La Comisión de Salud que preside el senador de FP Pedro Borgini logró el despacho de mayoría para ambos proyectos ley reclamados por el gobernador Axel Kicillof.
No se trató de una maniobra sencilla, hubo que activar varias modificaciones y de todas forma la comisión de partió al medio, aunque logró el voto de díscolo Mario Ishii que se había negado a formar parte de la mayoría cuando se intentó poner en consideración previamente.
Esta vez, Borgini logró el acompañamiento de todos los senadore del oficialismo y, con la ausencia de Diego Valenzuela, apuró un despacho de mayoría de que se impuso por un 5 a 4.
El presidente de la Comisión Pedro Borgini fue acompañado por los senadores de FP, Roxana López, Sergio Berni, Mónica Macha y el nombrado Mario Ishii; por los despachos de minoría se pronunciaron los senadores de LLA Betina Riva y Diego Valenzuela, por un lado y por otro lado la senadora de Hechos Emilia Subiza, en tanto que Alex Campbell, no detalló si el PRO tendrá despacho de minoría.
De esta forma, los proyectos del Ejecutivo bonaerense para crear el Sistema Integrado de Salud de la provincia de Buenos Aires (SIPBA) y el Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense (SAPEM) avanzaron en el Senado con despacho favorable de la Comisión “base”, luego de incorporar una serie de modificaciones acordadas con autoridades del Ministerio de Salud.
En el caso del SIPBA, los cambios apuntan a precisar las competencias del Estado provincial, establecer mayores garantías para los distintos actores del sistema y clarificar las condiciones de participación en la Red Bonaerense de Atención y Cuidados en Salud, sin modificar los objetivos generales de la iniciativa.
Entre las principales modificaciones se encuentra la eliminación de facultades que el proyecto original otorgaba al Poder Ejecutivo para definir la ubicación de establecimientos sanitarios y determinar la necesidad sanitaria para incorporar nuevos establecimientos o tecnologías.
También se elimina la exigencia de una aprobación previa de necesidad sanitaria para construir establecimientos o incorporar servicios y tecnologías, aunque se mantienen las habilitaciones correspondientes.
A su vez, se restringe la posibilidad de exigir prestaciones extraordinarias al sector privado, que quedará limitada a situaciones excepcionales de emergencia sanitaria formalmente declarada. Las medidas deberán ser temporales y no podrán implicar una afectación permanente de bienes o personal sanitario.
También se modifican las atribuciones de los organismos de coordinación del sistema. El ministro de Salud podrá convocar a otros actores a participar del Consejo Provincial de Salud (COSAPRO) cuando lo considere necesario, mientras que se eliminan algunas facultades vinculadas con la articulación con instituciones públicas y privadas y con la definición de objetivos de la Red Bonaerense.
En el Consejo Regional de Salud (CORESA), en tanto, se mantiene una integración institucional pública y se elimina la posibilidad de convocar representantes del sector privado, obras sociales y otros actores.
Otro de los cambios alcanza a la gobernanza de datos y la transformación digital, cuyos aspectos regulatorios quedan diferenciados entre la rectoría del Ministerio de Salud y las funciones específicas de la autoridad de aplicación.
Además, se establece que la inhabilitación de establecimientos por incumplimientos vinculados con la gobernanza de datos sólo podrá aplicarse ante infracciones graves.
La reforma también incorpora precisiones sobre la Red Bonaerense de Atención y Cuidados en Salud.
El ministro de Salud Nicolás Kreplak en una de sus visitas a la legislatura para explicar los proyecto de ley remitidos.
La incorporación de los municipios será voluntaria y los establecimientos privados podrán adherir voluntariamente, sin que la falta de adhesión afecte su habilitación, funcionamiento o acceso a programas generales ajenos a la Red.
Asimismo, la prioridad en la asignación de fondos o bienes a las instituciones que integren la Red quedará limitada a programas provinciales.
En paralelo, avanzó el proyecto para crear el Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense, una iniciativa que ya había sido presentada por el Ejecutivo durante el período legislativo anterior y aprobada por la Cámara de Diputados, pero que no completó su tratamiento en el Senado y perdió estado parlamentario al finalizar el período 2024/2025.
El nuevo proyecto propone crear una Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (SAPEM) destinada a la producción de medicamentos, vacunas, insumos médicos e ingredientes farmacéuticos activos para el sistema sanitario provincial.
Las modificaciones introducidas en esta nueva versión se concentran en el endeudamiento, la participación accionaria del Estado y los mecanismos de seguimiento y control legislativo sobre la sociedad.
En materia financiera, se mantiene la posibilidad de que la sociedad tome préstamos y emita títulos de deuda, pero las operaciones deberán estar vinculadas con su objeto social, contempladas en el presupuesto aprobado y sujetas a los límites establecidos por su Estatuto y por la Ley 13.767 de Administración Financiera y Sistema de Control de la Administración General del Estado Provincial.
Además, el Estatuto deberá incorporar una política de financiamiento y endeudamiento con límites prudenciales destinados a preservar la solvencia y sustentabilidad financiera.
Uno de los cambios centrales establece que el Estado provincial será titular del 99% del capital social, mediante acciones clase A, mientras que el 1% restante corresponderá a acciones clase B, que podrán ser suscriptas por uno o más accionistas públicos o privados.
Además, se incorpora una restricción para la transferencia de las acciones estatales: el Estado provincial no podrá desprenderse de ellas sin autorización de la Legislatura, que deberá aprobar la operación con el voto de las dos terceras partes de sus miembros.
Finalmente, el proyecto incorpora una Comisión Bicameral de Seguimiento y Control, con facultades para solicitar informes y formular recomendaciones sobre el funcionamiento de la sociedad.
La Comisión de Salud "presencial", solo tres senadores de los nueve integrantes, que terminó despachando favorablemente los proyectos. Seis participaron de forma remota.
El organismo legislativo deberá intervenir previamente en determinadas operaciones de endeudamiento extraordinario, entre ellas aquellas que superen límites presupuestarios o estatutarios, impliquen una exposición cambiaria significativa, comprometan activos esenciales, requieran respaldo financiero provincial o involucren determinadas emisiones públicas de deuda.
La Comisión estará integrada por cinco diputados y cinco senadores, designados por las autoridades de ambas cámaras a propuesta de los bloques y respetando la proporcionalidad de las representaciones políticas.