En la fecha fijada por el emplazamiento, las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor de la Cámara de Diputados culminaron este martes con el debate de los numerosos proyectos referidos a endeudamiento familiar y morosidad, tema sobre el que hubo tres dictámenes distintos y el recinto tendrá la decisión final sobre qué texto se impondrá.

Al igual que sucedió en discapacidad, dado la composición favorable con la que cuenta en comisiones, La Libertad Avanza junto a sus aliados del Pro y la UCR lograron el despacho de mayoría (32 firmas, con dos disidencias del radicalismo), mientras que desde la oposición hubo dos propuestas: la de Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica (27 firmas); y, por su parte, el de Argentina Federal (2 firmas).

Técnicamente, el dictamen de mayoría significa que será el primero en someterse a votación dentro del recinto en una eventual sesión, que todavía no tiene fecha acordada entre los opositores. Se barajan las fechas del 7 y 14 de octubre. En caso que el oficialismo no consiguiera los votos y su propuesta sea rechazada, se continuará con los siguientes textos de minoría.

Aunque firmaron dos despachos diferentes, tanto el de UP+PU+CC como el de Argentina Federal se basan en brindar algún tipo de alivio a las 20 millones de personas endeudadas actualmente -en su mayoría con bancos y billeteras virtuales-, de las cuales casi 6 millones están en situación morosa, es decir, con más de tres meses de atraso en sus pagos.

Con la firme postura de que el Estado no debe intervenir en un asunto “entre privados”, tal como lo definió el Presidente Javier Milei, LLA no poseía ningún proyecto presentado en este tema, pero, forzado a dar la discusión por la presión opositora, elaboró un dictamen propio que se centra en la prevención a la hora de tomar deudas y la información financiera. Por el contrario, la oposición plantea declarar una emergencia, planes de refinanciación, tope de tasas y quita de intereses punitorios, entre sus principales puntos.

El dictamen de mayoría del oficialismo y sus aliados establece “un marco común de transparencia y protección para los usuarios de operaciones de crédito de consumo; fortalecer la información necesaria para comprender y comparar sus condiciones económicas; promover un consentimiento efectivo e informado; actualizar la educación financiera frente a la expansión de los servicios digitales; prevenir y gestionar el fraude digital; y facilitar la movilidad de los usuarios hacia alternativas de financiamiento que resulten más convenientes”.

Tanto las entidades financieras como los proveedores no financieros de crédito deberán “brindar a los usuarios, durante la oferta, publicidad, etapa precontractual, contratación y vigencia de las operaciones de crédito de consumo, información cierta, clara, suficiente, accesible, oportuna y fácilmente comprensible sobre las condiciones económicas y jurídicas relevantes de la operación”.

Además, sobre la carga tributaria del crédito, indica que “la información precontractual deberá permitir al usuario identificar de manera clara y diferenciada los tributos que incidan sobre el costo de la financiación”.

Otros artículos abarcan temas como perfil de riesgo crediticio accesible y transparente; educación financiera en entornos digitales; consentimiento digital informado y mecanismos reforzados de validación; derecho de revocación y botón de arrepentimiento; y portabilidad del crédito, entre otros.

Por su parte, el dictamen de Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica declara la emergencia por sobreendeudamiento de las personas humanas por un plazo de 180 días. Se crea un “Régimen Especial de Regularización y Alivio Financiero”, de acogimiento voluntario para la persona deudora y de cumplimiento obligatorio para los acreedores alcanzados, destinado a la reestructuración de deudas originadas en operaciones de crédito al consumo.

Entre los principales beneficios se destaca la eliminación del 100% de los intereses punitorios; un plazo mínimo de 12 meses para pagar cuotas de obligaciones regularizadas que no podrán superar el 30% de los ingresos de la persona deudora. “Los plazos deberán ampliarse cuando resulte necesario para adecuar el monto de las cuotas a dicho límite, a los ingresos y a la capacidad real de pago de la persona deudora”, agrega el texto.

A su vez, la tasa de interés aplicable al saldo regularizado no podrá superar la tasa nominal anual promedio ponderada por monto de los depósitos a plazo fijo mayoristas en pesos, de 35 días, TAMAR en pesos de bancos privados, correspondiente al promedio del mes calendario anterior, incrementada en 25 puntos porcentuales.

También contempla la suspensión de embargos, cobranzas extrajudiciales, punitorios, capitalización de intereses y nuevos reportes negativos sobre las obligaciones comprendidas.

Las personas que podrán acogerse serán aquellas que registren una mora igual o superior a 60 días y que destinen el 30% de sus ingresos familiares a las deudas. En ambos casos, el monto total de sus obligaciones no podrá exceder el equivalente en pesos a dos Canastas Básicas Totales correspondientes al Hogar 2 (INDEC).

Además, prevé límites a intereses, cargos y condiciones de financiación sobre tarjetas de crédito y préstamos personales; prohibición de cobranzas abusivas; derecho de portabilidad financiera y -al igual que los otros dos despachos- un capítulo sobre educación financiera.

En tanto, el dictamen de Argentina Federal prevé la declaración de la “Emergencia Social y Económica en materia de endeudamiento de los consumidores financieros en todo el territorio de la Nación Argentina, por el término de un año a partir de la publicación de la presente ley, pudiendo prorrogarse por un año más”.

