El diputado nacional cuestionó la decisión de archivar la denuncia que había presentado por hostigamiento digital, calumnias e incitación al odio contra Daniel Parisini, Pablo Pazos y Mariano Pérez. Aseguró que existieron presiones del Poder Ejecutivo sobre la Justicia y adelantó que apelará la medida para que la investigación continúe.
El diputado nacional Esteban Paulón denunció presuntas presiones del Poder Ejecutivo sobre la Justicia luego de que fuera archivada la causa que había impulsado contra Daniel Parisini, conocido como “El Gordo Dan”, y los comunicadores libertarios Pablo Pazos y Mariano Pérez, a quienes acusó de integrar una campaña coordinada de hostigamiento digital, calumnias e incitación al odio en su contra.
La denuncia penal había sido presentada a mediados de 2025 tras una serie de publicaciones y emisiones en redes sociales y canales de streaming que, según sostuvo el legislador, buscaron vincularlo falsamente con la pedofilia a partir de su orientación sexual. La investigación había registrado avances significativos luego de que la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) constatara la existencia de un ataque coordinado y de que la fiscal Celsa Ramírez dispusiera la citación a declaración indagatoria de los tres imputados.
Sin embargo, luego de que los acusados rechazaran comparecer de manera presencial, la tramitación del expediente tomó un rumbo inesperado. Según denunció Paulón, la causa fue apartada de la fiscal Ramírez por decisión de la Fiscalía General, que resolvió archivar las actuaciones respecto de los tres comunicadores.
“Estoy convencido de que la orden vino directamente desde lo más alto del poder para salvar a sus protegidos”, afirmó el diputado, quien consideró que la resolución constituye una muestra de interferencia política en el funcionamiento judicial.
El legislador también señaló como un hecho llamativo que el sitio La Derecha Diario difundiera públicamente la resolución antes de que las partes fueran notificadas formalmente. A su entender, esa situación contribuyó a generar una nueva oleada de ataques y desinformación en redes sociales.
En sus declaraciones, Paulón además apuntó contra el diputado libertario Agustín Romo, a quien acusó de “mentir descaradamente e inventar audiencias inexistentes protegidos cobardemente tras sus fueros parlamentarios”.
Para el dirigente socialista, lo ocurrido excede el plano personal y se inscribe en una ofensiva más amplia contra los colectivos de la diversidad sexual y los derechos conquistados en las últimas décadas. “No me atacan a mí en términos personales, atacan por lo que represento: a un colectivo al que históricamente quisieron silenciar, estigmatizar y meter en el closet. Por eso no me van a domesticar. Cuando la Justicia se dobla ante el poder, nos vulnera a todos”, sostuvo.
Desde su entorno legal confirmaron que apelarán la decisión ante la Cámara de Apelaciones con el objetivo de revertir el archivo del expediente y reactivar la investigación judicial.
Repudio transversal en el Congreso
El caso tuvo una fuerte repercusión política desde que se conoció públicamente. En julio de 2025, cuando Paulón formalizó la denuncia, más de 40 diputados de distintos bloques parlamentarios respaldaron iniciativas y declaraciones de rechazo a los ataques sufridos por el legislador.
Según se destacó entonces, los pronunciamientos apuntaron a condenar la violencia simbólica, la estigmatización y la difusión de información falsa a través de plataformas digitales, en un contexto de creciente preocupación por los discursos de odio y las campañas de hostigamiento en redes sociales.
Con la decisión de archivar la causa, el conflicto suma ahora un nuevo capítulo judicial y político, mientras el legislador insiste en que llevará el expediente “hasta las últimas consecuencias”.