Se pretende, en los procesos penales elevados a juicio oral, concentrar en la audiencia preliminar la evaluación de posibles acuerdos y ordenar las condiciones en las que se desarrollará.
Los diputados bonaerenses Lucía Iañez, de Unión por la Patria, y Valentín Miranda, de la Unión Cívica Radical, impulsaron una iniciativa que propone establecer como obligatoria una audiencia preliminar en los procesos penales elevados a juicio oral, con el objetivo de concentrar en esa instancia la evaluación de posibles acuerdos y ordenar, en caso de que el debate resulte necesario, las condiciones en las que se desarrollará.
La propuesta, aprobada por los diputados y que ahora deberá ser revisada por los senadores, modifica el Código Procesal Penal bonaerense y apunta a que la audiencia se realice antes de que el tribunal fije la fecha del juicio oral.
El proyecto establece una ventana de hasta 60 días posteriores a la audiencia para que las partes puedan analizar y eventualmente formalizar salidas alternativas al debate. Recién una vez transcurrida esa instancia se avanzaría con la programación del juicio, cuando corresponda.
En la actualidad, el Código Procesal Penal permite que la fiscalía y la defensa presenten acuerdos alternativos al juicio, como el juicio abreviado o la suspensión del juicio a prueba, hasta 30 días antes de la fecha fijada para el debate oral.
Los autores del proyecto plantean que este mecanismo genera dificultades para la organización de las agendas judiciales, debido a que en numerosos casos la fecha de debate es fijada, aunque, posteriormente las partes acuerden una salida alternativa.
La audiencia propuesta funcionaría como una instancia de definición previa: allí las partes podrían evaluar la posibilidad de resolver el proceso mediante mecanismos alternativos y, si no existiera acuerdo, avanzar en la preparación del eventual juicio oral.
El alcance de la audiencia no se limitaría a las negociaciones entre fiscalía y defensa. La iniciativa también contempla la participación de la víctima y permite que, cuando el juicio deba realizarse, se utilice la instancia para ordenar aspectos vinculados con el desarrollo del debate.
En el régimen procesal bonaerense, las audiencias preliminares ya contemplan el tratamiento de cuestiones como la prueba que será utilizada, planteos de nulidad, excepciones, unión o separación de juicios y acuerdos probatorios.
La propuesta de Iañez y Miranda busca extender la obligatoriedad de esta instancia a las causas elevadas a juicio oral.
Actualmente, la audiencia preliminar tiene carácter obligatorio en los procesos que tramitan mediante juicio por jurados, mientras que en otros casos su realización depende de la solicitud de las partes.
Según los fundamentos de la iniciativa, el objetivo es evitar que los tribunales asignen fechas de debate que luego quedan liberadas por la celebración de acuerdos alternativos.
Los legisladores sostienen que esta dinámica genera una agenda de juicios que no refleja necesariamente la cantidad de debates que finalmente se realizan.
De sancionarse el proyecto de ley, la programación del juicio oral quedaría entonces vinculada a una instancia previa en la que ya se habría definido si existen posibilidades de una salida alternativa. Cuando no hubiera acuerdo, la audiencia permitiría además avanzar en la organización del debate, con la participación de las partes y la intervención de la víctima.
La Suprema Corte bonaerense ya cuenta con un programa específico para fortalecer y optimizar las funciones de la audiencia preliminar prevista en el artículo 338 del Código Procesal Penal, implementado en los departamentos judiciales de la provincia.