Diputados de UP presentaron un proyecto de resolución para que el Poder Ejecutivo informe sobre el estado de aplicación de la Ley 27.801 de Régimen Penal Juvenil.
La diputada kirchnerista Paula Penacca presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de resolución para reclamar al Poder Ejecutivo información detallada sobre la implementación de la Ley 27.801, que creó el nuevo Régimen Penal Juvenil aplicable a adolescentes desde los 14 años.
La iniciativa, girada a las comisiones de Justicia y de Presupuesto y Hacienda, plantea una serie de interrogantes vinculados con la puesta en marcha efectiva del nuevo régimen y de su reglamentación, aprobada mediante el Decreto 875/2026. Entre otros puntos, solicita conocer si el Ministerio de Justicia elaboró informes técnicos o firmó convenios de cooperación con provincias y la Ciudad de Buenos Aires para la implementación del sistema de supervisores previsto por la ley.
Además, el proyecto que lleva el acompañamiento de Vanesa Siley, Natalia Zaracho y Pablo Yedlin, requiere información sobre el grado de avance de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la creación de sus propios registros de supervisores, un aspecto que consideran central para la aplicación del régimen en todo el país. También se piden precisiones respecto de eventuales transferencias de recursos nacionales para colaborar con las jurisdicciones locales y si existe una partida específica prevista en el Presupuesto 2027 para ese fin.
Otro de los ejes del pedido apunta al funcionamiento del Comité Interministerial del Régimen Penal Juvenil y de la Mesa Federal del Régimen Penal Juvenil, organismos creados por la reglamentación. Los autores buscan conocer si ya fueron designados sus integrantes, si mantuvieron reuniones y qué provincias han adherido a los mecanismos de coordinación federal.
Asimismo, reclaman información sobre la cantidad de profesionales incorporados al listado provisorio de supervisores y el avance de la convocatoria para conformar el registro definitivo. En ese sentido, solicitan datos que permitan evaluar si la disponibilidad de supervisores resulta suficiente para atender la cantidad estimada de adolescentes que quedarían bajo seguimiento del sistema.
En los fundamentos del proyecto, los diputados advierten que, si bien la Ley 27.801 constituye legislación de fondo de aplicación obligatoria en todo el territorio nacional, la implementación operativa recae en gran medida sobre las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, sin que exista una asignación presupuestaria específica para esas jurisdicciones. Según sostienen, esta situación genera dudas sobre la capacidad real para garantizar una aplicación homogénea y efectiva del nuevo régimen penal juvenil.
Por ello, los legisladores consideran necesario que el Congreso cuente con información actualizada sobre el estado de implementación de la norma para evaluar eventuales medidas que permitan fortalecer su puesta en marcha en todo el país.