamistas barriales que cobran intereses astronómicos.

Ante este escenario de emergencia, desde el Congreso de la Nación intentamos encender las alarmas. Desde nuestro bloque de Diputados venimos acumulando una gran cantidad de proyectos destinados a paliar la crisis, a los que se suman otros provenientes de la izquierda. Proyectos que promueven topes a los intereses usurarios de las tarjetas de crédito, la protección de las cuentas sueldo frente a los embargos bancarios o regímenes extraordinarios de desendeudamiento responsable para los consumidores.

Muchos de estos planes, cabe destacar, no poseen costo fiscal para las arcas del Estado. Sin embargo, la respuesta del Poder Legislativo en manos de Martín Menem volvió a exhibir la peor cara del oficialismo. En la última sesión de la Cámara baja, los bloques de la oposición logramos reunir 133 votos afirmativos para forzar el tratamiento inmediato de estos expedientes. Pero la insensibilidad se hizo número: el oficialismo, junto a sus habituales aliados circunstanciales, bloqueó de manera sistemática la apertura del debate al impedir que se alcancen los tres cuartos necesarios. Apagan los micrófonos en el recinto, cajonean las propuestas en las comisiones que presiden y miran para otro lado. Se niegan a legislar sobre una urgencia que está destruyendo el tejido social de la Nación.

Esta desconexión absoluta con el sufrimiento ajeno no solo nos indigna como representantes políticos de la oposición. Distintos sectores civiles y religiosos han roto el silencio ante la gravedad de la crisis. La mismísima Iglesia Católica, a través del presidente de la Conferencia episcopal Argentina, Marcelo Colombo, manifestó su profunda preocupación por el desamparo en el que se encuentran los hogares, alertando sobre cómo la pobreza se desplaza hacia sectores de clase media mediante el endeudamiento compulsivo y reclamó “una rápida solución al problema dejando de lado la mirada superficial de aquellos que se desentienden de la situación”. Esto ocurrió días después de encontrarse con el Papa León XIV en Roma.  Cuando los obispos y las organizaciones barriales coinciden en que la situación no se sostiene más, el dogmatismo ideológico del Gobierno roza la crueldad. Sostener, como argumenta el Poder Ejecutivo, que las deudas generadas bajo un régimen de asfixia inducida son un "contrato libre entre privados" es una falacia perversa. No hay libertad cuando la opción es endeudarse o no comer.

El Estado tiene la obligación constitucional e institucional de regular los abusos financieros y proteger a los eslabones más débiles de la sociedad. Seguir pateando el debate legislativo y blindando las ganancias financieras a costa de las mesas vacías de los argentinos no es audacia económica: es complicidad, egoísmo político y una alarmante falta de humanidad a las que ya nos tiene acostumbrado Javier Milei y sus secuaces.

Por eso, este miércoles convocamos desde los bloques opositores a una sesión especial en la Cámara de Diputados de la Nación para poner en debate el endeudamiento familiar y la emergencia en discapacidad, dos frentes de la misma indiferencia. El Gobierno empujó a la sociedad al borde del abismo y sigue mirando para otro lado, protegido por sus operadores parlamentarios. El 9 de septiembre quedará claro, una vez más, quiénes están del lado del Pueblo que sufre y quiénes responden a otros intereses, los de siempre.