Dos semanas después de que Javier Milei anunciara en cadena nacional un giro más duro en la política hacia el Reino Unido por la cuestión Malvinas, el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento la denominada Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. La iniciativa reemplaza la legislación vigente, amplía las prohibiciones y crea un nuevo Consejo de Seguridad Nacional.
El Gobierno nacional formalizó este jueves el envío al Congreso de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa de 133 artículos que el presidente Javier Milei había anticipado durante su cadena nacional dedicada a la cuestión Malvinas y que apunta a endurecer significativamente las sanciones contra empresas y personas que desarrollen actividades económicas en las islas o en los espacios marítimos e insulares reclamados por la Argentina sin autorización nacional.
En el mensaje de elevación, el Poder Ejecutivo define el proyecto como “un hito en la recuperación de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y un avance legal sin precedentes en la historia de nuestro país”, y sostiene que busca “castigar a quienes explotan nuestros recursos naturales de forma ilegítima; generar los incentivos necesarios para que los involucrados cesen en dicha conducta; y dotar al Estado Nacional de las herramientas indispensables para protegerse frente a amenazas externas”.
La propuesta deroga la Ley 26.659 y amplía considerablemente su alcance. Mientras la norma vigente estaba centrada principalmente en actividades hidrocarburíferas, el nuevo régimen alcanza a cualquier aprovechamiento de recursos naturales, renovables o no renovables, realizado sin habilitación argentina.
Uno de los aspectos más fuertes del texto es el endurecimiento del esquema sancionatorio. Las multas administrativas para quienes violen la ley irán desde el equivalente a 4.000 hasta 500.000 barriles de petróleo, además de la suspensión o cancelación de habilitaciones y la inhabilitación para operar por un plazo de entre cinco y veinte años.
Asimismo, la inhabilitación tendrá efectos mucho más amplios que en la normativa actual. Los sancionados no podrán desarrollar actividades económicas en el país, perderán exenciones impositivas o previsionales, verán revocadas sus habilitaciones y deberán rescindir contratos que se ejecuten total o parcialmente en la Argentina. También quedarán impedidos de contratar con el Estado nacional, las provincias, los municipios y cualquier persona o empresa radicada en el país.
El proyecto también incrementa las sanciones penales. Quienes realicen tareas de prospección o exploración de hidrocarburos sin autorización en Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur o la plataforma continental argentina podrán recibir penas de entre 12 y 15 años de prisión. Para los casos de exploración o explotación de recursos naturales no renovables, las penas subirán a entre 12 y 20 años, mientras que la extracción, transporte o almacenamiento de hidrocarburos podrá castigarse con entre 15 y 20 años de cárcel.
Las multas penales también fueron reforzadas. En los casos más graves podrán alcanzar el equivalente a tres millones de barriles de petróleo. Además, se incorpora una nueva figura para castigar a quienes suministren bienes o servicios esenciales a empresas que desarrollen esas actividades ilegales, con penas de cinco a siete años de prisión.
Otra novedad es que el proyecto habilita la realización de juicios en ausencia para los delitos previstos en el régimen, una herramienta que el Gobierno considera necesaria para superar las dificultades que históricamente tuvo la aplicación efectiva de la legislación vigente frente a empresas y operadores extranjeros.
A la vez, la iniciativa contempla un Régimen de Desistimiento y Regularización destinado a quienes abandonen las actividades prohibidas. El Ejecutivo justifica este mecanismo señalando que el objetivo “no es únicamente sancionar”, sino también desalentar la explotación de recursos naturales bajo permisos otorgados por otro Estado.
Pero el proyecto va mucho más allá de la cuestión Malvinas. En sus restantes títulos crea un Sistema de Seguridad Nacional y un Consejo de Seguridad Nacional presidido por el Presidente de la Nación e integrado por el jefe de Gabinete, los ministros de Economía, Defensa y Relaciones Exteriores, el titular de la SIDE y la Secretaría Legal y Técnica. Ese organismo tendrá facultades para coordinar políticas diplomáticas, económicas, militares, jurídicas y de inteligencia vinculadas con la seguridad nacional.
Además, incorpora un régimen de protección de infraestructuras críticas, regula la actuación estatal en los ámbitos aeroespacial, marítimo, fluvial y lacustre, establece nuevas infracciones vinculadas a amenazas a la seguridad nacional y modifica la Ley de Defensa Nacional para ampliar la definición de riesgos y amenazas externas.
El mensaje presidencial enfatiza que la iniciativa busca dar cumplimiento al mandato constitucional sobre la recuperación de las islas y reivindica que “la cuestión de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur constituye una causa nacional y permanente”. En ese sentido, concluye que “las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son y serán argentinas” y define al proyecto como “un paso más, firme y concreto, en ese camino irrenunciable”.
El texto lleva las firmas de los ministros Pablo Quirno, Luis Caputo y Carlos Presti, del jefe de Gabinete Diego Santilli y del presidente Javier Milei.