Mientras dure, los acreedores no podrán “aplicar una Tasa Nominal Anual (TNA) superior al equivalente a 1,5 veces la Tasa Nominal Anual correspondiente a los depósitos a plazo fijo a 30 días de personas humanas publicada por el Banco Central”.

Promueve la creación del “Programa Nacional de Desendeudamiento Familiar y Personal” destinado a facilitar la refinanciación, reestructuración y cancelación de deudas de consumo de personas humanas que se encuentren en situación de sobreendeudamiento o vulnerabilidad financiera. Para acceder al programa, los ingresos mensuales del beneficiario no podrán superar los 10 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

Al comienzo del plenario hubo un minuto de silencio por el fallecimiento del senador libertario Juan Carlos Pagotto

El debate

El plenario de comisiones se extendió por casi cuatro horas y contó, en el arranque, con breves exposiciones de Nicolás Ferro, superintendente de Entidades Financieras del Banco Central, y Alejandro Guillermo Henke, vicepresidente del Banco Nación, invitados por el oficialismo.

Tras ello, al presentar uno de los dictámenes de minoría, el diputado de Provincias Unidas Pablo Juliano señaló que en torno al tema hubo dos posturas: la del oficialismo, de “negar la profundidad de este problema y la de los que intentamos desde el primer minuto entender que esta circunstancia aqueja a millones de argentinos”.

El radical indicó que en la propuesta de su espacio junto a UP y la CC, se crea “un régimen muy fácil, donde la solicitud la va a realizar cada deudor con su acreedor” y “en 10 días el acreedor va a tener que resolver si accede o no”; ante la falta de respuesta, intervendrá el BCRA.

En cuanto al régimen que se plantea crear, podrán ingresar al mismo las personas con deudas contraídas hasta el 31 de agosto de este año, y será para quienes presenten 60 días o más de mora. “Estamos delimitando, no es que estamos generalizando”, resaltó el legislador y agregó: “Está orientado realmente a los que tienen la soga al cuello”.

Juliano reconoció que el consenso “no fue fácil” y “dejamos un montón de iniciativas de lado”. Sobre el dictamen del oficialismo, lo consideró “una buena intención para ser sostenida en el tiempo” pero “pasa por delante una realidad”; mientras que sobre la propuesta opositora admitió que “puede llevar un poco de alivio, aunque no resuelva el problema de fondo”.

Desde LLA, Silvana Giudici recordó que se tuvieron a la vista 51 iniciativas, pero finalmente fueron 78 las que se presentaron. Sobre el dictamen oficialista, defendió que trata de “mirar al futuro y ser capaces de no aplicar parches, que terminen no solo enajenado el futuro sino provocando la caída, el quiebre, de nuestro sistema financiero”. Detalló que “en el año 2023, el crédito estaba en sus niveles históricos más bajos: 6,1 % del producto bruto interno. En solo dos años, este gobierno lo llevó a más de 12% del PBI y la posibilidad de que los argentinos accedan al crédito se duplicó. Pero además, los niveles de morosidad se han estancado, es el tercer mes consecutivo que no crece y el ratio de mora está ya en niveles inferiores a 3; 12,9% es el porcentaje de mora al sector de consumo”, detalló.

En cuanto al proyecto, la oficialista dijo que apunta a dar “transparencia, control y previsibilidad a las herramientas financieras”. “El deber de transparencia de información al crédito está garantizado por un conjunto de normas que tienen que ver con la Ley de Defensa del Consumidor, pero también de aquellas circulares del Banco Central que ya están vigentes”, sumó.

“Estas formulaciones del pasado (topes a las tasas, plazos obligatorios, condonaciones de los punitorios) nos recuerdan y nos retrotraen exactamente al punto en el que estuvimos con la ley de alquileres. No aprendieron lo suficiente: poniendo topes ficticios porque lo diga una ley momentánea, lo que hacen es quebrar un mercado, quebrarle las posibilidades de oportunidad a la gente para poder pensar en un país distinto, en la esperanza del futuro y en la construcción del bien común”, planeó también.

Por Argentina Federal, el salteño Bernardo Biella aseguró que se busca que permitir a las familias que puedan refinanciar sus deudas, “no para que se compren autos, ni televisores, sino para que simplemente puedan seguir viviendo en el día a día, con una tasa asequible”. Y resaltó que, en los datos, su provincia “supera por mucho la media nacional de endeudamiento” con “un 60% en Salta capital”.

A continuación, el jefe de esa bancada, el misionero Oscar Herrera Ahuad, enfatizó que la gente “se endeudó para comer, para los remedios, se endeudó por la panza y le estamos devolviendo que se formen en licenciados en finanzas”. En su provincia, indicó, “hay 165 mil deudores morosos, de los cuales 110 mil son irrecuperables” y otros “36.400 en alto riesgo”.

Durante la extensa lista de oradores, la diputada de Unión por la Patria Kelly Olmos sostuvo que “sorprende la capacidad de negación” de LLA y aseveró que el modelo que “trabaja para los ricos y solo distribuye y redistribuye hacia los que más tienen se agotó”.

“Este no es un problema privado entre partes”, expresó y se quejó de que “nos quieren convencer que se está resolviendo (la mora)”. “No creemos que se resuelva sobre la base de las buenas intenciones de instituciones”, consideró y sobre el dictamen propuesto agregó: “Reconocemos que no es la solución, porque sinceramente la solución es cambiar el modelo”.