El exministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo lanzó duras críticas contra la política del Gobierno nacional en materia de discapacidad y aseguró que existe una situación de “colapso” que afecta a miles de familias en todo el país. Lo hizo durante una charla debate sobre inclusión y políticas públicas realizada en la sede del Sindicato de Trabajadores Municipales de Vicente López (STMVL), ante un auditorio colmado de afiliados, referentes sociales y familiares de personas con discapacidad.

Arroyo, que además fue uno de los impulsores de los proyectos que sirvieron de base para la declaración de la Emergencia en Discapacidad aprobada por el Congreso, sostuvo que la problemática atraviesa uno de los momentos más críticos de los últimos años.

“Nunca vi tanto dolor en las madres”, afirmó al describir la realidad de las familias que enfrentan dificultades para acceder a prestaciones, tratamientos, medicamentos y servicios de transporte. Según señaló, el deterioro del sistema ha generado incertidumbre y complicaciones cotidianas para quienes dependen de la asistencia estatal.

Antes de ingresar de lleno en la cuestión de la discapacidad, el exfuncionario trazó un panorama general del país. Mencionó el creciente endeudamiento de los hogares para cubrir gastos básicos de alimentación, cuestionó los elevados intereses que aplican algunas plataformas financieras y advirtió sobre una sociedad cada vez más golpeada por la crisis económica y la pérdida de confianza en las instituciones.

También expresó preocupación por el empleo formal, tanto en el sector público como en el privado, y consideró que la clase media es uno de los segmentos más afectados por las actuales políticas económicas debido a la caída de ingresos y las dificultades para proyectar un futuro con estabilidad.

En ese contexto, Arroyo fue particularmente crítico con la administración de Javier Milei en relación con la discapacidad. “El Estado decidió lastimar a las personas con discapacidad”, afirmó, al tiempo que cuestionó la concepción oficial sobre el rol estatal en esta materia.

Para el dirigente, existe un consenso internacional respecto de que la atención a las personas con discapacidad constituye una responsabilidad indelegable del Estado. En ese sentido, señaló que incluso gobiernos identificados con posturas de derecha o centroderecha sostienen sistemas de protección y asistencia para este sector.

Arroyo también repasó el tratamiento parlamentario de la Ley de Emergencia en Discapacidad y recordó que la iniciativa logró avanzar pese a las resistencias del Poder Ejecutivo. No obstante, advirtió que su implementación ha sido parcial y sostuvo que persisten numerosos problemas estructurales.

Entre ellos mencionó las dificultades para acceder a prestaciones, las demoras administrativas y los cambios introducidos en el sistema de financiamiento. Según explicó, la eliminación de la obligatoriedad del nomenclador universal permitió que distintos prestadores definan valores y modalidades de cobertura con mayor discrecionalidad, generando desigualdades e incertidumbre.

A su juicio, el resultado es un esquema que hoy se encuentra “trabado”, donde muchas personas no saben cómo acceder a la atención que necesitan ni qué cobertura tendrán para tratamientos esenciales.

Además, mostró preocupación por aspectos incluidos en el proyecto de Presupuesto 2027, particularmente por el regreso al concepto de “pensión por invalidez laboral”, una formulación que, según señaló, podría restringir derechos y condicionar el acceso a beneficios para quienes logren insertarse en el mercado de trabajo.

Durante la exposición, el exministro planteó cuatro ejes que considera fundamentales para recomponer el sistema. El primero es reafirmar el carácter indelegable de la atención estatal a las personas con discapacidad. El segundo apunta a promover mayores niveles de autonomía, evitando que la posibilidad de trabajar o contar con una vivienda propia se convierta en un obstáculo para acceder a una pensión.

El tercer desafío consiste en desarrollar un sistema integral de cuidados, respaldado por normas claras y centrado en las necesidades de cada persona. El cuarto, según explicó, es restablecer un nomenclador universal que garantice criterios homogéneos y protección frente a situaciones de vulnerabilidad.

La actividad fue abierta por el secretario general del STMVL, Victorio Pirillo, quien calificó el escenario social y económico como crítico y sostuvo que el país enfrenta desafíos complejos hacia los próximos años.

El encuentro concluyó con la participación de padres y madres de personas con discapacidad, quienes compartieron experiencias vinculadas a la falta de medicamentos, los obstáculos burocráticos y las dificultades para acceder a especialistas. Sus testimonios, coincidentes con el diagnóstico presentado por Arroyo, reflejaron la preocupación que atraviesa al sector.

Como cierre, el exministro dejó una reflexión que sintetizó el eje de toda su exposición: “Solo puede gestionar el sistema quien siente el dolor del otro”. Una definición que utilizó para remarcar que detrás de las discusiones presupuestarias y administrativas existen personas y familias que dependen de respuestas concretas para sostener su calidad de vida.