Buscan aplicar penas de arresto y multas económicas severas a quienes ejerzan actos de violencia, hostigamiento o maltrato contra trabajadores públicos.
Los senadores bonaerenses de Unión y Libertad Carlos Kikuchi y Sergio Vargas impulsaron el proyecto de ley que busca aplicar penas de arresto de hasta 30 días y multas económicas severas a quienes ejerzan actos de violencia, hostigamiento o maltrato contra trabajadores de la educación, la salud y los servicios públicos esenciales en el ejercicio de sus funciones.
La iniciativa, sancionada en la última sesión de la Cámara de Diputados, propone modificar el Código de Faltas provincial para unificar la protección legal ante el aumento de agresiones en instituciones públicas.
El articulado establece castigos para cualquier persona que cometa agresiones físicas, verbales, perturbaciones emocionales, insultos o bloqueos de instalaciones dentro o en las inmediaciones de escuelas, hospitales y oficinas de atención al público.
Las sanciones económicas previstas oscilan entre las 50 y las 500 Unidades Fijas (UF), un mecanismo de actualización atado al precio del litro de nafta de mayor octanaje del Automóvil Club Argentino de La Plata para evitar la licuación por inflación.
El texto, aprobado por unanimidad de los presentes, aclara que las penalidades se duplicarán si los ataques se ejecutan frente a estudiantes, pacientes o menores de edad.
"La realidad actual nos exige ampliar este 'escudo legal' para abrazar también a los médicos, enfermeros, choferes de ambulancia y agentes de servicios esenciales", señalaron los legisladores en los fundamentos, tomando como antecedente directo la protección que ya poseía el sector docente bajo la Ley 14.898.
Ahora, el Poder Ejecutivo deberá activar protocolos de auxilio inmediato con la fuerza pública y tramitar restricciones perimetrales de urgencia a través del Ministerio Público.
La reforma integral contempla además que el Estado brinde patrocinio jurídico gratuito para que los damnificados puedan constituirse como querellantes, junto con asistencia psicológica obligatoria.
En paralelo, se creará el Registro Provincial de Hechos de Violencia Institucional para identificar estadísticamente las zonas críticas y optimizar la asignación de recursos de seguridad en el territorio provincial.