Un proyecto de ley que propone modificar la ley orgánica del Tribunal Fiscal de Apelación bonaerense ingresó a la Cámara de Diputados con dos objetivos: crear una "tasa" y mejorar las remuneraciones de sus integrantes.
Tras el acuerdo logrado en diciembre pasado, que posibilitó su integración total, los diputados ahora buscan dotar de más recursos al organismo y mejorar el “tratamiento remunerativo” de sus integrantes, para equipararlo a los jueces de Cámara.
La iniciativa; que se inscribe en el “acuerdo político original” que aprobó los pliegos de ocho de los nueve integrantes, en diciembre pasado, del Tribunal Fiscal de Apelación; plantea una reforma del Decreto Ley 7603/70 y establece la creación de la Tasa de Actuación.
De acuerdo con la iniciativa, la tasa será equivalente al 0,60% del importe de los saldos de impuestos determinados en las apelaciones o de las multas aplicadas. Los recursos obtenidos serán destinados al denominado Fondo de Jerarquización y Especialización Técnico-Tributaria (FOJET), que administrará el propio Tribunal.
El proyecto también establece una equiparación salarial para los vocales del Tribunal Fiscal de Apelación, quienes pasarían a tener un “tratamiento remunerativo” equivalente al de los integrantes del Tribunal de Cuentas bonaerense.
Como se sabe, el Tribunal Fiscal de Apelación es un organismo autárquico que interviene en las controversias entre la administración tributaria provincial y los contribuyentes.
Entre sus funciones se encuentra resolver las apelaciones contra determinaciones de impuestos y multas, constituyéndose como una instancia especializada previa a una eventual discusión en la Justicia ordinaria.
El organismo está integrado por nueve vocales distribuidos en tres salas, que deben contar con representación de abogados y contadores públicos, de acuerdo con la normativa vigente.
La reactivación del organismo que estaba virtualmente acéfalo se dio en febrero de este año, cuando el gobernador Axel Kicillof designó a “ocho nuevos vocales” en el Tribunal, tras “el acuerdo” prestado por la Cámara de Diputados, en la sesión del 3 de diciembre de 2025.
El decreto estableció, de acuerdo con los diputados, la designación de Cecilia Alejandra Oroz, exsecretaria de Hacienda del intendente de Pehuajó, Pablo Zurro; Ángel Gabriel Villegas, exdiputado provincial en representación del Frente Renovador y Marcelo Darío Giampaoli, exsecretario de Hacienda de La Plata, incondicional del intendente Julio Alak.
También se nombró a Federico Carozzi, un radical alineado con el dirigente platense Miguel Berri; a Virginia María García, identificada con el sector kirchnerista de la alianza de gobierno de paso por la AFIP durante el gobierno del Frente de Todos; a Mariana Rodríguez una dirigente cercana al actual diputado e intendente de Almirante Bronw Mariano Cascallares, aliado de Kicillof; a María Fernanda Campo, dirigente de Ituzaingó vinculada al intendente Pablo Descalzo; y a Gabriel De Pascale, exfuncionario del jefe de Gobierno porteño Jorge Macri en la Dirección General de Administración de Infracciones del Ministerio de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires.
Como una extensión de este acuerdo es que se presenta ahora este proyecto de ley que lleva las firmas del presidente y vicepresidente del bloque de Unión por la Patria, Facundo Tignanelli, y Rubén Eslaiman; pero que además es acompañado por Alejandro Rabinovich, titular del bloque PRO; Diego Garciarena, presidente de la bancada UCR-Cambio Federal; Martín Rozas, titular del bloque Unión y Libertad.
Hay un dato para seguir el tratamiento del proyecto de ley presentado en la Cámara baja con un claro respaldo político, es que ahora los diputados tendrán que “ser correspondidos” por los senadores para encontrar la sanción de la normativa, y, vale aclarar, que los senadores nunca participaron hasta aquí de estas conversaciones.