Funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Nación expusieron este jueves en la Cámara de Diputados sobre la búsqueda de personas extraviadas y el programa de Alerta Sofía, durante una reunión informativa de la Comisión de Seguridad Interior.

En el encuentro, que duró más de dos horas, se dio un dinámico intercambio y tanto desde el oficialismo como desde la oposición mostraron coincidencia en avanzar con proyectos que permitan mejorar el sistema.

Algunas de las iniciativas apuntan a darle jerarquía de ley al programa Alerta Sofía, creado por resolución hace una década, y también al Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas. Incluso, se mencionó que hay una media sanción del Senado, votada el año pasado. Pero los legisladores pidieron a los funcionarios que puedan sugerir específicamente lo que consideran debe considerar un proyecto de este tipo.

Al comenzar, la presidenta de la comisión, Florencia de Sensi, resaltó que "detrás de cada estadística, de cada número, hay familias que buscan personas, y me parece que eso es lo que no tenemos que perder de vista".

Sobre el Alerta Sofía, consideró que "tenemos que analizar cómo se construye, cómo funciona" y saber si los proyectos que hay presentados sobre el tema "van a ayudar o van a entorpecer para querer mejorar algo".

La legisladora del Pro recordó que "el SIFEBU (Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas de Argentina) fue creado por decreto en 2016, durante la gestión de Mauricio Macri como presidente, y posteriormente en 2019 se crea el Alerta Sofía, cuando Patricia Bullrich también era ministra de Seguridad".

"Cada vez que desaparece una persona, un niño, un adolescente, cada minuto cuenta, por eso el Estado tiene que tener la capacidad de actuar de manera rápida y coordinada", subrayó y destacó que "si hay algo en lo que tenemos consenso (oficialismo y oposición) es que queremos que el SIFEBU y la Alerta Sofía funcionen".

En la misma línea, el vicepresidente segundo de la comisión, José Glinski, dijo que el tema "es algo que tiene un consenso total" y "es evidente que es un problema que a los legisladores les interesa trabajar", a partir de las distintas iniciativas presentadas.

El diputado de Unión por la Patria se mostró a favor de "encontrar puntos de acuerdo" y que el tema "empiece a trabajarse en asesores". Además, abogó por que el programa Alerta Sofía "tenga mayor institucionalidad, deje de ser un decreto y pueda convertirse en una ley con el consenso suficiente, que es lo que requieren las políticas de Estado".

Desde el Ministerio de Seguridad, María Ximena Albornoz, directora Nacional de Investigaciones de Delitos de Trata contra la Integridad Sexual, ponderó el "interés genuino de todos los bloques en poder abordar este tema". No obstante, aclaró que "la gestión diaria de la búsqueda de personas exige herramientas normativas diseñadas por quienes desde la praxis operativa llevan adelante el área sustantiva que se ocupa de esta situación". Y se manifestó a favor de garantizar "una herramienta que sea eficaz, pero sobre todo aplicable a nivel federal".

Coordinadora del SIFEBU, Paula Sánchez Ayala, afirmó que la sanción de una ley "nos parece sumamente necesario e importante". "Detrás de cada persona desaparecida hay familias, allegados, personas que sufren y que padecen uno de los sentimientos más espantosos que puede tener el ser humano, que es la incertidumbre, con lo cual una respuesta estatal es obligada", expresó.

Sobre el accionar del área, indicó que "el trabajo se inicia cuando tomamos conocimiento de que existe una denuncia" y, generalmente, con "información fragmentada que tratamos de unificarla". Se apunta a "coordinar esfuerzos y recursos interjurisdiccionales".

"Las primeras horas en criminalística son las horas más importantes para una investigación; estadísticamente, a nivel internacional, sabemos que cuando un niño desaparece y es asesinado, el homicidio se comete en las primeras tres horas", apuntó.

