Se trata de un proyecto de ley que presentó el jefe del bloque de FP en el Senado bonaerense Sergio Berni para que la provincia participe en la privatización de NASA.
El proyecto de ley para garantizar la participación institucional de la provincia de Buenos Aires en el proceso de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), en cumplimiento de lo establecido por el artículo 11 de la Ley Nacional N.º 23.696 de Reforma del Estado, fue presentado por el presidente del bloque Fuerza Patria Sergio Berni y no fue acompañado por los bloques opositores.
La iniciativa aprobada propone la creación de una Comisión Mixta integrada por cinco senadores y cinco diputados, con representación proporcional de los distintos bloques políticos. Su objetivo será intervenir en el proceso de privatización, elaborar informes públicos y velar por la defensa de los intereses de la provincia y del país.
En ese sentido, Berni expresó que "la ley es muy clara: cuando una empresa sujeta a privatización tiene su principal asentamiento en una provincia, esa provincia debe participar del procedimiento. Lo que estamos haciendo es garantizar que ese derecho se ejerza y no quede librado a la voluntad del Gobierno nacional".
"Nucleoeléctrica Argentina no es una empresa más. Allí se desarrolla una actividad estratégica para el país, vinculada a la generación de energía, al desarrollo tecnológico y a la soberanía nacional. La provincia de Buenos Aires no puede ser una simple espectadora de un proceso que impacta directamente sobre su territorio", agregó el senador.
Asimismo, el proyecto señala que la omisión de esa participación por parte del Poder Ejecutivo Nacional configuraría el incumplimiento de un requisito esencial del procedimiento administrativo, lo que podría afectar la validez del proceso de privatización y dar lugar a las acciones administrativas y judiciales correspondientes.
La ley se fundamenta en que el principal asentamiento operativo de NASA se encuentra en la ciudad de Lima, partido de Zárate, donde funcionan las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y el proyecto CAREM-25.
Por ese motivo, la legislación nacional vigente establece que la provincia debe participar del procedimiento de privatización.
"Nucleoeléctrica Argentina es una empresa estratégica para el desarrollo energético, científico y tecnológico del país. Defender la participación de la Provincia significa hacer cumplir la ley, fortalecer el federalismo y proteger un patrimonio fundamental para el presente y el futuro de la Argentina", concluyó Berni.
Finalmente, el proyecto deja expresamente establecido que "privatizar la Nucleoeléctrica Argentina es resignar soberanía y comprometer el futuro de los argentinos".
Como se sabe, el gobierno nacional incluyó a Nucleoeléctrica Argentina S.A. dentro del proceso de reforma del Estado impulsado tras la aprobación de la Ley Bases, con el objetivo de habilitar la incorporación de capital privado en la empresa que opera las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse.
A diferencia de otras compañías estatales cuya privatización ya avanzó con licitaciones o concesiones, en el caso de NASA el proceso continúa en una etapa preparatoria, sin que hasta el momento se haya concretado la venta de acciones ni se haya lanzado un proceso licitatorio formal.
En paralelo, el Ejecutivo sostiene que la apertura al capital privado busca atraer inversiones para el desarrollo del sector nuclear y reducir la participación del Estado en la operación de las centrales.
Sin embargo, la iniciativa generó un fuerte rechazo de sindicatos, trabajadores y especialistas del sector, quienes advierten que la privatización podría afectar el desarrollo tecnológico nacional, la continuidad de proyectos estratégicos y la soberanía energética.
El debate se da además en un contexto de recortes presupuestarios y reducción de personal en organismos vinculados al área nuclear, como la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).