Al explicar el trabajo coordinado que se realiza entre las provincias y las autoridades nacionales y locales, ya que la desaparición de personas es un hecho "interjurisdiccional", Sánchez Ayala aclaró: "Nosotros no sustituimos al investigador, a los jueces, a los fiscales; no reemplazamos tampoco a las policías jurisdiccionales, se trabaja en conjunto; y no federalizamos la búsqueda". "En general se nos consulta en casos que se complejizan", añadió.

Más adelante, remarcó que "tenemos la tecnología de nuestro lado, no podemos comparar con las búsquedas que se hacían hace 25, 30 años, cuando recién estamos accediendo a internet, a hoy que tenemos una tecnología de avanzada".

Sobre las propuestas legislativas, la coordinadora del SIFEBU sostuvo: "Creemos que hacer un registro nacional o federal, en donde confluyan todas las personas desaparecidas y NN, va a facilitar la trazabilidad y acceso a la información".

Paula Sánchez Ayala

En su exposición, informó que, según datos del SIFCOP (Sistema Federal de Comunicaciones Policiales), "en este momento hay 123.013 casos de búsqueda de personas extraviadas, cargadas por distintas jurisdicciones. El promedio de casos al año son 13.300, es mucho. Hay provincias que no cargan todos los casos. Seguramente haya más búsquedas que no están cargadas en el sistema, probablemente porque apareció enseguida, pero igual debería estar cargada".

"No todas las búsquedas de personas están relacionadas con un hecho delictivo, la mayoría son personas que se van por decisión propia", agregó.

En cuanto a Alerta Sofía, señaló que "para nosotros es una herramienta más, y con esto no le bajo el precio, es una herramienta excepcional de suma importancia porque la aplicamos cuando las situaciones tienen características excepcionales".

"No toda desaparición de niño, niña o adolescente exige la activación de la Alerta Sofía, sí cuando desaparece un menor de edad la búsqueda debe iniciarse sin ninguna clase de demora", aseveró.

También expusieron Rocío Cosiansi, asistente técnica del SIFEBU; y Germán Pugnaloni, director Nacional de Normativa y Relacionamiento con los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos.

Al momento de las preguntas de los diputados, Horacio Pietragalla, de Unión por la Patria, mencionó el proyecto presentado por él y Matías Molle para crear la Unidad Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas. "Para nosotros esta unidad tiene que tener mucho más volumen que el que tiene hoy, tiene que tener un lugar de recepción de denuncias directas, entendemos que hay que capacitar a las provincias", dijo. Y celebró que haya "voluntad de trabajar en un proyecto unificado, es una necesidad que demanda nuestra realidad".

En tanto, la oficialista Patricia Vásquez consultó a los funcionarios "si hoy cuentan con herramientas de inteligencia artificial que colaboren con mayor rapidez" en la búsqueda de personas. Acto seguido, desde UP, Juan Grabois arrancó: "Sorprendentemente coincide mi pregunta con la de la diputada Vásquez. ¿Cuáles son las herramientas tecnológicas con las que cuentan hoy y qué es lo que no tienen?".

También en relación al presupuesto del área, por lo que preguntó Pietragalla, Sánchez Ayala respondió: "No tenemos un presupuesto asignado específico. Sí cuando hay alguna emergencia o necesidad de capacitación, el Ministerio cumple los gastos".

"Hay un recorte presupuestario general. La IA es una gran herramienta si uno la usa con responsabilidad y juicio crítico, acorta mucho el camino temporal y es ordenadora de información, pero nosotros no tenemos asignado un presupuesto específico como para utilizarla oficialmente. Por lo menos no por el momento, pero sería una buena propuesta", señaló y reveló que son "16 personas trabajando para las 24 jurisdicciones, 24/7".

En el arranque de la reunión se completaron las autoridades de la comisión, siendo designados Patricia Vásquez (LLA) como vicepresidenta primera, Martín Matzkin (LLA) como secretario primero y Ramiro Gutiérrez (UP) como secretario segundo.